A medida que pasan los días y no se encuentra una solución para desatascar la cuestión de Irak en el Consejo de Naciones Unidas, donde una nueva resolución que dé luz verde a una intervención militar contra Saddam parece una posibilidad remota, comienzan a oírse voces próximas al gobierno español que argumentan a favor de una participación española en la intervención limitada a su fase diplomática, como hasta ahora, y, como mucho, con ofrecer apoyo logístico –el uso de las bases españolas- a las tropas norteamericanas, pero nada más. La lógica subyacente es que sin mandato de Naciones Unidas, España no debe comprometerse con una actuación al margen del sistema de la ONU y de la legalidad internacional. Se trata de una opinión comprensible a tenor de la contestación social contra la guerra, pero es equivocada. A estas alturas del problema, retraerse en nuestro compromiso tendría más efectos negativos que positivos.

 

En primer lugar, por un principio de coherencia. La política declaratoria del Presidente Aznar y del Gobierno ha consistido en estos meses en la denuncia sistemática del horror que representa Saddam Hussein para su pueblo, del riesgo de sus ambiciones para sus vecinos y de la amenaza que es para la seguridad internacional, particularmente en su potencial conjunción con grupos terroristas a los que podría dotar de armas de destrucción masiva. La retórica del Gobierno ha repetido que desarmar a Saddam era un imperativo moral, político y estratégico y que, incluso, la resolución 1441 era base jurídica suficiente para obligarle por la fuerza a cumplir las demandas impuestas por la ONU desde el 91. Admitir ahora un giro sobre la base de la ausencia de una nueva resolución, políticamente deseable pero no imprescindible, negaría toda la argumentación anterior del Gobierno, haciéndole perder el beneficio de la claridad de sus argumentos.

 

Es más el nivel de retórica utilizada por el Presidente y el Gobierno, decididamente favorable a obligar a Saddam, incluso por la fuerza, a cumplir las resoluciones de la ONU, encuentra su consecuencia lógica en un compromiso material para forzar ese cumplimiento llegado el caso. Es verdad que las capacidades operativas de las fuerzas armadas españolas no pueden compararse con las norteamericanas ni con las británicas, pero si se quiere ser creíble en la arena internacional las palabras deben acompañarse con hechos y estos hechos, en este caso, no son otros que una presencia de unidades militares en el teatro de operaciones de Irak. Sólo con una participación activa, aunque sea minoritaria, puede justificarse el elevado compromiso político con la causa del desarme en Irak. Sería tremendamente llamativo estar en la vanguardia del frente anti-Saddam y quedarse al margen totalmente de las operaciones militares.

 

En segundo lugar, España debe contribuir militarmente para derrocar a Saddam porque nuestros aliados realmente desean esa participación aunque sea numéricamente simbólica. Es más, no se trata solamente de contentar a Estados Unidos, sino de comprender que una aportación nominal española rompería la naturaleza “anglosajona” de la intervención. Este elemento es un valor cualitativo que supera con creces los aspectos cuantitativos de una posible participación militar española, cuya entidad y características nunca podría resultar en una contribución operativa neta a los planes militares del Pentágono.

 

En todo caso, la lógica de no ir a una guerra sin segunda resolución, por una supuesta falta de legitimidad internacional, y sólo prestar el apoyo del uso de las bases cae en una flagrante contradicción: si es una guerra ilegal, ¿por qué dejar que los aviones que la llevan a cabo pasen y despeguen desde suelo español? La ilegalidad no puede parcelarse o graduarse. Desde esos mismos presupuestos el gobierno estaría prestando un  apoyo directo a unas fuerzas interviniendo en una actuación considerada ilegal, algo difícilmente explicable ante una opinión pública que rechaza la acción bélica mayoritariamente.

 

Por último, el Gobierno ha estado desde el principio en esta operación contra la impunidad de Saddam y los costes políticos que le ha conllevado dicha postura ya los ha sufrido. En un escenario temporal de pocos días para el arranque de las acciones militares dar marcha atrás equivaldría a dilapidar la explotación del éxito de la campaña y el lógico derrocamiento de Saddam. La legitimación de la participación española vendrá dada en estos momentos no por la ONU, sino por la liberación del pueblo iraquí y por el descubrimiento de los arsenales secretos de Saddam Hussein. Contribuir a que eso se produzca cuanto antes es el mejor seguro de reducir los daños políticos y posicionarse adecuadamente para explotar la victoria.

 

El Presidente de Gobierno está en lo cierto: Saddam debe ser desarmado y si él no coopera, se le debe forzar a ello, aunque sea acabando con su régimen si no queda otro remedio. Se ha intentado que la ONU se responsabilice de sus propias decisiones y si por causas ajenas por completo a la legalidad internacional y que mucho tienen que ver con intereses nacionales, la ONU es incapaz de hacer cumplir sus resoluciones, el frente anti-Saddam cuenta con la fuerza moral, política y militar para salvar a la ONU del atolladero donde la han situado alguno de sus miembros con derecho de veto. Aznar cuenta en su mano con el sentido común y la razón y lo lógico es llevar su lógica hasta el final. Lo contrario, apearnos en estos momentos de la operación, sería lo ilógico. Sólo se entendería por razones electorales tácticas, lo peor para una argumentación que se ha basado hasta el momento en la claridad moral y en la defensa de los intereses de la comunidad internacional y de España y no de un partido. Será la derrota de Saddam lo que le traiga al PP los réditos, no su repliegue.