Uno de los procesos políticos más asombrosos de los últimos años es cómo las corrientes violentas existentes en la izquierda (más numerosas y potentes que en la derecha) han superado a sus correligionarios demócratas y establecido sus métodos para llegar al poder y mantenerse en él.

 

Desde la caída del bloque soviético y la constatación del fracaso económico y social del comunismo, parecía que la izquierda había renunciado a la tentación de la violencia, en la que tantas veces había caído en las décadas anteriores, y de la que son ejemplos el Che Guevara, las Brigadas Rojas italianas, los montoneros argentinos, la Unidad Popular chilena y todos los movimientos terroristas europeos (salvo ETA y el IRA, en las que el factor nacionalista se impone al socialismo en su ideología). Ante la pérdida del modelo político y, en muchos casos, la desaparición del protector y suministrador de fondos y armas, los grupos extremistas de izquierda menguaron hasta casi desaparecer. Varios ejércitos guerrilleros en América y África se transformaron en partidos políticos que competían en las elecciones y participaban en la antes denostada democracia formal. En Europa, los partidos comunistas casi se extinguieron. Y en todo el mundo las doctrinas intervencionistas en economía dejaron paso, con mayor o menor éxito, a interpretaciones liberales,.

 

Cuando se creía que toda la izquierda, desde la socialdemocracia a los comunistas que arrancaban de los escudos de sus partidos la hoz y el martillo, se había civilizado, han resurgido los sectores pistoleros. La causa ha sido el éxito de los movimientos anti-globalización tanto en los medios de comunicación como en la política. Los políticos cínicos de izquierdas han visto que mediante guerrilla urbana, lo que en España llamamos kale borroka, se puede rendir a Gobiernos electos por mayoría absoluta y atemorizar a la sociedades hasta el punto de que los ministros, los banqueros y los catedráticos invitan a los líderes de los rebeldes a sus residencias y sus aulas.

 

Sin duda, el uso de la intimidación se consagró como atributo de la izquierda que deseaba el poder por encima de la ley y de la democracia con la campaña del nuevo frente Popular, dirigido por el PSOE, contra el PP en los casos del hundimiento del petrolero Prestige, la guerra de Irak y los atentados del 11-M.

 

Cierta izquierda se siente a gusto con la violencia y la amenaza a sus rivales y adversarios, y esta estrategia la aplican no sólo caudillos estrafalarios como Hugo Chávez y Evo Morales, sino finos blancos encorbatados como Néstor Kirchner, José Luis Rodríguez Zapatero y Andrés Manuel López Obrador. La diferencia en este círculo es que unos se ponen al frente de sus matones mientras que otros les dan las instrucciones desde su despacho. Si malo es que la oposición ataque a los policías y queme sedes del partido de Gobierno, peor es que, una vez que los agitadores se instalan en los palacios del poder, conviertan a sus piqueteros y bandas de la porra en funcionarios[1], que es el caso de Bolivia y Argentina.

 

El viernes 1 de septiembre, las agencias de prensa y las televisiones difundieron imágenes de los tumultos ocurridos en el Parlamento mexicano y en la Asamblea Constituyente boliviana por responsabilidad de la izquierda. Los incidentes hacen retroceder a esos países a los años 70 y, simultáneamente, los hacen avanzar hacia un futuro siniestro.

 

 

En México, el Tribunal Electoral Federal del Poder Judicial falló el 5 de septiembre que las elecciones presidenciales celebradas el 2 de julio[2] fueron válidas y que no existió fraude alguno, pese a lo que ha sostenido desde la noche electoral Andrés Manuel López Obrador, el candidato de la izquierda, del Partido de la Revolución Democrática. El tribunal, la instancia suprema que decide sobre las impugnaciones electorales, establece el recuento oficial: el candidato del Partido de Acción Nacional, Felipe Calderón, obtuvo 14.916.927 votos y López Obrador 14.683.096; es decir, el candidato del Partido de Acción Nacional (PAN) venció al populista López Obrador por 233.831 papeletas.

