Las elecciones democráticas, extraordinariamente competitivas, que se llevaron a cabo en México el 2 de julio son, quizás, el mayor legado del presidente saliente Vicente Fox Quesada. Hace seis años, Fox derrotó a la maquinaria política del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que llevaba más de setenta años en el poder. Su audaz campaña y sorpresiva victoria generaron expectativas de que su gobierno, orientado a la realización de reformas, lograría grandes progresos en la modernización, tanto económica como política de México. En realidad, Fox y su equipo decepcionaron a la mayoría de los mexicanos. Sus partidarios se frustraron porque Fox no actuó con decisión a la hora de aumentar la competitividad de la economía de México y de mejorar la rendición de cuentas del gobierno. Aquellos que se mostraban escépticos con relación a la economía liberal de Fox, desde el comienzo notaron que su programa no lograba generar ni los trabajos ni las oportunidades que se había esperado.

 

En ese contexto, se podría decir que hasta el último de los 42 millones de mexicanos que se presentaron a los comicios en julio lo hizo para lograr un cambio. Esa es la realidad que Felipe Calderón debe tener clara desde el momento en que asuma la presidencia. Calderón, que trabajó como secretario de energía en el gabinete de Fox, ganó a pesar de lo hecho por el presidente saliente. Un año atrás, era impensable que el Partido Acción Nacional (PAN) pudiera seguir en el poder. Si se mantuvo dentro de la competencia, fue sólo gracias a una serie de victorias de Calderón, baluarte del partido, en elecciones regionales primarias, en las que logró quedarse con la candidatura derrotando, en forma muy ajustada, a Santiago Creel, el candidato favorito de Fox para la sucesión. Por otra parte, si se hubiera permitido a los afiliados del PRI elegir a su candidato de entre el grupo los gobernadores de estado, modernos y capacitados, el PRI, otrora omnipotente, habría obtenido más del 22% de los votos en las elecciones nacionales. Por desgracia, el jefe del partido, Roberto Madrazo, se quedó con la candidatura del PRI como si formara parte de su propiedad personal, y los votantes nunca aceptaron como agente del cambio a este “dinosaurio” arquetípico.

 

La candidatura del Partido de la Revolución Democrática (PRD), una organización de izquierda, quedó en manos del popular jefe de gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, conocido de manera universal por sus iniciales, AMLO. Al acercarse el día de la elección, tenía la presidencia en sus manos: gracias a su estilo beligerante, se había granjeado el apoyo devoto de los votantes de izquierda y de los habitantes pobres de zonas urbanas. De hecho, ganó cerca de 60% de los votos de la capital, en comparación con el 35% que logró a nivel nacional. El PAN y el PRI lograron generar dudas, en el electorado más cauto y conservador de México, de que el populista AMLO no gobernaría bien ni en forma responsable.

 

Por la mañana del día de la elección, domingo 2 de julio, en la mayoría de las encuestas creíbles AMLO estaba al frente o empatado. Los analistas informados creían que, por lo menos, los encargados de las encuestas minimizaban el apoyo con el que contaba AMLO, subestimando la cantidad de habitantes pobres, entre los cuales el candidato del PRD obtenía el mayor respaldo a su postulación. A la final, todo indica que el PAN tuvo mucho éxito a la hora de llevar a sus votantes a las urnas, en especial en los estados del norte de México. Además, el PAN y Calderón lograron convencer a muchos votantes del PRI interesados en las reformas de que no desperdiciaran su voto en Madrazo.

 

 

Los llamados de AMLO a que la gente tome las calles para presionar a las autoridades electorales de México a fin de lograr un recuento de los votos, confirman las peores sospechas: AMLO no respeta las instituciones ni las reglas del juego. Ha incrementado la presión, y amenaza con mantener las protestas masivas en la plaza principal de la Ciudad de México hasta que las autoridades electorales ordenen un recuento voto por voto. El 16 de julio, AMLO se dirigió a cerca de 1,1 millón de manifestantes y los incitó a comenzar una semana de resistencia civil, y anunció una nueva manifestación planeada para el 30 de julio. Por desgracia, AMLO no está atacando únicamente a los resultados, ya que ni siquiera un recuento voto por voto lograría satisfacer sus demandas. Ha acusado al Instituto Federal Electoral, respetado internacionalmente, de manipular el escrutinio, y ha amenazado con socavar aún más el estado de las instituciones electorales de México al decir que jamás aceptará la legitimidad de la victoria de Calderón, incluso si un recuento nacional de tal envergadura confirmara el resultado original[1].

