A finales de 2002, el Congreso y el Presidente de Estados Unidos lanzaron la Comisión de Investigación sobre el 11S. The National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States quedó fijada por la Ley 107-306. La Ley estableció principios, directrices e instrucciones para su funcionamiento. En España, los parlamentarios hicieron lo mismo en mayo de 2004. ¿Porqué reproducir ahora los requisitos de unas comisión cuyo informe ya fue concluido? Ante todo porque como entendía Tocqueville, la institucionalización política o jurídica de un régimen es consecuencia del conjunto de creencias  y prácticas de la sociedad de la que surgen. Creencias presentes el 10 de septiembre de 2001 tanto como el 10 de marzo de 2004, principios políticos e institucionales que quedaron encarnados en las comisiones creadas, primero en EEUU y después en España.

 

Atendiendo a las directrices marcadas por la Ley 107-306, dos fueron las características que debían poseer los miembros de la Comisión Especial. En primer lugar, su pertenencia a partes iguales a demócratas y republicanos, elegidos por los líderes del Congreso y del Senado, aunque la ley hacía referencia expresa a la no-afiliación a los partidos. El chairman, elegido por el Presidente de la nación, y el vicepresidente, por los presidentes de las dos cámaras en consenso con el segundo partido encarnan así mismo el pluralismo de la República Imperial. Pero en segundo lugar, la Ley 107-306 introdujo el mérito como requisito para formar parte de la comisión; para ello, los miembros debían ser

 

prominent United States citizens, with national recognition and significant depth of experience in such professions as governmental service, law enforcement, the armed services, law, public administration, intelligence gathering, commerce (including aviation matters), and foreign affairs (sec 603, apdo b)

 

Tal composición nos recuerda el sentido que los norteamericanos dan a este tipo de comisiones; surgidas tras acontecimientos traumáticos para la nación, su máximo exponente, por lo menos hasta septiembre de 2001, era la Comisión Warren, creada tras el asesinato del Presidente Kennedy. Controvertidas en sus resultados, que siempre dejan a alguien insatisfecho y abren teorías conspiratorias, son reflejo de una sociedad llena de rivalidades y que sospecha de sí misma; solemnes, son reflejo de una sociedad que, pese a todo, busca conocer la verdad  de lo que le acontece.

 

La composición de la del 11S parecía querer conjugar dos principios: El de la pluralidad nacional en la medida en que los miembros pertenecían, por partes iguales, a los dos partidos; el de la responsabilidad nacional, en la medida en que todos los miembros formaban actualmente, o lo habían hecho, parte de la Administración bajo diversos gobiernos. El inicialmente nombrado director, Henry Kissinger, dimitió antes de empezar a trabajar; encarnaba la paradójica naturaleza de la Comisión, oscilante entre ser espejo de las rivalidades y debilidades partidistas y la responsabilidad del estadista. Con él la Comisión perdió una garantía de éxito y una sospecha permanente.

 

Unidad nacional y pluralidad política parecían conjugarse en la Comisión de la mejor manera posible. La relación podría formularse también de otra forma, en la medida en que la rivalidad partidista se unía al rigor necesario en el responsable nacional; verdad rigurosa y opinión política aparecen también opuestos; ¿cómo olvidar que los miembros de la comisión formaban parte, unos del partido gobernante, otros del partido oponente, todos del juego del poder?, pero ¿cómo olvidar también que todos ellos son ciudadanos notables, horrorizados porque el pasado pueda repetirse en el futuro?

 

Fiel espejo, en cualquier caso, de la sociedad norteamericana, dividida en lo accidental y unida en lo esencial. Como resultado, la formación de la Comisión del 11S dejaba pocas dudas respecto al carácter riguroso de la Comisión, por lo menos en teoría: tres ex gobernadores, empezando por el director de la Comisión, Thomas Kean, un Fiscal General del Estado, un ex secretario de la marina, tres ex gobernadores de Estado, dos ex congresistas,  un ex vice fiscal de la nación o dos ex senadores.