 

Cabe esperar que a partir de ahora López Obrador radicalice su posición. Es cierto que los participantes en sus campamentos instalados con la connivencia del alcalde del Distrito Federal de México en la plaza del Zócalo y el Paseo de la Reforma son cada vez menos y que crece el rechazo de los ciudadanos al comportamiento subversivo del PRD, pero también lo es que López Obrador se ha empeñado en un juego de todo o nada en el que él ya no puede retroceder.

 

El demagogo López Obrador y sus partidarios comenzaron sus acciones de resistencia civil pacífica a finales de julio y en las últimas semanas, a medida que las instituciones, el Gobierno, la prensa y los demás partidos, el PAN y el PRI resistían sus presiones.

 

El 29 de agosto, los magistrados del Tribunal que rechazaron por unanimidad los recursos de su coalición los acusó de haber tomado “una decisión política y no jurídica” y señaló que su sumisión a “un grupo de privilegiados y de extremistas de derecha (...) representa no sólo una vergüenza a la historia nacional, sino una violación al orden constitucional y un verdadero golpe de Estado”[3].

 

A instancias suyas la bancada de la Coalición Por el Bien de Todos, montada en torno al PRD, impidió al presidente Vicente Fox leer el 1 de septiembre su último informe de Gobierno al Congreso, tal como manda el artículo 69 de la Constitución. Varias docenas de parlamentarios del PRD ocuparon la tribuna antes de que Fox entrara en el Legislativo; llevaban carteles con frases como “Entregas y te vas” y “Fox, traidor a la democracia”. Al final, el presidente se limitó a dejar su mensaje escrito y regresó a su residencia. Los izquierdistas se declararon orgullosos de haber forzado el incumplimiento de la Constitución de 1917.

 

Prosigue el plantón en el Zócalo, que puede causar a los comerciantes hasta el 6 de septiembre unas pérdidas superiores a los 7.700 millones de pesos sin que intervengan las autoridades municipales, no se levantará para permitir el desfile militar del día 15, que celebra la proclamación de la independencia.

 

El ex alcalde de la capital expuso sus nuevos planes: “que se vayan al diablo con sus instituciones. (...) Lo que les preocupa es que ya no estemos dispuestos a aceptar las reglas del juego, que ya no les rindamos pleitesía (…) lo que les preocupa es que vamos a tener nuestro propio gobierno”. Prometió que el próximo 17 de septiembre en México habrá dos gobiernos: “el gobierno del hampa de la política, de los delincuentes de cuello blanco, y el gobierno surgido de este movimiento popular y ciudadano. (...) Vamos a crear nuestro propio gobierno, ya no aceptamos la República simulada, vamos a establecer una República representativa y verdaderamente popular”[4].

 

Para cumplirlos, ha convocado una llamada convención nacional democrática para el día 16 de septiembre con la finalidad de instaurar un régimen paralelo. Los puntos que debatirán los compromisarios serán: el rechazo del resultado oficial de las elecciones; el rechazo de la usurpación del poder por Felipe Calderón y todos los funcionarios que éste nombre; la elección de un presidente “legítimo” o de un coordinador del movimiento de desobediencia civil; la votación de un programa de gobierno; y la inauguración del nuevo Gobierno el día 20 de noviembre o el 1 de diciembre.

 

Es decir, López Obrador opta por la subversión.

 

 

Los golpes de estado los dan no sólo los militares, sino también los parlamentos. En estos tiempos de memoria histórica, podemos citar la destitución de Niceto Alcalá Zamora de la presidencia de la Segunda República en la primavera de 1936 y su sustitución por Manuel Azaña; una decisión completamente inconstitucional, pero que se aplicó y tuvo su parte de responsabilidad en el estallido de la guerra.

 

En los debates de la Asamblea Constituyente boliviana, el Movimiento Al Socialismo (MAS), que reúne 137 diputados de 255, ha impuesto un reglamento en el que se permite la aprobación de la nueva Constitución por la mitad más uno de los diputados, 128, cuando la ley fundamental fija el requisito de los dos tercios[5]. En esa sesión estalló tal alboroto que los diputados se pelearon entre sí y uno de ellos cayó a un foso y sufrió una conmoción[6]. Además, varias organizaciones afines a Morales, como a Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, los cocaleros de Cochabamba y la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano, se han movilizado para acudir a Sucre, sede de la Asamblea para garantizar el normal desarrollo de ese evento y la seguridad de los asambleístas.