 

De hecho, a pesar de haberse tratado de una elección extremadamente disputada, el aparato electoral de México, muy moderno y centralizado, no deja espacio para fraudes y manipulaciones: tanto la credencial de elector como los padrones impresos para cada mesa de votación tienen una fotografía del ciudadano, y las credenciales incluyen huellas digitales y tecnología a prueba de manipulaciones. Las boletas de papel se cuentan en 130.000 mesas de votación, y los resultados se comparten con los representantes de todos los partidos. Luego de unas horas, los resultados de cada mesa se publican en un sitio web de la autoridad electoral. El resto no es más que aritmética, y las sumas no dieron positivamente para AMLO: Calderón ganó con 15.000.284 votos (35,89%), mientras que AMLO obtuvo 14.756.350 votos (35,3%) y Madrazo 9.301.441 votos (22,3%). Estos resultados, calculados por el Instituto Federal Electoral, que es profesional y no responde a ningún partido, deben ser certificados por el Tribunal Federal Electoral antes del 6 de septiembre y, si bien el tribunal tiene amplias atribuciones para gestionar las quejas, la mayoría de los expertos cree que un recuento nacional no es ni probable ni pertinente.

 

AMLO debe saber que sus exagerados alegatos de fraude sólo sirven para socavar la confianza en el gobierno de México. Sus opositores del PRI y del PAN también lo saben, y deben tener más claro que nunca que las instituciones de México eludieron un peligro político de envergadura gracias a la ajustada derrota de este populista irascible.

 

Paradójicamente, es posible que el circo incendiario de AMLO esté ayudando a Calderón en la tarea de poner en marcha una serie de reformas urgentes. Los miembros responsables del PRI deben comprender que, a menos que la clase política trabaje junto con Calderón para ayudarlo a lograr implementar cierto nivel de reformas, crecimiento económico y progreso social, AMLO y su programa radical afectarán la estabilidad de México durante muchos años.

 

El fenómeno de AMLO no es sorprendente, ya que representa una oposición ideológica a la economía liberal y a la democracia institucional. De hecho, es justo decir que López Obrador tenía toda la razón al criticar la estructura de poder existente en México por su incapacidad para satisfacer las necesidades básicas de la mayoría pobre del país. La desigualdad en México es pronunciada: en términos de riqueza, el 10% superior de los mexicanos se reparte el 43,1% del ingreso nacional total, mientras que al 20% inferior le corresponde sólo el 3,1%. Peor aún, desde 1980 la brecha se ha acentuado, a medida que los mexicanos ricos se apropiaron de los beneficios del crecimiento y los pobres fueron quedando cada vez más y más relegados[2].

 

El peligro de la candidatura de AMLO no radicaba en su larga lista de malas ideas, sino en su total falta de ideas nuevas para solucionar la injusticia y la pobreza estructural, muy reales, a las que se refirió con tanto ímpetu durante su campaña. Ahora es el turno de Calderón de abordar esos retos directamente y con la urgencia que merecen.

 

 

A diferencia de AMLO y Madrazo (e incluso del presidente Fox), Calderón parece reunir esa combinación, tan difícil de encontrar, de principios, buenas ideas, e ímpetu político que será necesaria para hacer frente a los abrumadores desafíos de México. Transmitió esas ideas al electorado y ganó por una diferencia ínfima. Sin embargo, para que Calderón cumpla con sus promesas, será necesario que cuente con el apoyo y la buena fe de todos los miembros responsables de la clase política de México.

 

 

Aparentemente, el PAN de Calderón ganó 206 de los 500 escaños de la Cámara de Diputados y 52 de los 128 del Senado. La Coalición Por el Bien de Todos de AMLO contaría con 159 diputados y 36 senadores. La Alianza por México (que incluye al PRI) tendrá 122 diputados y 39 senadores. López Obrador se siente muy cómodo representando el papel de oposición desleal, y es probable que exija disciplina partidaria absoluta a sus representantes en el Congreso. Por consiguiente, es probable que Calderón tenga que acudir al PRI para obtener la mayoría para lograr la aprobación de paquetes de reformas o para reformas específicas. La tarea será ardua, pero desde antes de la elección Calderón ha dejado en claro que está dispuesto a formar coaliciones.