 

 

En España, los críticos denunciarán siempre las supuestas hipocresías del establishment norteamericano; fácilmente resaltan las sombras del régimen estadounidense y esconden las luces. Sombras que todos los países poseen; la historia muestra que la hipocresía y el cinismo democráticos que les escandalizan no sólo no son patrimonio norteamericano, sino que alcanzan en el Viejo Continente cotas bastante más altas que en la colina del Capitolio.

 

En España, la creación de la Comisión de Investigación sobre los atentados del 11 de marzo fue el 24 de mayo de 2004. Rapidez ejemplar para unos y sospechosa para otros, que se hacía en unos términos menos solemnes, más burocráticos y directos que la norteamericana. Demasiado acostumbrados a crear comisiones de investigación para solventar diferencias y escándalos habituales, acostumbrados a usarlas como arma partidista contra el rival, los diputados españoles se encontraban demasiado alejados de la solemnidad institucional norteamericana cuando dieron las directrices para la formación de la Comisión:

 

La Comisión estará compuesta por cinco Diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Congrego, cinco del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, uno del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), uno del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), uno del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), uno del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, uno del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria y uno del Grupo Parlamentario Mixto.

 

Conclusión evidente. Como en el caso norteamericano, el criterio de la pluralidad se aplicó en el caso español, acaso más estrictamente; reparto equitativo de los mayoritarios, socialistas y populares, grupos llamados tarde o temprano a gobernar. Pero a partir de ahí, el principio del pluralismo se llevó hasta los extremos, en un doble sentido: en primer lugar, se aplicó hasta el límite de incluir a todos los grupos, incluso aquellos que ni han accedido ni parecen poder o querer acceder al Gobierno de la nación en el futuro.

 

En segundo lugar, el principio del pluralismo político se aplicó a aquellos grupos que se declaran expresamente antinacionales y antisistema. Los nacionalistas de Convergencia i Unió y PNV, los nacionalsocialistas de ERC, los comunistas de Izquierda Unida y los miembros del grupo mixto, son casi todos ellos partidarios de un cambio de régimen en España, y ni se molestan en desmentir ni se preocupan en ocultar que buscan despojar a España de su legitimidad nacional o de su legitimidad liberal-parlamentaria. Todos ellos encontraron sitio en la Comisión.

 

Pero más allá de albergar en su seno a Labordeta o Uxúe Barkos como expresión última del pluralismo, la conclusión es que la formación de la Comisión del 11M agotó su cupo en repartir los puestos entre los partidos políticos; en vano esperarían los ciudadanos y votantes la mención al mérito o a la excelencia. Los ecos de la formación de la Comisión del 11S, prominent citizens, with national recognition (...), no llegaron hasta la Carrera de San Jerónimo, donde los puestos se repartieron tan equitativamente como con falta de cualquier escrúpulo. A los diputados no pareció hacerles falta otro principio que ellos mismos para esclarecer el mayor atentado de la historia de España.

 

El único mérito para los comisionados sería así ser diputados; los mismos que aprobaron la creación de la Comisión aprobaron su pertenencia a ella. ¿fiel espejo, también, de la sociedad española? Afirmación pesimista; convertir la búsqueda de la verdad en una simple extensión de las riñas del hemiciclo es una exaltación del ideal democrático tanto como una falsificación de cualquier pretensión de objetividad nacional. La Comisión del 11S pudo ser nacional; la del 11M fue, indudablemente, partidaria; lo fue desde el momento en que todo mérito para formar parte de ella era tener el acta de diputado. Este origen oscuro aún hoy, en octubre de 2006, muestra que por su origen sus componentes se comportaron como miembros de partido en vez de cómo representantes nacionales.

