Después de meses poniendo paños calientes al tema de la inmigración ilegal, el gobierno de Zapatero presenta ante la opinión pública otra de sus geniales ideas: la creación de una subcomisión de estudio donde pretende aunar los esfuerzos de todo el arco parlamentario, formaciones que salvo el PP y reticencias de Coalición Canaria, han sucumbido fielmente, como viene siendo habitual en esta singular legislatura.

 

Mientras en España se discute sobre si son galgos o podencos, otros países de nuestro entorno nos llevan la delantera. Tal es el caso de Suiza, que a finales de septiembre planteó un referéndum sobre la reforma de dos leyes, Asilo y Extranjería. 

 

Un Referéndum que es novedoso en sí mismo, ya  que hasta ahora no se había utilizado esta vía para tratar el tema de la inmigración ilegal. Ambas leyes entrarán en vigor el 1 de enero de 2008, pero algunos aspectos de los textos legales, como las medidas de presión para promover las repatriaciones, podrían aplicarse desde comienzos de 2007. El referéndum ha sido promovido por los partidos de la derecha y por diversas organizaciones sociales y no gubernamentales que reunieron las cincuenta mil firmas necesarias.

 

Mientras otros países revisan sus leyes de extranjería sin complejos y mano firme, Zapatero se conforma con crear una comisión de estudios. Lo raro es que no haya creado un alto comisionado para el estudio de la inmigración.

 

Suiza ahora, pero antes Francia, Alemania o Reino Unido, no han confundido sensatez con demagogia y se han puesto manos a la obra. Hay que tratar de organizar las puertas de este campo. La razón comienza a aflorar.

 

 

Suiza es el ejemplo más reciente que tenemos. Una aplastante mayoría de suizos acaba de ratificar sendas leyes restrictivas en materia de asilo y extranjería, con lo que la Confederación Helvética pasa a ser uno de los países europeos que regula de manera más drástica el ingreso de potenciales refugiados e inmigrantes en el país.

 

Esta decisión llama la atención, ya que Suiza tiene una amplia tradición de país de acogida. Precisamente esta condición ha hecho de este país el blanco de muchos inmigrantes que han utilizado este método para entrar en Suiza: de un total de 7,3 millones de habitantes, el  21% son extranjeros y solo el  año pasado recibió casi 19.000 demandas de asilo.

 

Según el ministro de la Justicia y la Policía, Christoph Blocher Broche- Unión Democrática del Centro-  la revisión parcial de la ley sobre el asilo apunta a preservar la tradición humanitaria de Suiza al tiempo de impedir los abusos.

 

Al margen de todas las protestas de los partidos de izquierda y organizaciones humanitarias, el conjunto de la ciudadanía se ha mostrado de forma contundente: el 67,8% de los votantes dio su respaldo a la nueva Ley de Asilo, que permitirá acelerar la repatriación de demandantes cuyas peticiones hayan sido desestimadas.

 

Hasta el momento, la presentación de un permiso de conducir, un libro de familia o un certificado de bautismo eran suficientes para iniciar ese procedimiento, pero ahora se pide un documento de identificación o un pasaporte. Esto quiere decir que los que no puedan conseguirlo en su país de origen, no pueden realizar este trámite.  Si esto les parecía insuficiente a los ciudadanos suizos, no sabemos qué opinión les hubiera merecido que su gobierno, como ocurrió en España durante el último proceso de regularización masiva, hubiera permitido que el abono transporte fuera suficiente como toda carta de de identidad.

 

La Ley prevé la supresión de las ayudas sociales para los ilegales, que sólo recibirán una ayuda de emergencia, y la expulsión inmediata de criminales o extremistas.  Estas repatriaciones no se harán efectivas en caso de guerra civil del país de origen, violencia o problemas de salud.

 

 

Entre los aspectos más polémicos de la Ley de Asilo está la posibilidad de encarcelar durante dos años a quienes rechacen su repatriación, a pesar de no haber sido acusados ni condenados por ningún delito. Sus detractores se olvidan que estar de forma ilegal en un país es en sí mismo un delito.  Si no, no se explica para qué necesitamos tener documentos de identidad y por qué nos multan cuando se nos solicita y no los tenemos disponibles.

 

En este grupo entran también los menores a partir de 14 años. Pueden estar detenidos hasta dos años a la espera de su expulsión. Si bien esta medida puede parece excesiva, la realidad es que los niños están siendo utilizados como moneda de cambio, como se observa en España. Sabemos que son muchas las familias de Marruecos que envían a los menores a nuestro país a sabiendas de que esa va a ser la manera más fácil de proceder a la reagrupación familiar.

 

Esta es, sin duda, una de las formas más flagrantes de atentar contra los derechos de los niños. Los detractores de esta medida deberían replantearse si es preferible que las familias se lo piensen dos veces antes de enviar a sus hijos a la aventura, arriesgándose a morir en el mar, o que ante la certeza de que pueden ser encarcelados, se queden con ellos y traten de llegar a Europa de forma legal.

