En Argentina, exportador de trigo y carne a todo el mundo, parte de la población pasa hambre^[1]. En Argentina, exportador de petróleo, hay escasez de combustible, hasta el punto de que ha aparecido un mercado negro en las provincias del interior. Son las paradojas de una nación gobernada por una de las peores clases políticas de Occidente por su incompetencia y su corrupción.

 

La despedida del invierno austral ha traído a los argentinos una crisis energética: en el país falta gasoil. Las causas de esta escasez son varias. La primera es la recuperación de la actividad económica en los últimos meses, desde la venta de automóviles al cultivo de trigo y soja, que son los productos de mayor exportación del país. La demanda ha crecido más deprisa que la oferta, por lo que el mercado se encuentra en un cuello de botella. Esta situación sería pasajera, y probablemente ya se habría solucionado, si no mediase otro factor, característico de la vida argentina, que es el intervensionismo gubernamental. El presidente Néstor Kirchner tiene entre sus objetivos la disminución de la inflación por cualquier medio, y cuando los precios de un producto suben, prohíbe su venta, como le sucedió a la carne. El peronista también veta la subida de las tarifas de productos como el gas natural, la electricidad y los combustibles, que en algunos casos llevan cuatro años congeladas, con lo que las empresas pierden dinero y no realizan inversiones de ningún tipo. En el caso de los hidrocarburos también hay que tener en cuenta el agotamiento de los pozos conocidos^[2].

 

 

La política económica de Kirchner, que mezcla los precios regulados y el populismo, no puede mantenerse durante mucho más tiempo. Un ejemplo de sus errores es el acuerdo firmado hace unos meses con Evo Morales para aumentar el precio de compra de gas natural a Bolivia. Merece la pena extractar la noticia publicada por el diario La Nación sobre las consecuencias de semejante acuerdo para la economía y las inversiones argentinas:

 

 

 

 

 

 

 

Ante semejante panorama que desanima la actividad empresarial, las petroleras con yacimientos y refinerías en el país, como Repsol-YPF, Petrobras, Esso y Shell, prefieren exportar el petróleo, en bruto o refinado, porque al menos no venden a pérdidas, y, si se da el caso, importar combustibles. A fin de cuentas, las importaciones están exentas de tributar. ¿Para qué instalar o ampliar nuevas refinerías si no van a poder amortizarlas o exportar los combustibles refinados? Desde hace tres años, existe un acuerdo no escrito entre el Gobierno y las petroleras para que no aumenten los precios de venta de los combustibles. A cambio, se les permite las exportaciones de naftas [gasolina], gasoil, diesel y lubricantes con una retención de 5%. Las ventas de crudo al exterior están gravadas con una retención del 45%. De ese modo, las refinadoras se abastecen localmente con un petróleo que ronda los 32 dólares el barril y exportan combustibles a unos 70 dólares el barril. Si a las empresas se les pusieran trabas para exportar este último combustible, el negocio podría entrar en riesgo.

 

Un ejemplo de cómo se comporta el Gobierno de Kirchner ante el libre mercado es la sanción contra la petrolera Shell. Ésta anunció la venta de un combustible para motores diesel llamado Shell V-Power Diesel, un producto de alta calidad, por ahora único disponible en el mercado y que la Secretaría de Energía de la Nación quiere que sea obligatorio en 2008; es decir, la empresa petrolera se adelantó a los objetivos gubernamentales. El producto se vendía a un precio un 10% superior al resto, pero se mantenía la comercialización de las otras gasolinas. “La decisión de la firma angloholandesa fue, según la lógica oficial, una provocación, una especie de suba encubierta”. Entonces, la Secretaría de Energía redactó la Resolución N° 1334/06 que dispone que todo nuevo combustible que sea ofrecido para su venta al mercado local a partir del 1 de septiembre de 2006 deberá ser previamente aprobado por la Subsecretaría de Combustibles “a través de un procedimiento todavía no reglamentado”^[3]. Hasta entonces, la distribución y venta queda suspendida. Estamos ante una aplicación retroactiva del derecho. La Shell ya había sufrido un boicot promovido por el propio Kirchner en marzo de 2005, cuando encareció los precios de sus combustibles.

