Los dirigentes del partido socialista están realizando declaraciones y críticas al gobierno por su postura ante la crisis abierta con el Irak de Saddam Hussein. Dichas críticas se centran en dos aspectos: el supuesto “seguidismo” del Presidente Aznar respecto a Washington; y, en segundo lugar, la falta de información en sede parlamentaria sobre la posición del Gobierno español. Más recientemente, ambas líneas argumentales se han condensado en una nueva: el Gobierno está rompiendo el consenso en política exterior y de seguridad. Sin embargo, estas afirmaciones se apoyan en una interpretación inexacta de nuestra historia reciente.
Para empezar, aunque a todos los políticos les gusta afirmar que la política exterior y de defensa es una cuestión de Estado, esto es, en realidad, más un mito que una realidad. El primer Gobierno de Felipe González estableció de manera unilateral el mal llamado “modelo español” de integración a medias en la OTAN, que no sólo rompía con la línea seguida hasta entonces por la UCD, sino que llevaría a una división nacional con motivo del referéndum de 1986, fórmula de solución de las contradicciones de su propio partido. El famoso consenso también se rompería años más tarde, en 1996, cuando el primer gobierno de Aznar decidió avanzar hacia la total profesionalización de las Fuerzas Armadas, proceso al que se oponía el PSOE. Y en ninguno de estos casos se pusieron en peligro las bases de la acción exterior española, ni su imagen.
En relación a la política de consenso, el partido socialista estima que es necesario contar con él antes de adoptar decisión gubernamental alguna cuando, en realidad, lo importante es obtener el consenso no como un prerrequisito, sino como el resultado de un proceso. Así ocurrió en el 96 con la integración plena de España en la OTAN. De lo contrario, tal como se desprende de la actitud de la oposición, el consenso se convierte en un mecanismo para gobernar cuando no se está en el ejercicio del poder.
En cuanto al supuesto “seguidismo”, la oposición oculta que su disconformidad es con la línea de acción elegida soberana y legítimamente por el Gobierno. Es más, es un hecho objetivo que hoy España goza de una amplitud de opciones mucho mayor que, por ejemplo, en 1991, donde la alternativa del gobierno de González era Estados Unidos o Estados Unidos; o 1995, en Bosnia, cuando las opciones se reducían a secundar lo que París y Berlín decidían. Hoy Aznar puede actuar con mayor libertad ante Washington, porque teóricamente hay una Europa más fuerte; y en Europa, porque es un aliado creíble de los Estados Unidos. Su curso de acción en la actual crisis con Irak no parece motivado por un intercambio obligado de favores, sino por una decisión racional y deliberada. Otra cosa es que se discrepe de la misma.
Por último, en cuanto a lo tocante con la presencia del Presidente Aznar en el Congreso de Diputados, cabe recordar que la práctica instituida desde agosto de 1991 es que el Presidente informa a posteriori de sus compromisos internacionales. Es más, con la primera utilización en combate de los F-18 españoles sobre Bosnia, la presencia del Gobierno se redujo a una comparecencia conjunta de los ministros de Exteriores y de Defensa semanas más tarde de los bombardeos.
Es cierto que las circunstancias actuales y el nuevo tipo de implicaciones de las Fuerzas Armadas españolas podrían hacer conveniente la revisión de los mecanismos parlamentarios instituidos por el PSOE en su día y seguidos por el PP desde 1996. Pero eso exigiría antes una modificación profunda de la cultura política y hacer que los temas de seguridad y defensa, con o sin consenso previo, no sean utilizados como arma arrojadiza para los procesos electorales, como parece ser el caso hoy.
En todo caso, dentro del marco actual de obligaciones parlamentarias del ejecutivo, el Presidente del Gobierno ya ha anunciado que informará al pleno del Congreso sobre la situación con Irak y su postura ante la misma el próximo día 5 de febrero. Pedirle que lo hiciera antes, sin haber sucedido las deliberaciones en el Consejo de Seguridad de la ONU sólo podía interpretarse como un deseo ingenuo de la oposición en el mejor de los casos o, en el peor, como una instrumentación del tema para criticar más al Gobierno, justo lo contrario de lo que se dice defender, el consenso en materia exterior.
España es un país que sigue padeciendo su falta de conciencia de defensa y de cultura estratégica. Es en las situaciones de crisis como la que se vive en estos momentos donde Gobierno y oposición deberían ejercer una mayor pedagogía pública a fin de ir sedimentando esa sensibilidad por lo internacional y estratégico tan común en nuestros vecinos. Andándose por las ramas de lo formal y evitando entrar en el fondo del asunto, tal y como se le plantea la critica al Gobierno, no se le presta ningún servicio a la sociedad.