(Publicado en New York Sun, 29 de agosto de 2006)

 

 

 

Dos días después del 10 de agosto - cuando las autoridades británicas desbarataron un complot en ciernes para volar por los aires múltiples aviones comerciales sobre el Océano Atlántico - el estamento musulmán "moderado" de Gran Bretaña publicó una agresiva carta abierta al Primer Ministro Tony Blair.

 

Sugería que Blair podría luchar contra el terrorismo mejor si reconocía que la presente política gubernamental británica, especialmente con respecto a "la debacle de Irak" proporciona "munición para extremistas". Los redactores de la carta exigían que cambiase su política exterior para "hacer que todos estemos más seguros". Un destacado firmante, el diputado Laborista Sadiq Khan, añadía que la reticencia de Blair a criticar a Israel incrementaba la reserva de personas de la que los terroristas pueden reclutar.

 

En otras palabras, los islamistas que trabajan dentro del sistema rentabilizaban el complot del terror islamista frustrado con el fin de presionar al gobierno británico para implementar sus deseos conjuntos e invertir la política británica en Oriente Medio. Los islamistas legales sin vergüenza presionaban con la casi muerte de miles para impulsar su agenda.

 

A pesar de sus temores fundados de inquietud en la calle musulmana, el gobierno Blair rechazó tajantemente la carta. La Secretario de Exteriores Margaret Beckett la llamó "el error más grave posible". El encargado de la Oficina de Exteriores Kim Howells la desechó como "superficial". El Secretario de Interior John Reid juzgaba "un error de juicio total [pensar que] la política exterior de este país debe ser modelada en parte, o en conjunto, bajo la amenaza de la actividad del terrorismo". El Secretario de Transporte Douglas Alexander rechazaba la carta como "peligrosa y precipitada".

 

Sin darse por aludido, el estamento musulmán "moderado" presionó aún más en el frente nacional. En una reunión del 14 de agosto con altos representantes gubernamentales, incluyendo al primer ministro en funciones, hacía dos exigencias adicionales: que un par de festividades religiosas islámicas se convirtieran en fiestas oficiales y que las leyes islámicas relativas a la vida marital y familiar se aplicasen en el Reino Unido. Un musulmán presente en la reunión advertía más tarde al gobierno contra cualquier plan de fichar a los pasajeros de los aeropuertos, por temor a que esta medida radicalizase más a los jóvenes musulmanes.

 

¿Por qué estos ultimátums y por qué en este momento? El líder de la delegación musulmana del 14 de agosto, Syed Aziz Pasha, explicaba la lógica de su grupo: "Dijimos [a los políticos] si nos concedéis derechos religiosos, estaremos en una posición mejor para convencer a los jóvenes de que son tratados con igualdad con respecto a otros ciudadanos". Más amenazadoramente, Pasha amenazaba a los líderes del gobierno. "Estamos dispuestos a cooperar pero debería haber una sociedad. Deberían comprender nuestros problemas, después entenderemos sus problemas".

 

La prensa reaccionaba furiosamente a estas exigencias. Polly Toynbee, del Guardian, condenaba la carta abierta como "arriesgadamente próxima a sugerir que el gobierno se lo merecía". Sue Carroll, del Daily Mirror, retrataba la posición de Pasha como "peligrosamente próxima al chantaje".

 

Esta no fue la primera tentativa de traducir la violencia islamista en rentas políticas por parte de líderes musulmanes británicos "moderados" a la gresca política. Lo mismo sucedía, aunque menos agresivamente, después de los atentados de julio del 2005 en Londres, donde a instancias de la muerte de 52 inocentes exigían sacar a las fuerzas británicas de Irak.

 

Esa presión sí tuvo éxito, y de dos maneras principales. En primer lugar, la Oficina de Interior difundió posteriormente un informe redactado por musulmanes "moderados", "Prevenir juntos el extremismo", que aceptaba formalmente este enfoque apaciguador. Como resume el documento Dean Godson, de Policy Exchange, el terror islamista "brindó una maravillosa e inesperada oportunidad para que estos moderados exigieran al Estado más poder y dinero".

 

Imponer condiciones a instancias del terror funcionó, en segundo lugar, en que una encuesta reciente muestra que el 72% de los sujetos británicos acepta ahora la opinión islamista de que "el respaldo a la acción en Irak y Afganistán" por parte de Blair ha convertido a Gran Bretaña en un objetivo más probable para los terroristas, mientras que un nimio 1% afirma que las políticas han mejorado la seguridad del país. El público respalda con solidez a los islamistas, no al primer ministro.

 

He argumentado que el terrorismo obstruye en general el proceso del Islam radical en Occidente estimulando la hostilidad hacia los musulmanes y colocando a las organizaciones islámicas bajo un escrutinio no deseado. Tengo que admitir, sin embargo, que las pruebas de Gran Bretaña - donde el terrorismo del 7 de julio inspiró más auto recriminación que furia contra la jihad - sugieren que la violencia también puede reforzar al islamismo legal.

 

Y he aquí otra reconsideración: mientras que sostengo que el futuro de Europa - ya sea continuar en su identidad cristiana histórica o convertirse en un anexo del Norte de África musulmán - aún es una cuestión abierta, el comportamiento del público británico, el eslabón más débil de la cadena occidental, sugiere que, cuando menos, puede estar demasiado confundido como para resistirse a su destino de Londrenistán.