Más allá de ello, los diputados españoles tampoco sintieron ninguna tentación por contrarrestar el principio de pluralidad con cualquier criterio de unidad nacional que integrara en la comisión la figura del sabio o del estadista. La Comisión fue, desde el principio, una mera extensión de las rivalidades parlamentarias, de manera explícita y reconocida. En el mismo mayo de 2004, sus señorías establecieron sin disimulo una fórmula clarificadora para cualquier problema en la investigación: Si hubiese votaciones, el voto será ponderado. Desengáñese el crédulo; ¿votaciones en una comisión de investigación? Recordemos; la verdad no se vota, se investiga. Los hechos no están sujetos a votación. Concebida una Comisión como búsqueda de la verdad, cualquier votación carece de sentido; concebida como continuación de las rivalidades partidistas, votar cuál es la verdad de la mayoría es el instrumento predilecto.

 

Los herederos de la Revolución Francesa clamarán por la defensa a ultranza de sus señorías como representantes de la voluntad popular; no les hace falta nada más para justificar sus actos. Dos años y medio después de la masacre de atocha, la coalición gubernamental enarbola su representación popular para proclamarse depositaria de la verdad sobre el 11M. Pero olvidan que renunciaron en 2004 a introducir ningún criterio de búsqueda de la verdad más allá de sus rivalidades partidistas.

 

Tener la mayoría parlamentaria no garantiza poseer la verdad absoluta. Esta sentencia griega unió a Platón y Aristóteles con Karl Popper cuando advirtieron acerca de la posibilidad de que la democracia degenerara en demagogia; la Comisión española hizo muy pocos intentos por superar el principio de la pluralidad. Uno de los escasos intentos fue la propuesta de Mariano Rajoy (julio 2004), de incluir un relator independiente de los partidos; si bien no variaba la esencia partidista de la Comisión, al menos podría limitarla. En respuesta, López Garrido anunciaba su apego a la investigación de la Comisión con un para eso ya está el juez. Gaspar Llamazares confirmaba sin pretenderlo el verdadero espíritu de la Comisión, cuando indignado acusaba a Rajoy de la “idea obsesiva" de "deslegitimar" a la comisión intentado sustituirla por "un seminario académico". Seminario académico que recordaba a Llamazares la esencia de una investigación; desinterés político, rigor intelectual, respeto a los hechos. Nada más lejos de las intenciones de una coalición gubernamental que aún niega cualquier legitimidad política más allá de la mayoría parlamentaria que dominan.

 

El demócrata a toda costa responderá que la verdad no es patrimonio del sabio, ni incompatible con los representantes del pueblo. El equilibrio presente en la Comisión del 11S no garantizó la neutralidad, ni la objetividad de la investigación. Es cierto que equilibrar el pluralismo con la inclusión de la llamada a la unidad nacional o al rigor responsable del estadista, no acaba con el problema de la verdad y la rivalidad partidista. Pero al menos lo reconoce, y al hacerlo, lo limita. Tal es la diferencia entre la democracia norteamericana y la española. En España, los parlamentarios, autoproclamados guardianes de la verdad y buscaron convertirla en mera expresión de sus intereses particulares. Cualquier pretensión de introducir el principio político de la unidad o de la veracidad quedó voluntariamente eliminado.

 

No será necesario extenderse demasiado en los objetivos que la Ley 107-306 fijó para la Comisión Nacional del 11S. En total cinco puntos, que abarcaban desde la reforma de servicios de emergencia hasta la cooperación internacional. Los objetivos fueron densos y extensos. Pero  pueden resumirse en tres grandes grupos:

 

En primer lugar, el estudio pormenorizado de la organización, preparación y ejecución de los atentados de Manhattan y el Pentágono. ¿cómo actuaron los terroristas?¿qué pasos siguieron desde la preparación hasta la ejecución? Del relato de hechos acontecidos se pasó a una teoría estratégica; la Comisión hubo de abordar también un estudio estratégico-político sobre terrorismo internacional; desde la finalidad hasta su funcionamiento económico y tecnológico.

 

En un segundo grupo, los propósitos de los comisionados se dirigían a los propios Estados Unidos; ¿cuáles eran los fallos de los servicios de inteligencia?¿de la seguridad aeroportuaria?. Y más allá de ello, la proposición de cambios y mejoras, desde los planes de emergencia hasta las infraestructuras y los servicios de información.

