Todos aquellos que a comienzos de las vacaciones se propusieran desconectar del mundanal ruido, de las noticias y de lo acontece a su alrededor ha fracasado estrepitosamente. Nunca antes en España como ahora, el tema de la pésima gestión del gobierno socialista, después de dos años y medio de una legislatura que se anunciaba próxima a la felicidad suprema, ha dado tanto que hablar en las terrazas. Entre cervezas y tintos de verano se ha sustituido el cotilleo estival por la grave crisis que atravesamos ante  la incesante y masiva llegada de cayucos que no han dejado  de arribar las costas Canarias ni un solo día.

           

La irresponsabilidad de la Administración ZP no ha dejado títere con cabeza. Sin embargo, nuestro presidente no ha abandonado su lugar de recreo para dar explicaciones, ni tampoco los  ministros Rubalcaba y Caldera, que han hecho mutis por el foro, salvo ya muy al final,  cuando la situación era ya insostenible, mientras la vicepresidenta De la Vega trataba de poner paños calientes ante la demanda de noticias y actuaciones que reclama una opinión pública cada vez más preocupada por un tema de muy difícil solución que fue avivado por la irresponsable política de inmigración de Zapatero, ávido de tener más ciudadanos a quienes pedirles el voto, en agradecimiento a los supuestos servicios prestados.

 

No sabemos si los inmigrantes estarán dispuestos a otorgarle su confianza a un Gobierno que ha favorecido el que las mafias los expriman para venir a un país en el que a los cuarenta días de pernoctar en lugares de acogida, se ven abocados a buscarse la vida sin más ayuda que la que les proporciona su intuición. Porque detrás de todo esta grave situación está el drama humano de ciudadanos engañados por las mafias, que han estado siempre puntualmente informadas de los pasos del Gobierno.

 

La ciudadanía comienza a estar cansada de sonrisas baldías.

 

 

 

Ni siquiera el diario más cercano al Gobierno puede ocultar la situación. Estos nuevos ilegales se suman a los casi 5.000 llegados a Canarias en agosto de este año, más que todos los llegados en todo el año 2005, igual cifra que la estimada por el gobierno canario en mayo, que recibió en sus costas otros 5.000 ilegales.  El presidente de canarias, Adán Martín, ya ha denunciado que el archipiélago ha recibido a unos 20.000 inmigrantes en lo que va de año.

 

Este dato es especialmente significativo si se compara por ejemplo con Alemania, que con una población total de ochenta millones de personas, se estima que su población ilegal es de treinta mil al año, según datos de la Oficina de Criminología de Alemania.  Es decir, que la proporción de población ilegal en España en solo un mes, es prácticamente igual a la alemana en un año, si tenemos en cuenta que en nuestro país ya hay cuarenta y cuatro millones de personas.

 

Lejos están ya esos días en los que el ministro Caldera alardeaba el éxito de la operación de regularización masiva desplegada por el ejecutivo entre febrero y mayo de 2005. Así lo manifestó en El País, durante una entrevista concedida a dicho diario el 8 de mayo de 2005: "Este proceso ha sido un desahogo moral para la gente bien".

 

Un Caldera exultante aparecía  dos días después de la finalización del proceso en el Programa 59 Segundos de RTVE,  donde aseguraba que “con este proceso, se ha producido una elevación del senti­do ético de los españoles”. También aprovechó para  acudir a una ofi­cina de la Seguridad Social y ha­cerse la foto junto a los inmigran­tes.

 

En ese momento calificó de éxito la cifra final de 690.679 peticiones de regularización de inmigrantes que se alcanzó, dado que, en su opinión,  afloró el  80% de la economía sumergida, se daba derechos a esos trabajadores y se garantiza el futuro de nuestras pensiones. Subrayó que estas personas generan gasto público y a  través del IRPF y de las cotizaciones a la Seguridad Social, generarían ingresos "ayudando a mantener el Estado del Bienestar y el sostenimiento del sistema de pensiones".

 

Exactamente un año después, la responsable de Política Social y Bienestar del PP, Ana Pastor, denunció que España registra los peores datos en inmigración de la UE, al contar con 1,6 millones de inmigrantes en situación irregular, teniendo en cuenta los datos facilitados por el INE del padrón municipal a primeros de año.

 

También hace referencia a este dato un estudio del Real Instituto Elcano, publicado el 14 de agosto de 2006, “Una evaluación del último proceso de regularización de trabajadores extranjeros en España (febrero-mayo de 2005). Un año después”, de Miroslava Kostova Karaboytcheva (http://www.realinstitutoelcano.org/documentos/252.asp).

