España se está convirtiendo en un santuario para el crimen organizado. Según el último informe de Europol la mayoría de los 4 mil grupos detectados en la Unión Europea mantienen algún tipo de vinculación con España. La policía española detectó en 2005 casi 500 grupos a los que atribuía un negocio criminal de más de mil millones de euros al año. ¿Por qué las mafias eligen España como objetivo y como plataforma para sus actividades criminales?. Las razones son complejas pero van desde el camuflaje que ofrece un país con 50 millones de turistas anuales, un sistema penal que ofrece importantes vulnerabilidades, unas fronteras que se han convertido en un auténtico coladero y un Gobierno que aún no tiene una clara percepción de la amenaza que representa esta fenómeno.

 

El principal negocio para el crimen organizado sigue siendo el narcotráfico. España mantiene un liderazgo destacado en este negocio como plataforma de entrada de buena parte de la droga que se consume en Europa, especialmente del hachís que se cultiva en Marruecos y de la cocaína iberoamericana, controlado en buena medida por los carteles colombianos. Las incautaciones de droga crecieron de forma importante en 2005: casi 50 toneladas de cocaína, 670 de hachís y 174 de heroína. Estas cantidades representan más de un tercio de toda la droga que se decomisa en la Unión Europea.

 

A pesar de la excelente labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de la ingente calidad de droga incautada, el mercado está bien abastecido. España es de hecho, según Naciones Unidas el  primer país consumidor per cápita de cocaína. Los estudios del Plan Nacional de la Droga muestran además que en España los jóvenes consumen cada vez más drogas, especialmente hachís, y a edades más tempranas. El aumento de los decomisos en 2005 tampoco ha supuesto un aumento de los precios. Es más, la impresión es que la producción va en aumento tanto en Marruecos, con el cultivo de nuevas semillas de hachis tres veces más productivas, como de coca en Latinoamérica, heroína en Afganistán y drogas sintéticas en varios países europeos. Las rutas de entrada se están además diversificando y cada vez se utiliza más África para introducir la droga que viene de América del Sur.

 

El segundo negocio criminal más lucrativo es el tráfico de seres humanos. La cara más visible de este negocio son los miles de inmigrantes subsaharianos y magrebíes que arriban cada año en nuestras costas jugándose y perdiendo, en muchas ocasiones, la propia vida. Pero eso es sólo una mínima porción del más de medio millón de inmigrantes ilegales que entran cada año en nuestro país. Las “pateras terrestres” que entran por la frontera con Francia representan un flujo diez veces superior al que entra por el sur. Pero son los aeropuertos, especialmente Barajas, el punto principal de entrada. Muchos entran de forma legal, pero se convierten en irregulares cuando permanecen en nuestro país más allá del plazo para el que están autorizados. Otros vienen con documentos falsos que las facilitan las mafias que luego los explotan para que devuelvan el elevado coste de traerlos de forma ilegal.

 

Una buena parte de este tráfico ilegal de personas tiene como fin la explotación sexual de mujeres. España es con diferencia el país que tiene un mayor número de prostitutas por habitante. Con la mitad de habitantes que Alemania nuestro país tiene igual número de prostitutas, hasta 300 mil según algunos estudios. Más del 90% de estas prostitutas son extranjeras y muchas de ellas se encuentran en un régimen de semi-esclavitud de la que es muy difícil escapar. En la mayor parte de los casos la policía se siente impotente para liberarlas, las investigaciones terminan con su expulsión y los miembros de la red consiguen escapar ante los agujeros de nuestras legislación. Paradójicamente, sólo las inspecciones de trabajo suelen concluir con sanciones efectivas.

 

Un buen termómetro para medir la salud del crimen organizado en nuestro país es el dinero negro que fluye por nuestra economía. Las alarmas se han disparado al comprobar que uno de cada tres billetes de 500 euros que circulan por Europa se encuentra en nuestro país. Parece que España tendrá serias dificultades para aprobar el examen que el GAFI, el organismo internacional encargado de prevenir el blanqueo de capitales, está haciendo a nuestras autoridades monetarias y al gobierno.

 

No obstante, la actividad de esta criminalidad organizada que está causando una mayor alarma en nuestra sociedad es la proliferación de bandas dedicadas al robo utilizando cada vez un mayor grado de violencia. En los últimos meses han proliferado grupos que se dedican a atracar chalets cuando sus inquilinos están dentro. En ocasiones los delincuentes han agredido y atemorizado a sus moradores con el fin de averiguar donde guardan los objetos de valor. Se han extendido también los denominados “secuestros express” en los que los atracadores retienen a sus victimas por un corto espacio de tiempo bien para vaciar en diversos cajeros sus tarjetas de crédito, bien para que los acompañe a sus domicilios e incluso para pedir rescates. Hay bandas que desvalijan de forma casi industrial polígonos industriales o segundas residencias. Los robos con violencia y con fuerza en las cosas en general están aumentado de forma importante.

 

Esto ha creado una lógica psicosis en determinadas urbanizaciones o barrios donde estas bandas actúan más intensamente. Muchas personas han perdido la tranquilidad incluso dentro de sus propias casas. El gobierno reacciona a estas demandas ciudadanas reforzando temporalmente los dispositivos policiales con el fin de calmar los ánimos, pero dista mucho de ser la solución definitiva.

 

El gobierno debería comenzar por tomarse en serio esta amenaza. Estamos en un momento crítico. Si dejamos que estas bandas organizadas se consoliden en nuestro país corremos el riesgo de que terminen penetrando en nuestras instituciones, ocupando territorios y creando sistemas criminales sustitutivos del Estado. Si permitimos llegar a ese extremo ya no es sólo la seguridad de los ciudadanos lo que está en juego sino la propia supervivencia del sistema democrático.

 

Es necesaria una reacción urgente y decidida del Gobierno para que este fenómeno no se siga expandiendo en nuestro país. Esto pasa por establecer un control más estricto de nuestras fronteras, potenciar la unidades especializadas en luchar contra este tipo de criminalidad, utilizar más intensamente la innovación tecnológica, incrementar de forma sustancial la cooperación internacional, utilizar más inteligentemente la colaboración ciudadana, endurecer nuestra legislación y aumentar la capacidad legal de actuación de la policía. Todo ello debe englobarse en una estrategia global contra el crimen organizado que nos permita evaluar costes, políticas y resultados. El gobierno no debería demorarse en esta tarea.