Cuando parecía que la calma se había impuesto en Ceuta y Melilla después de las avalanchas sufridas a finales del 2005, los inmigrantes africanos han vuelto a tratar de entrar en Europa a través de estas dos ciudades españolas, asalto que demuestra una vez más, la enorme vulnerabilidad de nuestras fronteras y de nuestro sistema legal al respecto.
La falta de recursos de acogida sigue siendo un problema, así como la carencia de ideas para atajarlo. Llama poderosamente la atención comprobar cómo nuestros vecinos del sur saben cómo bordear la ley con elementos tan simples como declararse argelinos en vez de marroquíes, a sabiendas de que España todavía no tiene un acuerdo de repatriación formalizado con Argelia.
Es sorprendente también escuchar los testimonios de algunos jóvenes que saben utilizar el argumento del asilo político para permanecer en España. Saben asimismo las ventajas que representan las 17 modelos autonómicos con competencias propias.
Pero sobre todo, es preciso saber también la realidad de miles de menores sobre todo, marroquíes, que cruzan el Estrecho con total impunidad, porque saben que una vez pasado el tiempo reglamentario de acogida, se quedarán en España, jugando con la débil barrera que separa la humanidad y los derechos humanos, con la ilegalidad.
Tienen muchas cosas a su favor, juventud, ganas y optimismo. La otra cara de la moneda son las condiciones infrahumanas en las que muchas veces permanecen. En cualquier caso, estos jóvenes desarraigados serán el día de mañana formarán parte de nuestro tejido económico y social. ¿Cómo son y cómo se mueven?
Nada que perder
A menudo centramos la atención en todos esos ciudadanos adultos que cruzan nuestras fronteras, olvidando que son muchos menores de 18 años los que llegan a Europa vía España empujados por la situación socio económica miserable en la que se encuentran en sus países de origen.
Para hacernos una idea bastan tres datos: Marruecos es el principal “exportador” de menores ilegales hacia España. Solo en el primer semestre de 2005, la Administración acogió a dos mil quinientos menores no acompañados. En 2004, se llegó a rozar la cifra de diez mil.
En el país vecino, el 73% de los niños trabajan antes de cumplir la edad laboral, los 15 años, en condiciones muy precarias, que no les reporta experiencias positivas de aprendizaje o inserción en la vida social regular del país. Se trata de trabajos que permiten aportar algo a la subsistencia de su entorno familiar. Son jóvenes cuya escolarización es irregular, llegando a ser incluso, inexistente. La oficina Económica y Comercial de España en Rabat asegura que el 52% de la población es analfabeta (Guía País Marruecos
http://www.icex.es/staticFiles/Marruecos_7204_.pdf ).
Ante este panorama, no parece que haya nada en su país que les permita observar un horizonte de futuro. A pesar de toda la literatura que nos sirve una parte de la prensa de las medidas aperturistas y democráticas de Marruecos, la realidad es que el reino de Mohamed VI sigue sin facilitar a sus súbditos las condiciones necesarias suficientes para desarrollar estructuras económicas que inviten a quedarse en el país, a pesar de que por ejemplo España es ya el segundo proveedor, cliente e inversor en Marruecos, con un comercio bilateral que en 2005 llegó a 4.331 millones de euros y unas exportaciones españolas por valor de 2.004 millones de euros. Las inversiones españolas acumularon 1.780 millones de euros entre 1995 y 2004, el 18,6% del total de la inversión extranjera recibida por el país norteafricano en el periodo.
Esta inversión se reparte entre más de 500 empresas españolas de todos los sectores y tamaños, entre las que destacan Telefónica, Endesa, Repsol, Cepsa, Aguas de Barcelona, Abengoa, Sol-Meliá, Alsa, Fagor, Cortefiel, Pulligan y Roca Radiadores. (El País, 5 de marzo de 2006).
Con todo, Marruecos carece de una política social que garantice la protección global de la infancia. No existe responsabilidad pública en cuanto a las situaciones de falta de protección especial de menores. Niños que viven en la calle, explotación laboral y sexual, niñas que trabajan en condiciones de semi esclavitud, sobre todo si se trata de madres solteras. Menores que viven en zonas rurales sin posibilidad de acceso a servicios básicos.
Quizá la buena sintonía que existe hoy en día entre el gobierno de Zapatero y Mohamed VI debería servir para trabajar conjuntamente en que estas condiciones mejoren y los menores no se vean abocados a huir de su país. No se sabe de ninguna acción encaminada a tal fin por ninguna de las dos administraciones.
Esta condición se hace más palpable si se tiene en cuenta que las infraestructuras y comunicaciones a nivel mundial facilitan información de otros mundos mejores. Desde Marruecos se ofrecen las condiciones indirectas para emigrar: carteles publicitarios sobre Europa que muestran la manera de acceder a él (viajes en barco, ofertas de estudio), hasta la campaña que se ejerce desde los medios de comunicación de la cercanía de ese otro mundo mejor, que prueban las inversiones económicas que se hacen en el país y que muestran el poderío de los occidentales y sus posibilidades de vida.