 

En cambio, Repsol-YPF, siempre solícita con el actual presidente, afirma que sus tres refinerías en el país, en Buenos Aires, Mendoza y Neuquen, trabajan al máximo y que los desabastecimientos parciales se han debido únicamente a un accidente en una central de distribución^[4].

 

La escasez dura ya varios meses, pero en septiembre, con la recogida de las cosechas –el sector agrícola consume el 80% del combustible- y la cercanía del verano, se ha acrecentado hasta el punto de que cientos de surtidores^[5] del Gran Buenos Aires están desabastecidos; en el interior, en especial en las regiones agrícolas, ha aparecido un mercado negro^[6] en el que los transportistas y los agricultores pagan por el combustible precios superiores a los oficiales; y en Córdoba, Santa Fe y San Luis se ha reducido el servicio público de transporte^[7]. Las peores consecuencias pueden ser la falta de alimentos, la pérdida de parte de la cosecha de trigo y soja –la mayor fuente de ingresos de las exportaciones nacionales- y la caída del empleo.

 

Además, en el país pueden producirse cortes de suministro eléctrico en los próximos meses, coincidiendo con el verano austral y el mayor consumo de refrigeración, debido a los fallos en dos centrales energéticas. El 21 de septiembre se produjo un escape en la planta nuclear Atucha I, en la costa del Paraná, con lo que estará fuera de servicio entre uno y tres meses. Pocos días antes, en la Central Puerto, situada en Buenos Aires, un fallo en el transformador de una de sus turbinas ha menguado su capacidad de generación por otros 90 días. Entre ambas bajas, el sistema energético argentino dejará de generar poco más de 800 mw, cerca del 7% de la capacidad total nacional^[8]. La falta de fluido eléctrico podría afectar a otra empresa española, Endesa, que también sufre la congelación de tarifas: tiene una potencia de generación de 4.469 mw y distribuye electricidad a 2,1 millones de clientes en la capital^[9].

 

Y todo a un año de las elecciones presidenciales, para las que el clan Kirchner (el presidente, su mujer, la senadora Cristina, y la hermana de aquél, Alicia, nombrada ministra) trabaja sin descanso.

 

 

El Gobierno, por tanto, estaba avisado por diversos sectores de grandes consumidores de petróleo y por las comunicaciones de exportaciones de hidrocarburos hechas por las petroleras, y siguió actuando con criterios populistas. El ministro de Planificación y Energía, Julio de Vido, aseguró en junio que no faltaría combustible y explicó así el problema: “Ellos [los distribuidores] plantean que los valores de los combustibles son bajos por lo que el margen de rentabilidad de ellos es bajo también. Hay que preguntarle al resto del pueblo argentino cómo han evolucionado sus ingresos del 2001 y ver si es muy diferente a los valores del combustible. (...) a lo mejor tienen un desfasaje, pero los combustibles valen lo que cuestan y vamos a seguir con el mismo criterio que venimos utilizando: el del costo argentino”^[10]. Un proyecto de ley con desgravaciones fiscales para que las petroleras inviertan en la búsqueda de nuevos yacimientos ha tardado quince meses en debatirse en el Parlamento^[11].

 

¿Cuál ha sido la respuesta del Gobierno de Kirchner al desabastecimiento? En vez de replantearse su política, ha aplicado más intervensionismo. Las empresas deberán obtener un permiso de exportación de la Secretaría de Energía para concretar envíos al exterior. Los productos que quedarán incluidos son todos los derivados del petróleo (fuel oil, gas oil, naftas, lubricantes, entre otros). Ya existía un régimen por el cual las compañías debían solicitar permiso, pero sólo afectaba al gasoil y al petróleo; ahora lo hace a todos los combustibles y derivados. “Las empresas deberán informar en forma mensual sobre sus operaciones a la Secretaría y en caso de ser un producto nuevo primero tendrán que ofrecerlo en el mercado interno. Si es un producto ya existente deberán demostrar que el mercado interno está abastecido”^[12].