 

Pero sobre todo, es preciso saber también la realidad de miles de menores, sobre todo, marroquíes, que cruzan el Estrecho con total impunidad, porque saben que una vez pasado el tiempo reglamentario de acogida, se quedarán en España, jugando con la débil barrera que separa la humanidad y los derechos humanos, con la ilegalidad. Marruecos es el principal exportador de menores ilegales hacia Europa. Solo en el primer semestre de 2005, la Administración española acogió a dos mil quinientos menores no acompañados. En 2004, se llegó a rozar la cifra de diez mil. Las fugas de los centros de acogida son bastante frecuentes. El 40% de estos chicos no cumple la semana de permanencia.

 

Marruecos carece de una política social que garantice la protección global de la infancia. No existe responsabilidad pública en cuanto a las situaciones de falta de protección especial de menores. Niños que viven en la calle, explotados laboral y sexualmente, niñas que trabajan en condiciones de semi esclavitud, sobre todo, si se trata de madres solteras. Menores que viven en zonas rurales sin posibilidad de acceso a servicios básicos.

 

Todos aquellos que se rasgan las vestiduras ante las normas restrictivas de Suiza por las detenciones anunciadas, deberían hacerlo primero ante las condiciones infrahumanas y de explotación que padecen estos niños en sus países de origen, que los utilizan como moneda de cambio y de presión ante la complacencia de los que prefieren mirar a otro lado, cuando el titular de prensa ya no es rentable.

 

 

La segunda de las leyes que se ha refrendando en Suiza ha sido la de Extranjería, cuyas reformas han sido respaldadas por el 68% de  los suizos. Esta reforma recoge la política que en los hechos ya se aplica de favorecer la inmigración de países con los que la Confederación ha firmado acuerdos de libre circulación (los de la Unión Europea, además de Noruega, Islandia y Liechtenstein).

 

Así, se pretende frenar la entrada de inmigrantes no europeos y sin estudios en el país. Significa la prohibición de la entrada a Suiza de los extranjeros no europeos que no sean contratados para un trabajo preciso. Los que superen el obstáculo, podrán traer más fácilmente a sus familias, medida que, se supone, debería favorecer la integración de los jóvenes extranjeros.

 

Esta es una de las propuestas que ha puesto encima de la mesa el Partido Popular en la Conferencia sobre Inmigración que se celebró hace pocas fechas, idea que ahora esgrime el gobierno de Zapatero como propia, y que presenta ante su rendido elenco de parlamentarios para opinar sobre ella.

 

Comentarios aparte, en adelante, en Suiza, un  extranjero sólo será admitido en caso de que demuestre que ningún otro trabajador suizo y ni de uno de los países con los que Suiza ha concluido acuerdos de libre circulación, tiene el perfil deseado para ejercer esa profesión.

 

Precisamente la ocupación de los puestos de trabajo disponibles ante un caso de desempleo, fue una de las reformas que quiso poner en marcha el último gobierno de Aznar y que motivó que la maquinaria demagógica se pusiera en pie de guerra. El dinero del Estado es del contribuyente y no parece por ello muy descabellado que primero se ocupen los puestos por los trabajadores nacionales. Lo que en nuestro país se toma como un agravio para el trabajador, en países como Suiza se convierte en norma.

 

Un aspecto muy novedoso y positivo por el que los detractores de estas dos reformas están pasando de puntillas es que la nueva legislación recoge medidas destinadas a mejorar la integración, en particular, mediante cursos de lengua, al tiempo que castiga el tráfico de seres humanos y los matrimonios por conveniencia.

 

En virtud de esta norma, los dispositivos en los aeropuertos se van a reforzar, se facilitará la comunicación de datos con el país de origen y los cantones podrán fijar perímetros de asignación y exclusión con el fin de prevenir, además, el tráfico de drogas.

 

Esta sería otra de las medidas que podría adoptarse en España, una vez que sabemos que el grueso de la inmigración ilegal llega por Barajas y los Pirineos.

 

La Ley de Extranjería española 14/2003 establece la obligación de las compañías de transporte aéreo, marítimo o terrestre, de examinar la documentación e informar a las autoridades competentes sobre los pasajeros no pertenecientes al Espacio de Schengen. Se considera una infracción muy grave el incumplimiento de dicha medida y se contempla la posibilidad de multar, hasta con medio millón de euros, a quienes trasporten pasajeros sin la correspondiente documentación requerida.

El gobierno socialista ha mantenido estas premisas, pero no ha aportado ninguna novedad y no parece que el problema se haya aliviado.

 

 

Si bien Suiza ha sido noticia por la novedad de que a petición de la ciudadanía se haya celebrado un referéndum en un tema tan capital como el de la inmigración ilegal, otros países de nuestro entorno hace tiempo que endurecieron sus leyes sin que por ello se les considere xenófobos o inhumanos. No obstante, Suiza ha dado un gran paso al frente en el tema de la denegación de asilo y de expulsión por este motivo, ya que hoy por hoy, en cuanto a la cuestión de las expulsiones, e independientemente de que en algunos países se lleva a cabo en mayor número que en otros, en realidad se trata de un procedimiento lento y bastante costoso que no resulta suficientemente efectivo. En Francia, por ejemplo,  el objeto para que se expulse a un extranjero es que cometa actos contra el orden público, excluyendo como motivo de expulsión, la estancia irregular en el país.

