“Hemos tenido dos malas semanas” afirma el ministro del Interior Rubalcaba ante otro de los frentes que tiene abierto el Gobierno, la oleada de robos con violencia que están viviendo muchas familias tarraconenses, situación que no se corresponde con los planteamientos poéticos de Zapatero acerca de la paz, la generosidad, la seguridad.

 

Esta mala situación no parece que se a ni mucho menos pasajera, como es el deseo del ministro del ramo.  La Guardia Civil ha tenido que regresar a Cataluña, lugar de donde se tuvo que marchar en cumplimiento del traspaso de competencias en materia de seguridad a los Mossos d’escuadra que marcó el Gobierno.

 

Sabemos también que las mafias asentadas en España  superan el medio millar, repartidas por Madrid, Levante y Costa del Sol principalmente, favorecidas por una ley permisiva, la seguridad bancaria, el clima y la cantidad considerable de flujos migratorios que circulan a lo largo y ancho de nuestro país, acrecentado por la regulación Caldera.

Todos estos datos no solo no tranquilizan a los ciudadanos, sino que hacen sospechar que el Gobierno tiene un grave problema ante sí. Una bomba de relojería que hay que desactivar en breve si no queremos que estalle con las peores consecuencias para el conjunto de la ciudadanía.

 

 

De un tiempo a esta parte, la sensación que se tiene cuando aparecen en prensa noticias como las de estos días (mafias, exceso de inmigración, etc.), es la de que el Gobierno no conoce el terreno donde se mueve y que España tiene ya demasiados focos de peligro en su horizonte. Es cierto que algunos son problemas de largo recorrido, pero no por ello, deja de llamar la atención la falta total de previsión que se tiene desde Moncloa. Lo más sobresaliente para quien esto escribe es observar la tranquilidad del presidente Zapatero, que ni ha aparecido por Canarias, ni por Tarragona. Ante problemas de esta magnitud, nos desayunamos con el Plan África, o la creación del Centro de Inteligencia contra la Criminalidad Organizada, cuya efectividad solo el tiempo puede decirlo, pero no parece así sea a priori, a juzgar por los resultados de otras experiencias de creación de comisionados, centros y comisiones creadas por el Gobierno.

 

Centrándonos en el problema de los asaltos a domicilios con violencia que están padeciendo en Cataluña, hay que señalar, que éste tiene dos vertientes: la falta de seguridad en nuestro país y el incremento de mafias perfectamente organizadas.

En lo que respecta a la seguridad, el caso de robos que nos ocupa ha dejado en evidencia la falta de coordinación de los efectivos encargados de seguridad y su pésima distribución y más,  cuando se sabe que la Guardia Civil ha sido retirada antes de que los Mossos d’escuadra se hayan desplegado completamente, proceso que se tiene previsto que finalice en 2008.

 

Lo primero que hay que decir al respecto es que a los ciudadanos catalanes les importa muy poco quien se encargue de la seguridad, lo que verdaderamente piden a sus gobernantes es que se ocupen de ello. Deben saber que en el momento en el que den su veredicto positivo al Estatuto, su seguridad estará en manos de la Policía Autónoma (Artículo 164. Seguridad pública).

 

En el punto 5 de dicho artículo se especifica que “La Policía de la Generalitat-Mossos d’Esquadra tiene como ámbito de actuación el conjunto del territorio de Cataluña y ejerce todas las funciones propias de un cuerpo de policía, en los siguientes ámbitos: la seguridad ciudadana y el orden público, la policía administrativa, que incluye la que deriva de la normativa estatal, la policía judicial y la investigación criminal, incluidas las diversas formas de crimen organizado y terrorismo, en los términos establecidos por las leyes” (texto completo del Estatut http://www.gencat.net/eadop/imatges/4637/06131057.pdf ).

 

Los catalanes deben ser conscientes de la limitación de medios de los que dispondrán a partir de 2008 para su propia seguridad.

 

Otro aspecto de suma importancia que la vicepresidenta de la Vega ha obviado es que la normativa interna de los cuerpos de seguridad impone serias limitaciones a los alumnos a los que falta un año para ser agentes.