En un tercer grupo, la Comisión se propuso establecer el papel de Estados Unidos en relación con la comunidad internacional, policialmente, militarmente y en relación con los servicios de inteligencia; ¿cómo atajar internacionalmente un problema que –se demostró después- era esencialmente internacional?

 

Objetivos todos ellos razonados y razonables, que respondían a tres preguntas fundamentales; ¿cómo atacaron los terroristas a Estados Unidos?; ¿cómo funcionaron los resortes del Estado?; ¿qué mejoras sería necesario introducir para evitarlo?.  Cuestiones en las que una Comisión de investigación, un centro de análisis de seguridad y defensa o un departamento universitario podrían coincidir con independencia de su adscripción política. Objetivos todos ellos fruto del espanto común de una nación para la que, a efectos terroristas, no existe diferencia alguna.

 

De nuevo diferencia esencial con los objetivos propuestos por los partidos políticos españoles respecto a la Comisión del 11M. Surgida de la rivalidad partidista enconada desde los ajustados resultados del 14M, los objetivos que sin ningún miramiento se propusieron los diputados fueron tan escuetos como sencillos y directos. A diferencia de la Comisión del 11S, cualquier intento de resumirlos carece de sentido; sólo es un punto, y su simplicidad nos permite transcribirlos directamente:

 

Grandilocuente en su formulación, los diputados se propusieron la búsqueda de la verdad; su formulación abstracta resalta frente a la pormenorización de los objetivos de la Comisión del 11S; cómo fue la organización, planificación, circunstancias que rodearon y acompañaron a los atentados de Washington, Nueva York y Somerset County. En España simplemente se buscó la verdad.

 

Pero como ya es bien conocido, tras repartirse los puestos a imagen y semejanza del Parlamento, los objetivos se derivaron directamente de éste; los comisionados se propusieron, únicamente, mostrar la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos entre el 11 y el 14 de marzo. Pero dando un paso más, sin disimulo y sin miramientos, los comisionados se proponían investigar el atentado, su preparación, organización y circunstancias en la medida en que resultaran coherentes con la discusión acerca del 14 de marzo. Sometiendo la investigación sobre la preparación, organización y ejecución de los atentados del 11M a lo ocurrido entre el 11 y el 14 de marzo, sus señorías relegaban voluntariamente lo relativo al terrorismo a lo relativo al comportamiento del Gobierno que lo había sufrido.

 

Si la Comisión del 11S hizo tres preguntas, la Comisión del 11M se limitó a una pregunta que era más bien la misma respuesta que el ahora Frente de la Paz daba en las calles desde 2003; la derecha en el poder miente sobre todo lo que hace, y mintió a partir del 11M. Idealistas e ingenuos podrán unirse a la coalición gubernamental que defendió sus conclusiones como una verdad indiscutible. Lo cierto es que sus conclusiones estaban implícitas desde el momento en que sus señorías decidieron zanjar sus luchas partidistas en un foro con apariencia de formalidad y seriedad, y renunciaron a investigar para dedicarse a afianzar sus posiciones de poder heredadas el 14 de marzo.

 

En Estados Unidos, la Comisión del 11S se puso como primer objetivo esclarecer los hechos materiales del 11 de septiembre. En la Comisión de los diputados españoles, éstos se tomarían en consideración en la medida en que interesara a lo que parecía importarles realmente; los últimos metros de la carrera electoral del 14M. Por ello, en segundo lugar, y ya en neolengua, los partidos políticos se ponían como objetivo las actuaciones que han realizado sobre ellos los poderes del Estado, que sólo el inocente o el desprevenido interpretarán como un intento por actualizar los servicios de emergencias y de inteligencia ante la era del terror.

 

Poca ingenuidad cabe cuando expresamente, los propósitos de una comisión anuncian su renuncia a investigar la dirección, organización, preparación y ejecución de los atentados de Atocha, para centrarse en afianzar y asentar la posición dominante en el Parlamento y en el Gobierno. Sin miramientos y sin reparo, con todo el descaro que el BOE permite, mutilaron la investigación, y redujeron la verdad a la propaganda política que acusaba al propio Gobierno de la responsabilidad de los ataques, y se ocupaba de los criminales únicamente para acusar a ciudadanos españoles de los peores males democráticos.