 

En cuanto a permisos de trabajo, el Reino Unido no los concede a trabajadores poco cualificados o de cualificación media. Un número esencial del total de permisos anuales se centra en personas que los solicitan por motivos de reunificación familiar.

Alemania no prevé posibles regularizaciones, siendo extranjera un 9% de la población, turcos en su mayoría. Solamente en casos excepcionales se puede presentar una solicitud de regularización, pero siempre que la entrada al país se haya producido de manera legal y tras más de seis meses de estancia legal en Alemania. También se puede presentar una solicitud en el caso de prórrogas de la estancia por motivos no laborales con un máximo de tres meses.

 

En Francia tampoco se practican procesos de regularización de carácter masivo. Las regularizaciones se consideran caso por caso y esto se aplica cuando el solicitante está incurso en alguna de las causas de concesión del permiso de estancia o de residencia pensadas para estos casos.

 

 

Uno de los puntos fuertes de la campaña electoral de Zapatero fue el de la promesa de fijar Europa como constante referente, suponiendo que durante las dos legislaturas anteriores España se había desentendido de su entorno europeo.

 

Dos años después, la realidad es que Europa no está nada contenta con la administración de nuestro sonriente presidente. Casos como el de la OPA de Endesa o este que nos  ocupa de la inmigración ilegal, dejan en evidencia el discurso melifluo de Zapatero.

 

Tras el fracaso de la regularización masiva y sus nocivos efectos, tanto para los que estamos como para los que llegan,  es momento de que el gobierno socialista apueste por una política de reformas sensatas y firmes encaminadas a  dificultar todo el trabajo de las mafias y el abuso a los menores, que al final, son quienes pagan las consecuencias.

 

El ejemplo de las últimas elecciones belgas puede ser un aviso para navegantes. La campaña electoral de Bélgica ha estado marcada por el miedo a un ascenso vertiginoso del partido de extrema derecha Vlaams Belang (VB), cuyos tintes xenófobos han registrado un aumento de votos más moderado de lo previsto. Finalmente no se ha cumplido el temor a que la extrema derecha alcanzara el 40% de los votos en Flandes y, aunque el VB ha confirmado su ascenso, éste no ha sido tan sustantivo como se había temido en un principio. No obstante, se ha confirmado que Amberes se mantiene como el bastión de la extrema derecha en la región.

 

De todos es sabido que el éxito de estos partidos extremos viene de la mano de políticas insensatas de los gobiernos que atemorizan a los ciudadanos, cuyo miedo a su propia seguridad física y laboral les invita a echarse en manos de  planteamientos radicales.

 

Zapatero está esgrimiendo el discurso del miedo en sus mítines electorales, identificando a media España con posturas radicales. No hay tal.

 

La realidad nos dice que es el propio presidente quien con sus demagógicas políticas está radicalizando el paisaje político, encaminando a los ciudadanos hacia un modelo de sociedad insostenible económica y socialmente.

 

Es preciso que España adopte medidas sensatas por duras que parezcan para combatir el problema de la llegada masiva de ilegales sin orden ni concierto, si no queremos que efectivamente, surjan en nuestro país voces demasiado disonantes y que sean los mismos inmigrantes los que sufran las consecuencias de la incompetencia del gobierno.  Ya padecemos una izquierda radical. No necesitamos que surjan más radicales en nuestro país, que hasta ahora no existen.

 

En cuanto a quienes deseen establecerse en Suiza sin ejercer una actividad lucrativa, tendrán que demostrar que cuentan con los medios financieros para hacerlo.

 

Es claro que la evolución de la política internacional, dominada por la radicalización del mundo islámico, el sentimiento de inseguridad  económica y social que empiezan a percibir los ciudadanos, se han inclinado a tomar estas medidas.

 

Ambas leyes entrarán en vigor el 1 de enero de 2008, pero algunos aspectos de los textos legales, como las medidas de presión para promover las repatriaciones, podrían aplicarse desde comienzos de 2007.

 

El referéndum ha sido promovido por los partidos de la derecha y por diversas organizaciones sociales y no gubernamentales que reunieron las cincuenta mil firmas necesarias.

 

Los partidarios del no califican la nueva normativa de segregacionista y arbitraria.

 

“Esta ley lamentablemente no combate el abuso y crea otros problemas adicionales, sobre todo en las ciudades, en donde se obliga a la criminalidad, a la ilegalidad”, afirmó la vicepresidenta del Partido Socialista Suizo (PSS), Ursula Wyss. “Encerrar en la cárcel a alguien sólo porque no tiene el pasaporte consigo es absurdo y, además, desde el punto de vista económico, resultaría enormemente caro”, explicó Wyss.