También hacen buena campaña los miles de ciudadanos que cruzan en Estrecho todos los veranos y que llegan con coches y condiciones económicas suficientes como para que los chicos abocados al fracaso sientan que el paraíso está tan solo a 14 kilómetros.
Expertos en rutas de entrada
Otro dato importante es el conocimiento de los lugares exactos desde donde es más fácil llegar a España. Los principales puntos de partida son Tánger, Nador, Tarfaya y el Puerto de Casablanca. Desde estas ciudades se pone rumbo a Ceuta y Melilla, a sabiendas de que los centros de acogida de estos lugares están saturados y que serán trasladados a la península casi de inmediato.
En los últimos días hemos sabido que el gobierno de Melilla está iniciando trámites para construir un centro nuevo ubicado en los alrededores del Centro de Estancia Temporal de inmigrantes, dado que los centros del Fuerte de La purísima, el Centro de Reforma del Baluarte de San pedro y el Centro Asistencial, están ya al límite de su capacidad.
En el tema concreto de los menores, muchos de los interceptados en las últimas oleadas ya residen en Andalucía.
En los últimos años, en los que el sistema SIVE ha dado buenos frutos, se ha dificultado la llegada a los lugares tradiciones de arribada, como sería Tarifa, la Línea, etc. Hoy, están llegando ya a Granada y Almería, por ejemplo. Son rutas más largas, más caras y más peligrosas, pero menos explotadas.
Si a estos datos le añadimos que en diciembre de 2005 el Ministerio de Defensa retiró al Ejército de las vallas que separan Ceuta y Melilla de Marruecos, es claro que las facilidades de entrada otorgadas por el propio gobierno de Zapatero son si duda otro aspecto a tener en cuenta.
Hasta esa fecha, se mantenía una compañía de unas 140 personas en cada una de las dos ciudades. Desde ese momento, tan solo la Guardia Civil es la encargada de vigilar el perímetro fronterizo. No se puede pedir más donde no se proporcionan los medio suficientes.
Durante las fechas estivales de la Operación Paso del Estrecho es frecuente encontrar menores escondidos en los bajos de camiones. Los datos facilitados este año por el gobierno aseguran que la Operación Paso del Estrecho prevé que casi tres millones de magrebíes y más de 700.000 vehículos crucen la Península para regresar a sus países de origen en el periodo estival. Se estima además, un incremento de vehículos en un 8%, respecto de 2005.
Cifras nada desdeñables y uno de los puntos específicos que habrá que tener en cuenta este verano, ya que los acontecimientos de finales de junio han sido todo un aviso para navegantes.
La mayoría de estos jóvenes llegan, por tanto, en los bajos de los camiones, como polizontes en los barcos o pateras cruzando el Estrecho. Existe otra ruta organizada por las mafias, que es la que cubre la ruta hacia Canarias.
Otra vía de acceso es venir acompañado de un adulto, que lo abandona calculadamente para que el menor quede en situación de desprotección, de tal manera que sea la Administración la que se ocupe de la situación de este menor, con todo tipo de garantías legales, sanitarias y sociales.
Una vez que el menor es interceptado en situación de abandono, los Servicios de Protección de Menores inician los trámites de declaración de desamparo y asunción de la tutela. Incluso en el caso de que el menor se fugue del centro de acogida no se revoca la declaración de desamparo, con todo lo que conlleva en relación a las garantías legales anteriormente mencionadas. La movilidad geográfica del menor es considerablemente fácil.
Conocimiento de la legalidad
Además de esto, sabemos que un tercer dato interesante es que el 80% de los inmigrantes menores repatriados regresan a España, según fuentes del Defensor del Menor en Madrid. La falta de garantías de los procesos de reagrupamiento familiar son un caldo de cultivo excelente para su regreso.
Son frecuentes los casos en los que la reagrupación es imposible, debido a que el menor no cuenta con los mínimos requisitos para ser identificado, con lo que su tutela pasa a la Administración, como se ha comentado. Para ello, hay que concederle una autorización de residencia, garantizar su acceso a la formación y posteriormente, al mercado de trabajo. Objetivo conseguido.
En lo relacionado a las diferentes modalidades de procesos de acogida de los países europeos, no hay un modelo común, con lo cual, se facilita enormemente la tarea de las mafias que proporcionan la llegada de estos menores.
No obstante, hay algunos protocolos comunes: detención del menor que arriba de forma irregular, espera en un recurso de transición con el objetivo de resolver su permanencia en el país, asignación de un recurso definitivo y por último, al cumplir la mayoría de edad, expulsión del país.
En la realidad, ya sabemos que el porcentaje de expulsiones es bajo, sobre todo, con países con los que el nuestro no tiene ningún tipo de acuerdos, como es el caso de Argelia. Sería bueno saber por parte del presidente Zapatero qué argumentos le impiden poner estos mecanismos en funcionamiento.
Es más, se ha dado el caso, en relación a los asaltos a las vallas de Ceuta y Melilla de finales de 2005, en los que las autoridades españolas pusieron de manifiesto que no había una fórmula con Marruecos para que el país alauita aceptara el cumplimiento del convenio bilateral de readmisión suscrito entre ambos reinos en 1992.