 

Los catalanes deben tener presentes que los 367 agentes destinados a su seguridad por el Gobierno tienen serias limitaciones para el ejercicio de su trabajo, de acuerdo a la normativa interna de los diferentes cuerpos de seguridad estatales para los alumnos en prácticas. Los alumnos que concluyen sus estudios en las academias continúan su periodo de formación haciendo prácticas con agentes veteranos en servicios cotidianos. Los alumnos en prácticas no pueden patrullar en solitario por la falta de experiencia de estos nuevos agentes en la calle y por el lógico desconocimiento de las demarcaciones donde serán destinados. Hasta que terminan su periodo de prácticas no son agentes de la autoridad, por ello, no están legalmente capacitados para instruir diligencias policiales.

En paralelo, hay que tener presente que el artículo 33 del texto estatutario establece los derechos lingüísticos de los ciudadanos de Cataluña ante las administraciones públicas y las instituciones estatales. El apartado cuarto de este artículo señala que "para garantizar el derecho de opción lingüística, la administración del Estado situada en Cataluña debe acreditar que el personal a su servicio tiene un nivel de conocimiento adecuado y suficiente de las lenguas oficiales, que lo hace apto para ejercer las funciones propias de su puesto de trabajo".

 

Hay que preguntarse cuántos de los 367 nuevos agentes destinados a Cataluña tiene un nivel de conocimiento adecuado y suficiente de la lengua catalana. Si el Estatuto estuviera vigente hoy,  estos agentes de la Guardia Civil no podrían haber sido enviados a Cataluña.

Esto es lo que ocurrirá en Cataluña: agentes en prácticas sin autoridad que estarán de paso mientras se termina el traspaso de competencias de un cuerpo de seguridad a otro. En el mejor de los casos, cuando conozcan el trabajo- que conlleva una información exhaustiva del modus operandi de las mafias, por ejemplo- se tendrán que marchar y el trabajo habrá que comenzarlo de nuevo. Un buen aliciente para los delincuentes.

 

 

España es un santuario para las mafias del Este de Europa. La última Memoria de Europol sobre el Crimen Organizado publicada en noviembre de 2005  asegura que la mayoría de las 4.000 mafias detectadas en Europa mantienen vínculos en España.

Nuestro país tiene el triste mérito de ser el portón de entrada de la droga para el resto de Europa. Además, la eliminación de fronteras, la laxitud de las leyes, el buen clima, la seguridad bancaria, con las pertinentes oportunidades para la inversión y sobre todo, la posibilidad de pasar inadvertido sin necesidad de integrarse en la sociedad, gracias al incremento de movimientos facilitados por la constante inmigración, hacen de España, candidato número uno para el desarrollo de la delincuencia organizada.

 

Bien es cierto que hay elementos contra los que no se puede luchar: el estratégico en clave geográfico, la eliminación de las fronteras en el espacio de Schengen, el buen clima o el buen nivel de vida que ha conseguido nuestro país. Sin embargo, si se puede trabajar en el endurecimiento de la legislación o el control mucho más férreo de las fronteras.

Las mafias provenientes de los países del este de Europa están integradas por personal muy profesional, que conoce al dedillo la legislación y que han formado parte de grupos militares o paramilitares en sus países de origen, con una  progresiva profesionalización, que les lleva a contratar especialistas para fines específicos como abogados, informáticos o economistas, permitiéndoles aumentar tanto la seguridad de sus operaciones, como sus beneficios. Se trata de una delincuencia altamente profesionalizada, muy violenta, y sobre todo, internacional.

 

El enemigo es una organización cada vez más compleja, especializada, flexible, capaz de asociarse con otras, de comprar voluntades y operar cómoda y eficazmente en un escenario internacional.

 

Las zonas turísticas como el Levante español, Cataluña o la Costa del Sol, resultan extremadamente atractivas, dado que el turismo masivo genera un ambiente multicultural, garantizando anonimato y el movimiento de un volumen de divisas, que permite pasar desapercibido grandes cantidades de efectivo en moneda extranjera. Asimismo y en relación directa, cobran relevancia sectores como la construcción y la hostelería, especialmente sensibles al blanqueo de capitales.