 

En este documento se explica muy claramente que los residentes extranjeros han aumentado en 761.641 en el último año,  mientras que en el año 2004, los extranjeros irregulares empadronados fueron 1.753.319, en 2005 ellos son 1.145.641. Es decir, a pesar de las ambiciosas metas que tuvo el proceso de 2005 impulsado por Caldera, sigue habiendo más de un millón de inmigrantes irregulares, según estas fuentes y eso, sin considerar las avalanchas de ilegales durante el presente año 2006, sobre todo durante el mes de agosto.

 

Es claro que el verano 2006 ha quedado marcado por varios acontecimientos: llegada diaria de inmigrantes, llamadas de atención cada vez más desesperadas del gobierno autonómico de Canarias ante un problema que sobrepasa ya los límites de lo político y lo humano, apariciones en  televisión de la vicepresidenta del Gobierno para compensar en algo la desinformación, traslado de inmigrantes a la península, en especial, a las Comunidades gobernadas por el PP, comparecencia de Rubalcaba a finales de agosto y todavía más al final, de Jesús Caldera, viaje de Maria Teresa Fernández de la Vega a Finlandia, promesa del Gobierno de incluir este tema en todas las agendas internaciones de lo que resta de año. Soluciones, ninguna.

 

 

Este era uno de los titulares del día en el que el presidente de Canarias, Adán García, hacía el enésimo llamamiento al Zapatero en demanda de ayuda, ante la incapacidad de las islas para acoger a más gente. Ni siquiera su anuncio de acudir al Rey en busca de ayuda le ha servido para nada. Ya en mayo de este año, la situación de estos centros estaba al límite. Tanto es así,  que el gobierno insular ha tenido que habilitar campamentos de refugiados para los recién llegados. Campamentos que no están siendo bien vistos pro los vecinos, que se sienten amenazados y han comenzado a perseguir e insultar a los nuevos compañeros de calle. La situación de alarma social en Canarias es crítica. También están desbordados de trabajo los miles de voluntarios de la Cruz Roja  que no han cesado de trabajar ni un solo segundo. La llegada de cayuco s a Canarias está formando parte ya de la ruta de los turistas, que acuden a los puertos del Archipiélago para tomar fotos de la situación.

 

Por toda respuesta, el Gobierno sigue con el protocolo de traslado de lo inmigrantes a la Península, unos 12.000, según el ministro Caldera. Traslados que le cuestan a las arcas del Estado 24.000 euros por cada vuelo de 160 inmigrantes a bordo. En total, un millón ochocientos mil euros lleva gastado el Ejecutivo de los 2 millones destinados por la UE para paliar esta crisis.

 

Hablando de dinero, la Comunidad de Madrid denunció que en 2006 no ha recibido ni un solo euro para acoger subsaharianos. Asegura que estos traslados se han hecho sin aviso previo. A la falta de información, el ministro Caldera le llama “fallo en la comunicación”. En lo que va de verano, Madrid se ha comprometido con 300 plazas, mientras que Andalucía,  una de las Comunidades más grandes, aporta 261, cifra irrisoria si se compara con las 236 de Murcia o las 444 de la Comunicad Valenciana.

 

Solo la atención de menores inmigrantes ilegales en los centros de acogida genera un gasto de 27.000 euros al año, según afirman los propios responsables de los centros. Menores que una vez cumplidos los 18 años se encuentran absolutamente desvalidos, sin conocer el idioma, sin poder presentar ningún papel para trabajar en condiciones, como es su deseo. Al final, siguen trabajando en la economía sumergida y durmiendo en los bajos de iglesias, garajes, o donde puedan.

 

Tampoco se quedan atrás en las críticas las ONG’s, que han acogido al 75% de los inmigrantes llegados a la Península este mes de agosto.

 

 

 

Seguramente, Rubalcaba tenía esta cifra en la mano ese mismo día, cuando se embarcó hacia Senegal, un viaje del que no se ha sabido gran cosa, salvo la consabida fotografía, tan del gusto de este Gobierno.

 

Todo lo que la opinión pública ha conseguido saber de boca del ministro del Interior, es que las cosas no han salido como se supone que estaban previstas, que la presión migratoria seguirá en Canarias y que es difícil negociar con los países africanos porque no siempre se encuentran buenos interlocutores. También aseguró que en el mar no se muere nadie. Un dato, señor ministro: 260 inmigrantes han muertos en el mar durante 2006.