Algunas organizaciones humanitarias contribuyen a dificultar la repatriación de estos ciudadanos marroquíes, alegando irregularidades procesales y violaciones de derechos humanos en el proceso de deportación. Aluden también a supuestos comportamientos racistas. De este modo, tienen el camino libre para permanecer en España.
Perfil de los menores que llegan a España
El colectivo de menores ilegales que arriban a nuestro país responde a varón, de entre 14 y 18 años, procedente de Marruecos, de familia numerosa, cuyo fin es el de conseguir la regularización lo antes posible y comenzar a trabajar.
Suelen moverse con bastante frecuencia por todo el país, sobre todo, si su situación de irregularidad no tiene visos de resolverse a corto plazo. La lentitud de los trámites administrativos para conseguir su regularización les conmina a moverse de una Comunidad a otra. El traspaso de competencias las Comunidades Autónomas, en este caso, no favorece una adecuada política común en el conjunto de España en la puesta en marcha de políticas comunes en la lucha contra la inmigración ilegal.
Una vez en España, entran en contacto con otros compatriotas que les informan de las diferentes modalidades de las CCAA, a las que llegan según sean los objetivos que busquen. Conocen la legislación y el sistema de protección. De esta forma, pueden hacer uso del partes que les conviene, como por ejemplo, del sistema de salud público.
Las CCAA que mayor concentración de este tipo de inmigrantes poseen son Andalucía (26’71%), Valencia (20’35%), Madrid (17’93%) y Cataluña (12’92%). (Datos ofrecidos por el Informe estadístico “Menores Extranjeros no Acompañados acogidos en España, 2004, Elaborado por la Dirección General de Inmigración).
No suelen apreciar el sistema de protección que se les ofrece en familias de acogida. Prefieren instalarse en pisos con otros compañeros, a fin de contar con el máximo de libertad posible. También suelen rechazar la escolarización, dado que supone otro tipo más de control que les dificulta poder trabajar, puesto que este es el objetivo que persiguen, aunque sea en la economía sumergida.
Las fugas de los centros de acogida son bastante frecuentes. El 40% de estos chicos no cumple la semana de permanencia.
Estamos, pues, ante un trabajador joven, con ganas de abrirse camino en Europa, dispuesto a trabajar en lo que sea y que se relaciona dentro de unos ámbitos muy restringidos. La integración no suele ser fácil, ni su objetivo primero.
Lo que tienen muy claro es que no tienen nada que perder y que llegado el caso, si no es en España, encontrarán su lugar en cualquier parte de Europa, de una forma más o menos legal. Su intención desde luego, no es la de volver a su país. Europa está por descubrir. En su país ya lo han descubierto todo: la miseria.
Medidas generales insuficientes para problemas concretos
Un somero vistazo a las condiciones expuestas en estas líneas pone de manifiesto que España sigue sin contemplar ni desarrollar medidas específicas para paliar el problema de la inmigración ilegal.
Bajo discursos basados en la seguridad momentánea y actuaciones puntuales, se mueve toda una red de ciudadanos ilegales que saben aprovechar hasta la juventud de los inmigrantes, que es el mejor aliciente para comenzar una vida nueva en cualquier parte.
A fecha de hoy, Marruecos ha demostrado bastante poco interés en demostrar al mundo que es capaz de gestionar su economía en función de los intereses de sus ciudadanos. Ni las grandes inversiones hechas por la administración del Estado español y las empresas privadas, ni los gestos de buena voluntad de Zapatero y el propio Rey en repetidas visitas han conseguido que Mohamed VI de pasos en la senda de la verdadera democracia que facilite la participación de la ciudadanía en los circuitos económicos del país.
Un 52% de analfabetismo, más ostensible si cabe entre las mujeres (hasta el 61% lo son), una falta de medidas sociales dirigidas hacia los jóvenes en edad de trabajar, crean el caldo de cultivo idóneo para que éstos huyan de su país sin haber ni siquiera alcanzado la mayoría de edad.
Una vez ya en España, encontramos que nuestra legislación es manifiestamente incompetente a la hora de administrar una adecuada acogida. La lentitud en los trámites, la falta de acuerdos de repatriación o las diferentes leyes autonómicas, suponen un mar de oportunidades para que estos menores se muevan con demasiada facilidad por el territorio español, sin capacidad de integrarse, dadas sus precarias circunstancias que solo les permiten subsistir.
Las avalanchas intermitentes en puntos distintos y épocas diferentes demuestran que al otro lado del Estrecho la información es mucho mayor que en este lado de la frontera.
La Administración Zapatero debería mostrar algo más de atención a este colectivo de menores que ya pululan por el país sin tener un proyecto de vida. Mientras no se llegue a acuerdos en firme con Marruecos (y se cumplan), y se revisen las diferentes normativas y procesos, la llegada del menores sin acompañante puede suponer un germen de situaciones difíciles en un futuro no muy lejano.
Descargar PDF
Imprimir
Recomendar