 

Estos nuevos controles confirman la veracidad del apodo que le adjudicó el diario Wall Street Journal a Kirchner durante su última visita oficial a Estados Unidos y la ONU, en la que dio el campanazo de apertura de una sesión de la Bolsa: señor antimercado. En un editorial, publicado el 20 de septiembre, el periódico afirmaba que desde su llegada al Gobierno en 2003, Kirchner “ha insistido en su desconocimiento de la ley” y recordaba que su política económica se ha basado en la crítica a los inversores y el desprecio por las ganancias obtenidas por los empresarios en el pasado. Por último, advertía de la aplicación de “controles de precios para contener una inflación que ronda los dos dígitos”^[13]. A la vez que los inversores y empresarios estadounidenses leían ese editorial, los gobernantes argentinos trataban de atraer capital y tecnología con promesas de la inexistencia de controles. Según la prensa argentina, el ministro Julio de Vido declaró a los pocos empresarios que se reunieron con Kirchner y la comitiva lo siguiente: “En la Argentina no hay control de precios. Se conversa sobre costos con las empresas. Hay un intercambio permanente de información, una tarea de ordenamiento”^[14]. Unas palabras que podría haber pronunciado don Vito Corleone.

 

Aparte de los límites a las exportaciones, las multas y las presiones para no subir los precios, el Gobierno argentino ha hecho algo más. Se han puesto en marcha nuevas exploraciones, aunque, en el caso de ser exitosas, tardarán años en producir^[15], por lo que no influirán en la actual crisis energética. El 22 de agosto, el Gobierno relanzó el Plan Nuclear nacional, que prevé inversiones por 3.500 millones de dólares para concluir la central de Atucha II; pero ésta no entrará en funcionamiento hasta 2010. Igualmente, el gasoducto del Sur^[16] tardará años en construirse, pero cuando funcione supondrá la dependencia energética de la Venezuela chavista.

 

 

No es Argentina el único país de Sudamérica que sufre desabastecimiento; el otro es Bolivia. El país andino, nuevo faro de la revolución social-indigenista, estuvo varios días en mayo sin gasoil. El Gobierno de Evo Morales culpa a Petrobrás, la petrolera brasileña con la que ha chocado a cuenta de la nacionalización de los hidrocarburos, las refinerías y las redes de gasolineras. Ésta respondió que se le debían pagos atrasados. Bolivia consume diariamente 18.000 barriles de diesel y produce 12.000, cubriendo los seis mil restantes con importación subsidiada desde el Estado. Los subsidios -calculados como diferencia entre el precio del mercado interno (0,20 dólares el litro) y el precio internacional (0,46 dólares)- alcanzarán este año unos 100 millones de dólares que se pagan con “notas de crédito fiscal”. Y como el Estado se retrasó en el pago de las subvenciones, la brasileña Petrobras detuvo las importaciones. Se trató, sin duda, de una medida para demostrar a La Paz que la petrolera disponía de medios para forzar una negociación y contaba con el respaldo del Gobierno de su país. Y así ha sido. En septiembre, el presidente Lula da Silva consiguió que el Gobierno boliviano suspendiese la expropiación sin indemnización de dos refinerías de Petrobras al advertirle de que podría tomar “medidas más duras”^[17].

 

Recientemente, el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, confesó que el país está al límite de su producción energética y que no podrá satisfacer una mayor demanda de gas. “Si ahora quisiéramos vender nuevos volúmenes, tendríamos problemas. Si queremos vender a la Argentina 20 millones de metros cúbicos adicionales de gas por día (como se negocia actualmente), no tenemos gas en boca de pozo”. Como reconoció García Linera, los nuevos yacimientos están por debajo de los 5.000 metros de profundidad y su extracción “requiere inversiones de uno o dos años”^[18]. Y es que la nacionalización decretada por Morales ha fracasado^[19]. ¿Por qué las empresas extranjeras van a invertir en un país donde los demagogos cambian la ley a su antojo y emplean al Ejército para ocupar las refinerías como si se estuviesen ocupadas por terroristas o invasores?