 

 

Los países candidatos predilectos de estas mafias profesionales son los que gozan de una  legislación benigna,  con leyes de extranjería permeables, que les ofrecen indirectamente ordenamientos jurídicos, que les permiten operar con los mayores beneficios que le pueda otorgar la legalidad.

 

El ordenamiento jurídico español es muy garantista en lo que se refiere a los derechos de defensa de los imputados. Los delincuentes saben que una vez aquí es difícil salir, más en concreto, ser expulsado. Además, saben que en muchos casos les compensa cumplir las penas en España, ya que la reducción de la misma es mucho más fácil por buena conducta, por ejemplo, que en otros lugares.

 

Por ello,  el derecho penal debe adecuarse a las nuevas tendencias criminales en la búsqueda de niveles superiores de efectividad, frente a los nuevos conceptos y estrategias de la criminalidad. Hay que cerrar cualquier espacio de impunidad en nuestra legislación.

 

La solución no está tanto en aumentar la cuantía de las penas, dado el escaso efecto disuasor al que se hacía referencia,  pero sí se puede exigir su cumplimiento íntegro, además de sanciones de carácter económico, que eviten sustraer, prácticamente intactos, los patrimonios de los delincuentes a los efectos de la justicia. Por otro lado, no conviene menospreciar el efecto reparador que pueda ejercer la satisfacción de la responsabilidad civil.

 

Estas medidas deben ser urgentes para el Gobierno. Sabemos ya que el 30% de la población penitenciaria es extranjera. Según las estadísticas del Gabinete Técnico de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, seis de cada diez reclusos de las cárceles españolas son extranjeros. De estos datos se pueden detectar dos problemas: por un lado, la falta de formación específica de los funcionarios penitenciaros en materia de idiomas, por ejemplo, que les dificulta el poder informarse de lo que hablan los reclusos. Un tema aparentemente baladí, que no lo es tanto.

 

El segundo problema es que las cárceles comienzan a ser lugares de aglutinamiento de la delincuencia organizada. Hasta la fecha, nada se ha hecho por repartir a estos reclusos de manera que se les dificulte preparar delitos desde la cárcel.

 

Otro escollo fundamental es la falta de voluntad suficiente de colaboración de las Administraciones gubernamentales de los países de origen de delincuentes,  dado que, como ocurre con el Este de Europa, al debilitamiento de las estructuras estatales hay que añadir el paupérrimo nivel de vida, circunstancia que abona el desarrollo de la corrupción generalizada. A su vez, las economías de estos países son fuertemente dependientes del sistema productivo criminal, por lo que cualquier esfuerzo por su erradicación volviendo a un funcionamiento eficiente de los mercados, de la política, y de la sociedad en general, provocará efectos recesivos en la economía y la consecuente protesta social.

 

No por ello nuestro Gobierno debe abandonar la tarea. España tiene acuerdos de readmisión, respecto a los países del Este de Europa, con Rumania, Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Letonia y Lituania. Estos acuerdos se firmaron durante las dos legislaturas anteriores. Es momento de que el Gobierno reactive estas relaciones, además de ampliarlas a todos los países balcánicos y Rusia.

 

 

En más de una ocasión se ha hecho referencia a este asunto desde estas páginas, pero no está de más recordar algunos aspectos.

 

Al margen de las escenas que estamos viendo relativas a la entrada ilegal de inmigrantes a bordo de cayucos,  la mayoría de los nuevos ciudadanos entran por Barajas y por los Pirineos. Los integrantes de las mafias son profesionales que no vienen a bordo de una patera. Sin embargo, la Agenda europea prevista para 2006, nada especifica acerca de programas orientados a salvaguardar la entrada por los aeropuertos. Tampoco facilita las cosas el conocido Espacio Schengen, que facilita el tránsito de las personas de los países suscritos a este acuerdo, entre los que se encuentra España. Este espacio, muy útil cuando todo está en regla, tiene sus debilidades y fragilidades, íntimamente relacionadas con las fronteras aéreas.