 

El PRI está atravesando un período de introspección, comprensible si tenemos en cuenta que el 2 de julio descubrió que el “piso” de votantes leales con el que creía contar estaba cerca del subsuelo en términos políticos. Incluso los oponentes más fervorosos de Madrazo dentro del PRI deben de haberse sorprendido por el pobre desempeño del partido. Deben ponerse en pie para enfrentar la tarea que tienen por delante, la de aprovechar lo que queda de su partido nacional. La clave para el PRI estará en lograr una nueva generación de gobernadores y personas con capacidad comprobada para ganar elecciones, a fin de quitarles el dominio del partido a los viejos jefes, que no están en contacto con la realidad actual de México. A menos que quienes lideran el PRI quieran que los resultados de las elecciones consignen al partido a ser la opción de los pobres de zonas rurales, opacado permanentemente por AMLO y el PRD, deben encontrar la manera de jugar un papel relevante en un programa positivo que demuestre que los problemas de México pueden abordarse sin necesidad de destruir las instituciones del país. Y es eso, precisamente, lo que Calderón pretende lograr. Los resultados de las elecciones parlamentarias parecen indicar que esa transición ya se está gestando a nivel local. Si bien, a nivel nacional, Madrazo sólo recibió 22,3% de los votos para presidente, la Alianza por México tuvo un desempeño mucho mejor a nivel parlamentario: 28,2% de los votos para candidatos a diputados y 28,1% para el Senado.

 

 

La economía de México es una de las doce mayores del mundo, y su tasa de crecimiento de los últimos años se ubica entre 4% y 5%. Se ha beneficiado con el aumento de los precios del petróleo y su desempeño, en términos de competitividad, es mejor que el de la mayoría de los países de América Latina. Las malas noticias son que la economía de México no está creciendo a un ritmo que le permita crear trabajos de manera acorde con el crecimiento de la población. A pesar de ser un país rico en recursos energéticos, aún importa electricidad y gasolina. La mitad de los 100 millones de ciudadanos de México vive en la pobreza. Son muchísimos los que forman parte del sector informal del país, debido a que el estado no ha generado condiciones suficientes para aprovechar su espíritu emprendedor. Por ejemplo, abrir una empresa en México lleva, en promedio, 58 días, mientras que en Estados Unidos sólo lleva cinco [3]. Por ello, no debería sorprendernos que más de un cuarto de la fuerza laboral esté empleado en el sector informal. Además, la segunda mayor fuente de capital de México son las personas que han abandonado el país para conseguir trabajo en el exterior. Es evidente que la autocomplacencia de la clase política sólo puede generar un desastre en México.

 

Calderón ha hecho lo que pocos líderes políticos de América Latina estarían dispuestos a hacer: en su campaña presidencial dijo claramente que el libre mercado y el capital privado son los motores del crecimiento y la solución para la pobreza, y ha aceptado la culpa, en representación de toda la clase política de la nación, de haber decepcionado al pueblo. Propuso una fórmula basada en el mercado para generar empleos: afirma que la responsabilidad del estado es mantener la estabilidad económica, construir un verdadero estado de derecho, crear un entorno competitivo para los negocios, promover el desarrollo regional, e invertir en programas sociales que garanticen la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. Calderón postula que son esas políticas responsables las que atraerán las inversiones que hacen falta para generar empleos para los mexicanos.

 

Con miras a mantener la estabilidad macroeconómica, Calderón propone una fórmula política ortodoxa, que incluye bajas tasas de interés, inflación controlada, tipos de cambio estables, y finanzas públicas ordenadas. También comprende el rol fundamental que cumplen las instituciones sólidas para el logro del crecimiento económico sostenido. “El marco institucional establece las reglas del juego, y es así que las instituciones generan certidumbre y orden,” explicó Calderón durante su campaña. “Estas reglas deben ser claras, justas, y debe existir la certeza de que serán respetadas por todos.”

 

“La generación de empleos bien pagados es la única solución sostenible a la migración por falta de oportunidades,” dice Calderón. El nuevo presidente de México también sabe que la competencia efectiva por el capital privado es esencial para el crecimiento económico.

 

“Lamentablemente, nuestro país está perdiendo competitividad y, con ello, la capacidad de atraer inversión y generar empleos [4].” Calderón se ha quejado de que la legislación laboral de México es “extremadamente rígida”: el costo de reemplazar a un empleado es tan prohibitivo que no se generan empleos en el sector formal. También advierte que los salarios no reflejan ni la productividad ni la eficiencia en el trabajo. Para que México pueda competir por la preciada inversión, es necesario reformar su anticuada legislación laboral.

