Desde el primero de enero de 2003 España ocupa por dos años un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El período que se abre no deja de ser interesante a la vez que problemático pues hay cuestiones a tratar en la Organización que afectan a nuestro país de manera directa, como es el futuro del Sáhara y la omnipresente amenaza de que Marruecos aspire a reintroducir en los debates su reclamación sobre Ceuta y Melilla. Pero también porque en la próximas semanas Naciones Unidas, vía su Consejo de Seguridad, tendrá que definirse sobre los resultados de las inspecciones que se están llevando a cabo en Irak bajo la resolución 1441 de noviembre del año pasado y, por ende, sobre la po­sibilidad de una acción armada contra el régimen de Saddam Hussein.

 

El Gobierno español, por boca de su propio presidente, ya ha hecho saber que se alinea con Estados Unidos porque cree que sus postulados son razonables, a saber, que Saddam está incumpliendo con el mandato de la comunidad internacional desde 1991, que Saddam ha estado engañando a Naciones Unidas y que, en contra de sus compromisos, ha tratado de dotarse de armamento nuclear y ha desarrollado programas clandestinos con este fin, así como para hacerse con un arsenal químico y bacteriológico; y que se tiene que hacer respetar las condicio­nes impuestas por la ONU en el 91 y lograr de una manera eficaz y verificable el desarme iraquí. Igualmente se entiende que la resolución 1441 sólo significa dar una última oportunidad a Saddam para cortar con su pasado y comenzar a respetar sus obligaciones con la ONU.

 

La postura del Gobierno español es clara y rotunda, pues entre Bush y Saddam la opción es clara: la condena y el rechazo a Saddam, quien ha mentido sistemáticamente, quien viola con total impunidad los derechos más elementales, quien ha sido una amenaza constante para la paz regional y quien puede llegar a ser un se­rio riesgo para la estabilidad internacional si logra dotarse de armas de destrucción masiva. Sin embargo, el Gobierno español se topa con una sociedad poco proclive a actuaciones militares, que considera lejano el escenario de riesgo iraquí y a la que le falta un punto de credulidad para entender el porqué y el ahora de una inter­vención contra el Irak de Saddam Hussein. Como ha reflejado un reciente estudio de opinión realizado por el Real Instituto Elcano, el 60% de la población española apoyaría un ataque contra Saddam si se demostrara que éste tiene armas de des­trucción masiva, pero el rechazo generalizado, por principio, de tal eventualidad significa que mayoritariamente la opinión pública española no tiene información suficiente al respecto y que no cree en la inmediatez de la amenaza.

 

Tanto si a finales de enero, cuando los inspectores de UNMOVIC y de la AIEA, eleven sus conclusiones al Consejo de Seguridad, éste decide que no es necesaria una nueva resolución para atacar a Saddam, como si decide que éste está en violación flagrante de sus obligaciones y que no ha cumplido en estos dos últimos me­ses con las condiciones para su desarme, España tendrá que motivar su postura en la ONU. Esa puede ser la ocasión perfecta para realizar una necesaria tarea de pe­dagogía pública en nuestro país.

 

El mensaje debe ser claro y sencillo:

 

1)      la resolución 1441 no es más que la última oportunidad para que Saddam modifique su actitud y cumpla con los sucesivos compromisos de desarme asumidos formalmente desde el 91 y desde esa misma fecha violados sistemáticamente;

2)      lo verdaderamente importante es el desarme de Saddam y no su disposición a colaborar con los inspectores de UNMOVIC. Saddam es un experto en aparentar una buena disposición y, al mismo tiempo, seguir engañando acerca de sus programas clandestinos.

3)      demostrar algo en positivo, esto es, que tiene armas de destrucción masiva, no es una tarea sencilla, pero ejecutar con éxito el mandato de los inspectores, es decir, demostrar que no las tiene, es prácticamente impensable;

4)      que las decisiones en el seno de las Naciones Unidas no responden a criterios jurídicos o al reconocimiento de una ley interna­cional, sino a puros intereses nacionales basados en criterios políticos. Si el con­senso político para acabar con la amenaza de Saddam se fragua en otra parte eso no le resta legitimidad;

5)      por último, si la ONU se muestra incapaz de hacer frente a Saddam sólo estará poniendo de relieve su propia inoperancia y, con ello, po­niendo en peligro la seguridad de la comunidad internacional, es decir, de todos nosotros.