 

 Es preciso dedicar esfuerzos para encontrar soluciones que sean compatibles con este Acuerdo. Hoy por hoy, con un simple visado turístico y la facilidad de movimiento está muy fácil el trabajo de las mafias. Este problema se incrementará con la entrada en la UE de los nuevos países del Este, ya que como es lógico, sus ciudadanos se beneficiarán de la libre circulación de personas dentro del territorio comunitario.

 

No obstante, la Ley de Extranjería 14/2003, establece la obligación de las compañías de transporte aéreo, marítimo o terrestre, de examinar la documentación e informar a las autoridades competentes sobre los pasajeros no pertenecientes al Espacio de Schengen. Se considera una infracción muy grave el incumplimiento de dicha medida y se contempla la posibilidad de multar, hasta con medio millón de euros, a quienes trasporten pasajeros sin la correspondiente documentación requerida.

 

En lo relativo a la entrada a España por los Pirineos, nada nuevo bajo el sol. Hace tiempo que las autoridades saben que todos los días entran y salen autobuses llenos de ciudadanos del Este. La Confederación Española de Policía denuncia por activa y por pasiva la falta de personal del que disponen para dificultar la entrada de autobuses a nuestro país, ya que mientras los agentes se ocupan de dos o tres, diez o doce aprovechan la falta de medios para atravesar la frontera.

 

 

Al comienzo de esta exposición se hacía  referencia a la enorme dificultad de atajar un problema de dimensiones como este: el incremento de la inseguridad ciudadana gracias al asentamiento de las mafias- sobre todo del Este de Europa, aunque no solamente estas- en España.

 

Una vez desatado el problema, los ciudadanos estamos siendo conscientes de nuestra enorme vulnerabilidad. Estamos empezando a tener claro que el sistema no funciona y que el reto de la Administración Zapatero no pasa solamente por tratar de poner un parche con el envío de efectivos a algunas zonas- recordemos que Madrid padece esta situación desde hace dos años y nada se ha hecho al respecto. Tampoco se soluciona nada con la creación de nuevos equipos de trabajo que repitan los mismo errores que los anteriores.

 

En primer lugar, es imprescindible que los ciudadanos sepan que en los lugares donde hay policía autónoma no están adecuadamente atendidos por la falta lógica de efectivos. Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado deben de seguir estando presentes en toda España reforzando y cooperando con las policías autonómicas. La política de seguridad de zapatero no puede estar sujeta a la conveniencia del voto de sus socios.

Los ciudadanos catalanes deben leer muy atentamente el Estatuto que van a refrendar, de manera que sean conscientes de su vulnerabilidad. Una vez traspasadas las competencias no será de recibo que en momentos de peligro se acuerden del  “otro Estado”.

 

La operatividad y eficacia de los Cuerpos de Seguridad debe  tomarse muy en serio. El intercambio de información y esfuerzos conjuntos es prioritario. Policía, Guardia Civil y Policía Autónoma no pueden trabajar de espaldas unas de otras. Es preciso que se trabaje por una adecuación de la normativa de estos cuerpos para conseguir que compartan información. La unión hace la fuerza.

 

En otro orden de cosas, sabemos también que la delincuencia en España está tomando dimensiones internacionales altamente profesionales. Es prioritario adecuar la legislación vigente para que ésta sea realmente efectiva: cumplimiento íntegro de las penas y reintegro de los capitales sustraídos.

 

Además, el Gobierno debe abundar en los acuerdos de readmisión fomentándolos y llegando a la consecución de otros nuevos. Albania, Rusia, y los países de la antigua Yugoslavia deberían entrar ya en esta política de acuerdos.

 

En cuanto a las fronteras, de nuevo el control cobra protagonismo. Los mismos agentes denuncian la falta de medios. Es preciso estar muy vigilante en los aeropuertos y en los Pirineos, no solo en el mar.

 

No hay que olvidar el omnipresente aspecto del fracaso estrepitoso del último proceso de regularización. El descontrol de la inmigración se hace cada día más patente. Pero este por si solo, es tema de otro trabajo.

 

El ministro del Interior tiene una bonita tarea por delante. Como él mismo dice- aunque en otro orden de cosas- “es preciso hablar menos y trabajar más”.