 

 

La Comisión Nacional del 11S trató de conjugar dos principios antitéticos pero necesarios; el principio del pluralismo político y el principio de la unidad nacional, el principio de la verdad objetiva y el principio de la perspectiva ideológica. En España, los parlamentarios ni siquiera se plantearon esa posibilidad; convirtieron la Comisión en una extensión del hemiciclo, donde zanjar sus diferencias encubriendo la lucha bajo el manto de la honorabilidad. El resultado no pudo ser otro que la oscuridad absoluta.

 

En marzo de 2005, los parlamentarios, orgullosos de su labor, presentaron las conclusiones, cuyo contenido no sorprendió a nadie, puesto que puso sobre papel oficial lo que la propaganda partidista llevaba diciendo durante meses; en Estados Unidos, The 9/11 Report llenó lagunas acerca de los hechos que desembocaron en la masacre de Manhattan, y se convirtió en un documento imprescindible para cualquier estudio. Fue, estrictamente hablando, un documento propio de investigadores, lo que Llamazares llamó despectivamente “seminario académico”.  Éste fue publicado en julio de 2004, tres años después del 11 de septiembre. Las conclusiones españolas un año después de los atentados.

 

Las conclusiones aprobadas por la Comisión de investigación del 11M fueron la continuación de la disputa partidista por otros medios; una Comisión formada para ser la expresión presentable del Parlamento, cuyos miembros se comportaron como los diputados que eran. ¿Por qué traer, dos años y medio después del 11M, un año y medio después del cierre de la Comisión del 11M, algo que es ya suficientemente conocido?¿Por qué comparar dos Comisiones de Investigación separadas entre sí miles de kilómetros? Por dos razones, una de pasado y otra de futuro, pero dos razones profundamente políticas y sociológicas.

 

Las instituciones políticas tienen el carácter de las sociedades de las que surgen, dice la teoría política clásica. Si esto es así, la comparación histórica de las comisiones muestra la comparación de dos formas de entender la política. Pese a la rivalidad a muerte que se extiende por los pasillos de Washington, los norteamericanos se sienten unidos en lo fundamental. De nada valdrá recordar que Estados Unidos es el país de la rivalidad y la competencia; divididos en lo accidental, los norteamericanos se unen en lo esencial, como advirtió Tocqueville en los albores de la república norteamericana.

 

Herederos de las pasiones democráticas ideológicas, sus señorías de la Carrera de San Jerónimo hicieron presente y patente el mal que arrastra la sociedad española; profundamente dividida en lo esencial, dos grandes bloques parecen separarse cada vez más desde que los trenes volaron en Atocha. La Comisión del 11M, publicitada convenientemente, pretendió hacer algo que ni los propios comisionados se creían; zanjar la cuestión del 11M. Hoy, entre las revelaciones periodísticas, los autos de Garzón y la indignación del Frente de la Paz, los agujeros negros del 11M se hacen cada vez más grandes, y con ellos la división entre españoles. La composición y los objetivos fijados a priori por los diputados no sólo no buscaron reducir sino que pretendieron ampliar.

 

Las conclusiones de la Comisión del 11M fueron las únicas que se podía esperar de unos partidos políticos con piel de comisionados, que se fijaron unos objetivos que nada tenían que ver con los atentados de Atocha y sí con las disputas y reyertas del Parlamento. Renunciaron expresamente al rigor, a la objetividad, porque habían renunciado previamente al concepto de nación, límite de toda rivalidad interna. Los objetivos fijados marcaron la dirección de la investigación en unos términos cada vez más alejados de lo que los españoles esperaban de una investigación. Así las cosas, los agujeros negros del 11S son hoy causa de división, pero también consecuencia de ella y de la ofrenda que los diputados españoles le ofrecieron en su día.