 

El ministro de Asuntos Exteriores boliviano, David Choquehuanca, ha sido muy claro: “Bolivia está viviendo un proceso revolucionario, de cambio, que para nosotros es fundamental. (..) El proceso de la Asamblea Constituyente tiene que construir una nueva Constitución política del Estado, que defienda los intereses de la nación, nuestros recursos naturales, que permita vivir en armonía entre todos los bolivianos, que permita la unidad de todos los bolivianos”[7]

 

El líder del partido más votado de la oposición, Jorge Quiroga, de Podemos, ha mandado una carta a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Unión Europea en la que solicita el envío de una misión para proteger a la Asamblea de “atentados” del Gobierno social-indigenista[8]. La respuesta de éste ha sido acusar a Quiroga de formar parte de “una confabulación” que pretende impedir la refundación del país y limitar la soberanía.

 

Otra consecuencia del trágala del MAS ha sido la convocatoria de un paro general para el viernes 8 en los departamentos de Beni, Pando, Tarija y Santa Cruz, donde triunfo el sí a favor de las autonomías.

 

 

¿Cuál debe ser la respuesta de la sociedad, de las instituciones y de los partidos liberal-conservadores?, ¿ceder o resistir?, ¿negociar o movilizarse? Los militantes de los partidos de centro-derecha, los altos funcionarios y los ciudadanos desenganchados de la política no tienen un concepto totalitario de sus ideologías que les lleva a estar movilizados permanentemente, a diferencia de personajes como López Obrador. De éste dice Enrique Krauze que le mueve “una actitud mesiánica” y que concibe “la política como una misión religiosa y no como un quehacer cívico y republicano”[9]. La mayoría de las personas que forman las sociedades, siente, primero, asombro, y, después, miedo y vacilación (“tal vez tengan razón en sus quejas”) ante actos rebeldes y golpistas como los cometidos en México y Bolivia (y España); se niega a admitir que sus compatriotas les consideren “enemigos de los pobres”, “agentes imperialistas” o “fascistas”. En consecuencia, la gran masa puede achantarse y a pactar con los rebeldes y los golpistas. Grave error.

 

Muchos católicos españoles que acudieron a las manifestaciones contra la guerra de Irak –en la que España no participó- y votaron al PSOE conmocionados por los días que siguieron a los atentados del 11-M, ya han tenido motivos para arrepentirse: matrimonio homosexual, divorcio expréss, desprecio a Juan Pablo II en su muerte, ignorancia de los millones de firmas recogidas para pedir que se mantuviera el valor académico de la enseñanza de la religión católica en la escuela, halagos al islam...

 

Lo mismo ha ocurrido en Bolivia. Hubo ciudadanos que votaron a Evo Morales y su Movimiento Al Socialismo en las elecciones presidenciales y parlamentarias para terminar con los motines, los cortes de carretera y los bloqueos que ordenaba Morales para derrocar a los presidentes que le precedieron, Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa. También pensaron que, en el poder, los social-indigenistas no seguirían las proclamas de sus mítines. Una vez elegido por mayoría absoluta, el MAS comenzó a aplicar íntegramente su programa electoral de refundar Bolivia y cuyos efectos son la alianza con Chávez[10]; la expropiación de las petroleras extranjeras presentes en el país, que ha supuesto la paralización de la industria de hidrocarburos; y la sustitución del régimen constitucional vigente por otro que pretende recrear un supuesto paraíso indígena que violaron los españoles. El gobierno diario no sosiega a los demagogos, sino que es su finalidad, para eso viven y respiran. La resistencia de hoy impedirá que mañana los populistas empleen la violencia del Estado contra los ciudadanos. Si López Obrador es capaz de mandar a sus lacayos a ocupar la tribuna del Congreso y la principal plaza de la capital, si disculpó el asesinato de tres policías por una turba[11], qué no haría si dispusiese de toda la fuerza del Estado.