El fin de semana ha sido intenso en las costas de la Comunidad Canaria. Un millar de inmigrantes de Gambia, Senegal, Costa de Marfil y Malí han alcanzado unas Islas que se están planteando el llamarse “Afortunadas”. El drama humano es cada día más inquietante y el Gobierno canario ya no sabe qué más decir ni qué hacer. Solo tiene claro que el Gobierno de Zapatero no está a la altura de las circunstancias- una vez más-. Solo después de las graves circunstancias que se están padeciendo, el Gobierno parece decidido a ponerse de una vez manos a la obra, potenciando las repatriaciones efectuadas muy escasamente hasta ahora y reforzando los sistemas de seguridad. Siendo más importante prevenir que curar, la verdad es que estas medidas de urgencia sorprenden al Gobierno con el paso cambiado.

 

No es menos cierto que el Gobierno canario, asustado con razón, contribuyó con su apoyo a que la última regularización viera la luz, a pesar de las advertencias del Partido Popular y de la Unión Europea.

 

El caso es que la Cadena SER- nada sospechosa de informar en contra del Gobierno- afirma que Canarias ha recibido en cuatro meses tantos inmigrantes como en todo 2005.

 

Los canarios se preguntan cómo es posible que sigan llegando de esta manera. Resulta paradójico que hace casi un año, el Gobierno de Zapatero suscribiera un Plan de Inmigración para Canarias con el Gobierno autonómico de dicha comunidad, cuyos principios se sustentan en  avanzar para aliviar la presión migratoria que tiene el Archipiélago, controlar y reducir la inmigración irregular y favorecer la integración de las personas inmigrantes.

 

Un año después, la Administración canaria se queja de la lentitud del Gobierno Central a la hora de poner en marcha todo lo acordado. La consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Marisa Zamora, ha recordado  que hace unas semanas el Gobierno central asumió una serie de compromisos con Canarias, entre ellos intensificar las patrullas conjuntas de Mauritania y España para evitar la salida de cayucos desde esa zona, e indicó que esos compromisos no se están cumpliendo porque el Archipiélago vive otra llegada masiva de inmigrantes.

 

 

A la luz de los hechos es claro que las mafias que operan en Mauritania están perfectamente informadas y desde luego, demuestran que lejos de amilanarse ante la magnitud del drama de los miles de ciudadanos africanos, no están dispuestos a perder su negocio porque en España nos llevemos las manos a la cabeza ante la mayor avalancha de inmigrantes padecida en lo que va de año.

 

Hace más o menos diez años que las mafias andan buscando nuevas rutas cada vez más al sur del continente africano. Desde Sidi Ifni, Uad Amma Fadma y Tarfaya en Marruecos, han ido pasando a El Aaun y Dajla en el Sahara Occidental, hasta recabar en Mauritania, concretamente en Nuadibú.

 

Pasar de un país a otro en África es relativamente fácil, debido a que hay poca vigilancia, entre otras cosas, por las luchas intestinas que hay entre las tribus que forman estos países formados artificialmente a finales del siglo XIX.

 

También ha cambiado el lugar de llegada. Hasta hace poco, el punto de mira de estas mafias estaba puesto en Lanzarote y Fuerteventura, principalmente. Hoy, la ruta enlaza Nuadibú con Gran Canaria, La Gomera y Tenerife, dado que ninguna de estas islas tiene instalado el sistema SIVE* (Sistema Integrado de Vigilancia Exterior), como lo tienen Lanzarote y Fuerteventura.

 

Incluso se han cambiado las grandes pateras por cayucos más pequeños, con el fin de que alcancen mayor velocidad y lleguen a la costa en menos tiempo, disminuyendo el riesgo de ser interceptados por las autoridades españolas. También se sabe, por boca de los pescadores españoles que faenan en la zona, de la existencia de barcos nodriza cargados de inmigrantes que esperan la ocasión para enviarlos a Canarias.

 

Ante esta situación, la Vicepresidenta del Gobierno, en declaraciones a la Cadena SER, ha asegurado que España va a desplegar toda una ofensiva diplomática y de seguridad con el África Subsahariana, con un conjunto de diplomáticos que se establezcan de forma permanente en la zona. También se ha apresurado a decir que se intensificará la vigilancia marítima e incluso, aérea y por satélite.

 

Hasta ahora  lo único que sabemos es que las promesas del Gobierno no se han llevado a cabo, y si no, que se lo pregunten al Gobierno canario, que se siente solo ante el peligro.

 

* El Sistema SIVE se explica en el artículo “Políticas europeas sobre inmigración: la seguridad” de esta misma autora, y más detalladamente, en el artículo firmado por Ignacio Cosidó, titulado “La frontera exterior de la Unión Europea: una perspectiva española”.