 

 

En un intento de sacar balones fuera y de desviar la atención de la opinión pública al exterior, el 29 de agosto, la vicepresidenta De la Vega se vistió de verde esperanza para entrevistarse en Helsinki con el presidente de la Comisión, Manuel Durao Barroso, el vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Justicia, Libertad y Seguridad, Franco Frattini, y con la comisaria europea de Exteriores, Benita Ferrero Waldner.

 

Frattini fue más que claro: si se anuncian regularizaciones sin luchar contra el trabajo ilegal es un claro efecto llamada.

 

Llueve sobre mojado. Por activa y por pasiva, así lo dijeron los socios de la UE cuando comenzó este proceso. En mayo de 2005, la UE recordó al gobierno español que los inmigrantes regularizados no podrían trabajar fuera de España hasta 2010, ya que sólo tienen derecho a viajar por el continente como turistas hasta que pasen cinco años. El ministro francés de Interior, Dominique de Villepin, fue más contundente: los inmigrantes regularizados por Caldera sólo podrían trabajar en España porque sus permisos de estancia no les permiten hacerlo. De Villepin dijo que el permiso de estancia "vale para España y no para otros países" y recordó el efecto llamada que generó las regularizaciones masivas que hubo en Francia en 1981 y 1997. (Libertad Digital 11 de mayo de 2005).

 

El gobierno de Zapatero, tan proclive a identificarse con Europa a cualquier precio, debería haber observado el ejemplo de países como el Reino Unido, que si bien ha tenido unos importantes flujos de refugiados y solicitantes de asilo en los últimos quince años, no prevé regularizaciones masivas y permite la entrada solamente a personas de alta cualificación o cualificación específica para proteger su fuerza de trabajo de la presión de los trabajadores extranjeros, con la exigencia de que no existan autóctonos que podrían ocupar estos puestos de trabajo. En el caso de Alemania, por motivos de protección de su mercado de trabajo, con su nueva ley en vigor desde enero de 2005, Alemania cierra las fronteras para la entrada de extranjeros con el motivo de ocupar puestos de trabajo no cualificados. Bélgica, por su parte, permite que sólo los nacionales ocupen empleos civiles (en la función pública) y militares.

 

En cuanto al presupuesto, Frattini le recordó a la vicepresidenta que la UE no dispone de más fondos de ayuda para el control de la inmigración ilegal, puesto que el presupuesto de Europa previstos a tal fin, se han liberado para poner en marcha la operación inicial de nueve semanas de Frontex, sistema que el secretario de organización del SUP, mayoritario en el Cuerpo, José Manuel Sánchez Fornet, asegura que "no existe, es mentira, es una operación de marketing que no ha tenido ninguna repercusión en el control de las fronteras. Frontex es como intentar poner diques al mar, lo que hace falta es una política rigurosa por parte del Gobierno para disuadir a los inmigrantes de venir a España".

 

Benita Ferrero Waldner fue algo más diplomática al asegurar que sería bueno disponer de una política de inmigración común porque si un solo país cambia algo, es más difícil atajar el problema. Waldner precisó que son los mismos países de la frontera sur quienes deben hacer más severas sus fronteras y bloquearlas.

 

A la luz de los hechos, no parece que la gestión del ministerio del Interior haya sido tan eficaz como anunció en el Pleno del Senado el anterior titular de esta cartera, José Antonio Alonso, que afirmó que el Ejecutivo trabajaba para reforzar las fronteras, principalmente el sistema de vigilancia del Estrecho y las islas Canarias y actuando en Europa para hacer posible el proyecto 'Omega', es decir, la ayuda a Marruecos para que desarrollen también sus propios procesos de control. Según sus propias palabras "El Gobierno y el Ministerio de Interior sí han puesto en marcha una serie de medidas para mejorar el control de fronteras, que tienen un doble carácter estructural porque es prioridad política del Ministerio de Interior el control de flujos de inmigración ilegal y contigencial como motivo de este proceso extraordinario de normalización" (28 febrero de 2005).

 

 

A estas alturas del desastre, todo lo que pudimos saber por boca de Jesús Caldera, el último ministro en comparecer siendo un asunto de su más directa competencia, es que  la crisis de los cayucos es un “aspecto colateral”. Ni tan siquiera sus socios de gobierno como ERC están dispuestos a pasar este comentario. Su comparecencia ante los periodistas dejó caer algunas perlas dignas de mención, tales como que cuando gobernaba el Partido Popular a los inmigrantes se les ponía directamente en la calle, que las ONGs subvencionadas por el Gobierno se están encargando de ejecutar la mayoría del trabajo que se desarrolla en la península, y que la implicación de la UE es adecuada aunque podría implicarse un poco más.