 

La ineficacia del programa fiscal constituye otro de los obstáculos que dificultan la creación de empleos y la competitividad económica, y Calderón espera aplicar nuevas medidas que permitan mejorar tanto la recaudación de impuestos como el gasto público. En su propuesta “100 acciones para los primeros 100 días de gobierno”, Calderón enfatiza la importancia de un presupuesto equilibrado que priorice el gasto en inversión por sobre la burocracia, en especial en relación con aquellos servicios redundantes o duplicados. A fin de aumentar la recaudación de impuestos sin incrementar la carga para el contribuyente, Calderón propone un sistema de pagos más sencillo. Además, el aumentar la proporción de trabajadores de México que se desempeñan en el sector formal también debería ser positivo para la recaudación fiscal. En otro orden de cosas, ha propuesto bajar el impuesto sobre la renta del 29% a una tasa entre 15% y 20%, a fin de asemejarse más a los estándares internacionales.

 

La salud fiscal de México es inseparable del estado de su sector energético, en manos del estado. Como ex secretario de energía, Calderón observa que, a pesar de las pequeñas reformas aplicadas, México no produce la cantidad y la calidad de energía a precios competitivos que necesita un país en desarrollo. Menciona la legislación que prohíbe que la empresa petrolera de México, PEMEX, establezca sociedades con otras empresas, debido a la cual no puede aprovechar nuevas fuentes de capital y tecnología que serían de mucha utilidad, incluyendo la explotación del 80% de las reservas petroleras del país, que se ubican en yacimientos de aguas profundas. Calderón ha propuesto una gran reestructuración del sector energético de México, a fin de hacerlo más competitivo y productivo, mediante medidas que incluyen la autorización para que PEMEX reinvierta una mayor proporción de sus recursos en exploración e infraestructura y pueda formar alianzas estratégicas con otras empresas del sector.

A fin de solucionar la desigualdad y la pobreza estructural, Calderón se ha comprometido a expandir la cobertura de aquellos programas existentes cuya eficacia esté comprobada para solucionar deficiencias crónicas en vivienda, atención médica y educación. También señala la importancia de la pequeña y mediana empresa para la economía del país, por lo que promete que éstas tendrán mayor acceso a capital, tecnología, capacitación y contratos con el gobierno.

 

Quizás aún más importante es la promesa de Calderón de aplicar de manera estricta el estado de derecho, que abarca desde combatir la corrupción que retrasa el cre-cimiento económico hasta confrontar el crimen en las calles y el tráfico de drogas, que amenazan las vidas y las instituciones en México.

 

 

Calderón ha presentado un programa ambicioso y exhaustivo para abordar los principales problemas de su país. Aunque la mayoría de sus propuestas, si no todas, será objeto de aguerridos debates partidarios entre los tres principales partidos, los mexicanos deben exigir que sus líderes políticos pasen del disenso al consenso y del debate a la acción en los temas claves, de lo cual dependerá el éxito o el fracaso de su gran nación.

 

Desde ya, el éxito o el fracaso de Calderón tendrá un efecto muy notable sobre la prosperidad y la seguridad de Estados Unidos. Sin embargo, serán los mexicanos quienes sufran la peor parte si sus líderes no logran ponerse de acuerdo para construir una economía digna del siglo XXI. El hecho de que 10% de la fuerza laboral de México se haya visto obligado a abandonar su país para sobrevivir demuestra el altísimo precio que un liderazgo ineficaz e indiferente significa en términos de recursos humanos.

 

Algunos cínicos han llegado a decir que la habilidad de “exportar” 10 millones de mexicanos (que no sólo no utilizan los servicios públicos básicos, sino que además envían remesas a sus familias por un valor de US$ 30.000 millones) sirve para perpetuar el status quo y beneficia a una clase privilegiada y autocomplaciente de mexicanos que, obviamente, no ve el aspecto positivo de un cambio radical. Sin embargo, si la poderosa elite de México no ayuda a Calderón en la construcción del consenso nacional en relación con las reformas estructurales y de largo alcance que hacen falta, puede verse atrapada para siempre en el tercer mundo, con una generación completa de hombres y mujeres trabajadores que no tienen más opción que buscarse una vida en otros países.