 

 

El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, y el presidente del Gobierno canario, Adán Martín, firmaron un cuerdo de colaboración para la lucha contra la inmigración clandestina en junio de 2005, con una vigencia de 2 años,  con un presupuesto interesante: el Gobierno aportaría 127 millones de euros, mientras que la Comunidad Autónoma de Canarias destinaría 45 millones, más gastos de sanidad y educación para inmigrantes, que se cifran en 180 millones.

 

El primero de los objetivos estaba relacionado con el salvamento marítimo, para el que se destinarían hasta 2007, 58,6 millones de euros, que incluye un nuevo plan de salvamento para Canarias y medios para atender a pie de playa a los inmigrantes.

 

El plan de salvamento no ha dado muchos resultados. Ya sabemos que las aguas del Atlántico se han cobrado miles de vidas. Hace un par de meses el Gobierno admitió que conocía el informe interno de la Guardia Civil en el que se alertaba de la muerte de 1.700 personas rumbo a Canarias. La nota informativa titulada “Asunto: Inmigración. Fallecimiento masivo de inmigrantes”  fue enviada por el subdirector general de Operaciones, José Manuel García Varela, al coronel jefe de la Zona de Canarias, Antonio Cañamero, el 21 de diciembre de 2005. Su objeto era intensificar las labores de vigilancia de los Servicios Marítimos Provinciales (SMP) y las Patrullas Fiscales Territoriales (PAFITEs).

 

El texto comenzaba con la información de que el director general de la Seguridad Nacional de Mauritania había reconocido, el 19 de diciembre, que 105 inmigrantes habían fallecido ahogados al intentar arribar a costas de Canarias en cayucos.

 

En la nota se añadía el conocimiento de que durante los últimos 45 días previos al envío de la misma, entre 2.000 y 2.500 inmigrantes se habrían embarcado en barcazas con el objetivo de llegar a las islas, de los que  sólo unos 800 ó 900 lo habrían conseguido, lo que supondría que entre 1.200 y 1.700 se habrían ahogado en aguas del Océano Atlántico. En marzo de 2006, las cifras oficiales hablan de 3.500 subsaharianos llegados en 77 días a las costas de Canarias procedentes de Mauritania. En un solo fin de semana han llegado casi mil.

 

En cuanto a  la asistencia a pie de playa a los inmigrantes, también sabemos ya que se queda corta ante tamaña avalancha de personas que han llegado durante el fin de semana. Los centros de internamiento han vuelto a superar su límite de capacidad. De hecho, la subdelegación del Gobierno se plantea reabrir el centro militar cerrado tras la anterior gran oleada de hace mes y medio.

 

Los centros de internamiento de inmigrantes canarios denuncian que se encuentran al límite de su capacidad. ONGs como Cruz Roja, Cáritas, Cear, Las Palmas Acoge y el centro de internamiento de Hoya Fría o el del acuartelamiento militar situado en el municipio de La Laguna, están saturados.

En el centro de internamiento de Hoya Fría se encuentran en la actualidad 238 inmigrantes.

En la instalación militar de La Laguna hay 340 inmigrantes, alojados en tiendas de campaña con capacidad para 16 personas cada una. Según fuentes de la subdelegación del Gobierno, a los cerca de 580 inmigrantes de Tenerife habría que sumar alrededor de 500 en Las Palmas y otros 1.100 en Fuerteventura, mientras que el resto habría sido derivado a distintos puntos de la Península.

 

La situación es tal, que durante el fin de semana, Cáritas Diocesana de Tenerife realizó un llamamiento a la población de la isla para que colaboren en la donación de mantas, colchones, toallas y ropa para atender a los inmigrantes que han llegado en los últimos días a las costas tinerfeñas. En un comunicado, Cáritas informó de que hasta el momento ha entregado a la Subdelegación del Gobierno 93 colchones, 265 mantas y sábanas, toallas, ropa y calzado de hombre (138 suéteres, 167 camisetas, 160 camisas, 250 pantalones, ropa interior, cinturones, calcetines).

 

Como puede comprobarse, el primer objetivo, fallido.

 

El segundo cometido del Plan de Inmigración era garantizar que flujos migratorios hacia Canarias se produjeran de forma ordenada, en función de las necesidades mano de obra de las islas. También se preveía la puesta en marcha de  mecanismos para seleccionar y formar a los inmigrantes en sus países de origen. Nada de esto se ha cumplido.

 

Pero sin duda uno de los aspectos más ambiciosos de este Plan tiene que ver con  el despliegue del SIVE (Sistema Integrado de Vigilancia Exterior creado por la Administración Aznar) a Lanzarote y Gran Canaria, además de potenciar unidades policiales especializadas, entre otras medidas.