 

Quizá hubiera sido mejor que el ministro hubiera seguido de vacaciones. Lo que es claro es que tanto el SUP como  la Conferencia Española de Policía (CEP) aseguran que este desastre es consecuencia del efecto llamada provocado por la regularización masiva de sin papeles llevada a cabo hace un año. Pero lo peor del caso, es que esta situación puede llevar en breve espacio de tiempo a situaciones de inseguridad y xenofobia entre una población que tiene la sensación de que está siendo víctima de una invasión día a día.

 

El secretario de organización del SUP, mayoritario en el Cuerpo, José Manuel Sánchez Fornet, calificó de "fracaso rotundo" la política de inmigración iniciada por el actual Gobierno con la regularización de inmigrantes irregulares que legalizó a más de un millón de 'sin papeles' instalados en nuestro país. "Dar papeles aumenta las expectativas de trabajar en España para ciento de miles de inmigrantes irregulares ya no sólo de África, sino de toda Europa", dijo en declaraciones a Europa Press.

 

 

Por muchas declaraciones, viajes, idas y venidas de ministros e inmigrantes por el mapa de España, hasta el más incondicional del presidente Zapatero está de acuerdo en admitir que el Gobierno ha empezado tarde y mal y parece no haberse enterado de cuál es el problema que estamos padeciendo. Un problema que ZP no ha enfrentado cara a cara en ningún momento del verano.

 

Las cifras siguen siendo testarudas: el portavoz de Coalición Canaria-Nueva Canaria, Paulino Rivero, denunció a finales de agosto que ya hay unos 100.000 inmigrantes en África con expectativas de llegar a España,  unos 15.000 cayucos en Senegal dispuestos a ser utilizados, a un precio de 5.500 euros por embarcación.

 

A pesar de que es de todos conocida la situación de pobreza del continente africano, que es la principal motivación que empuja a miles de jóvenes a jugarse la vida en el mar, hay que tener presente que la OCDE y el Banco Africano de Desarrollo concluyen  que la actividad económica en África ha aumentado casi un 5% en 2005, y se prevé que crezca hasta un 5,8 y 5,5 % en 2006 y 2007 respectivamente.

 

Las perspectivas de la mayor parte de África siguen siendo las mejores desde hace muchos años. La expansión global continuada — con la demanda sostenida de petróleo y otras materias primas industriales a precios más elevados —, el importante aumento de la ayuda oficial al desarrollo en África, propiciado en gran parte por el alivio de la carga de la deuda y el incremento de la ayuda para emergencias, y la mayor estabilidad macroeconómica han contribuido a esta buena perspectiva económica.

 

Además, el crecimiento se ha visto impulsado por un aumento en la producción petrolífera en África meridional y central y por una cierta mejoría en cuestiones de seguridad.

 

La inflación se ha mantenido en cifras históricamente bajas a pesar del aumento del precio del petróleo. La balanza comercial ha mejorado en muchos países, siendo los exportadores de petróleo y de minerales metálicos los que han tenido mayores ganancias, mientras que otros países se han visto perjudicados por el aumento del coste total de las importaciones y la bajada de precios de algunos productos agrícolas, sobre todo el cacao y el algodón. Las ganancias resultantes del aumento del precio de los productos básicos han mejorado las finanzas públicas, especialmente en los países exportadores de petróleo.

 

Estas ganancias se tendrán que manejar con cuidado, destinando una buena porción al transporte y a otras infraestructuras, además del desarrollo de recursos humanos, de forma que se cree una base de crecimiento económico sostenido para cuando se estabilice el actual boom de los productos básicos.

 

Por ello, es claro que aunque al continente negro le queda mucho camino por recorrer, la situación ha mejorado algo y por ello,  el conocimiento de estos datos lleva a pensar que el anuncio seis meses antes del proceso de regularización hecho por la Administración zapatero a bombo y platillo, ha facilitado el agosto de las mafias.

 

Zapatero tiene que entender de una vez que gobernar es algo más que poner en marcha ideas geniales. Respecto a este asunto, lo que debe hacer es promover ya una política más agresiva de expulsiones y de dejar claro en los países de origen que España no legalizará fácilmente a los inmigrantes que lleguen.

 

Eso sin contar con todos los procedentes de los países de Europa de Este que saben que en dos años obtendrán su permiso de residencia. Pero esto es asunto de otro artículo.