 

Mientras tanto, el panorama energético en Sudamérica está cambiando muy deprisa, a impulsos de los altos precios del barril de petróleo y del comportamiento suicida de los gobernantes de los países productores de hidrocarburos, es decir, Venezuela, Bolivia y Argentina. Brasil^[20] y Chile^[21], con Gobiernos de izquierda, pero inteligentes, marchan hacia la diversificación de fuentes de suministro para asegurar su independencia energética y su abastecimiento. En Chile quieren sustituir el gas suministrado por Argentina a través de los Andes por otras remesas traídas en buques metaneros y transformadas en electricidad en plantas regasificadoras. La primera de éstas se calcula que estará funcionando en 2008 y cubrirá el 40% de la demanda nacional de gas, que hasta ahora la satisfacía Argentina. Y en Colombia se promueven los biocombustibles. Por tanto, los vendedores de hidrocarburos podrían perder sus clientes más cercanos y baratos de suministrar en poco tiempo. Argentina, además, corre el riesgo de quedarse sin yacimientos de petróleo y gas natural y volver a ser importadora de hidrocarburos.

 

A la vista del resurgimiento de las agitaciones políticas en Sudamérica –tres presidentes electos en Argentina, Ecuador y Bolivia tuvieron que huir en helicóptero de sus residencias sitiadas por cientos de ciudadanos enfurecidos-, cabe preguntarse si ha comenzado el principio del fin de Kirchner. De manera sorprendente para un peronista, está perdiendo la calle. A las protestas de los ganaderos, a los que se ha restringido la exportación de carne, y otros sectores agredidos por las políticas populistas del Gobierno, se ha unido la rebelión de los habitantes de Buenos Aires por la inseguridad^[22]. A finales de agosto, Juan Carlos Blumberg, cuyo hijo Alex fue secuestrado y asesinado en 2004, organizó una gran manifestación en la Plaza de Mayo en protesta por la delincuencia a la que asistieron casi 100.000 personas^[23]. Kirchner trató de anularla con otra convocada por el piquetero Luis D’Elia, a quien ha convertido en miembro de su Gobierno, y apoyada por algunos parientes de desaparecidos; sólo acudieron unos pocos miles de individuos, muchos de ellos pagados. También han empezado las amenazas a importantes periodistas, signo de desconcierto en el Gobierno^[24]. Sin embargo, es improbable que las protestas populares hagan caer a un caudillo peronista debido al dominio que el Partido Justicialista tiene de los mecanismos de subversión^[25]... a no ser que el partido se escinda y apoye a otro líder.

 

 

En conclusión, Argentina puede encontrarse en puertas del fin de su pequeño milagro económico y de una nueva recesión a menos de un lustro de la anterior, que fue catastrófica. ¿Recurrirá Kirchner a su aliado Chávez para abastecer el mercado argentino de combustibles? Es posible que el argentino espere del militar golpista algún tipo de ayuda, ya que a éste, después de las derrotas de sus candidatos en las elecciones presidenciales de Perú y México, no le interesa quedarse sin otro de sus aliados. A los apoyos mutuos que se han prestado Kirchner y Chávez en los últimos meses^[26] hay que añadir el respaldo argentino a la candidatura de Venezuela al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con el disfraz de que es el candidato de MERCOSUR^[27].

 

Esperemos que la crisis energética que sacude a Argentina y Bolivia, y que en poco tiempo dañará el resto de sus economías, al menos sirva de advertencia al resto de los gobernantes sudamericanos sobre el carácter perverso de los controles y los ataques a los inversores.

 

Si Kirchner y Morales gobernasen Groenlandia, acabarían importando hielo.