 

Ya en marzo pasado, desde Canarias se advirtió al Gobierno  de Zapatero que los flujos migratorios comenzaban a derivarse hacia las otras islas del Archipiélago, como se ha especificado al principio de esta reflexión. La única respuesta que se obtuvo fue del secretario de política municipal y libertades públicas del PSOE, Álvaro Cuesta, que apuntaba como “un éxito de la política de inmigración del Gobierno” el haber obligado a las mafias de la inmigración a desplazar el punto de partida de los cayucos hacia el sur. El caso es que desde donde sea siguen arribando a otros puntos de Canarias.

 

Ante la pasividad del Gobierno Central, la consejera de Empleo y Asuntos Sociales del Gobiernote Canarias,  Marisa Zamora, ha instado a Zapatero que asuma los compromisos con Canarias, entre ellos intensificar las patrullas conjuntas de Mauritania y España. La consejera ha indicado que esos compromisos no se están cumpliendo y  anunció que requerirá una nueva reunión con la secretaria de Estado para la Inmigración, Consuelo Rumí.

Además, Marisa Zamora ha requerido al Gobierno central que acelere los ritmos de implantación del SIVE porque, los plazos que estableció son muy lentos y por ello, pide que aporte toda la vigilancia posible ya que Mauritania no tiene medios.

 

Sin embargo, ya a finales de 2005, uno de los principales mandos operativos del SIVE, el capitán del departamento de Jefatura Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil, Jesús Martínez, afirmó que la implantación de este sistema en  Gran Canaria no está prevista todavía, aunque figura en los planes del Gobierno. Anunció que su instalación se demorará unos años. "Está previsto que en el futuro Gran Canaria también se incluya, pero esa es la última fase del programa, que todavía no ha sido ofertada a las empresas ni contratada".

 

No está de más  recordar que una de las promesas que trajo Zapatero de la reunión celebrada en Bruselas los días 15 y 16 de diciembre de 2005, fue que la UE estaba dispuesta a invertir 800 millones de euros para paliar las causas profundas de la inmigración, sobre todo en la ampliación del SIVE. Pero, ¿dónde está el SIVE?

 

 

Otro aspecto interesante del Plan de Inmigración al que se alude es favorecer la integración de los inmigrantes, solicitantes de asilo, refugiadas y con protección internacional en Canarias, para lo que se destinarían 83 millones de euros.

 

En este apartado hay medidas en proyectos de acogida e integración de personas con atención a menores no acompañados, la construcción de un centro de acogida temporal y la derivación a territorio peninsular en condiciones humanitarias.

 

Hoy, lo único que se ha cumplido ha sido lo relacionado con la derivación hacia la Península del exceso de personas. Triste cumplimiento. Ya sabemos cuáles son los pasos. Las autoridades los envían a Madrid, donde después de 40 días, quedan en libertad, sin que se haga ningún tipo de seguimiento ni control hacia dónde se dirigen esas personas. ¿Qué solución es esa? No se entiende la ventaja de derivar a estas personas hacia otros sitios, en vez de cumplir el acuerdo de repatriación que tiene España con Mauritania, firmado bajo los gobiernos del Partido Popular. Es hacia allí hacia donde se tienen que “derivar”.  Es claro que las mafias juegan con esta desidia del Gobierno. Saben que el que consigue llegar muy probablemente se quedará, salvo excepciones.

 

Una vez más, se pone de manifiesto la urgente necesidad de cumplir escrupulosamente el mencionado acuerdo de repatriación, mientras se trabaja activamente para desarrollar otros con el resto de países afectados.

 

El capítulo del Plan relacionado con la cooperación exterior, tanto con África, como con la UE tampoco se ha cumplido. El Plan de Inmigración contemplaba mejorar la cooperación con los principales países de origen de la inmigración hacia Canarias y promover la cooperación de la Unión Europea en la lucha contra la inmigración irregular, en la canalización de los flujos migratorios y en la integración de los inmigrantes. Además, establece un protocolo Estado-Canarias de intercambio de información y un mecanismo anual de evaluación. 

 

Todo lo que sabemos hasta la fecha es que hace dos meses, la Vicepresidenta del Gobierno se apresuró a enviar una delegación española a Mauritania, donde se cuidó especialmente que hubiera algún representante de la Comisión Europea. Ahí quedó todo. Buenas palabras y mejores intenciones. Hemos tenido que esperar hasta mediados de mayo para que el ministro de Asuntos exteriores, Miguel Ángel Moratinos, plantee el tema en la UE.

El ministro indicó que en la UE hay una “nueva actitud”, que es “pedir políticamente” dentro del marco del Acuerdo de Cotonou (entre la Unión y los países de África, Caribe y el Pacífico http://ec.europa.eu/comm/development/body/cotonou/agreement_es.htm), que estos países “comprendan el desafío que todos estamos viviendo y se hagan por tanto corresponsables” de la gestión de los flujos migratorios.

 

Este Acuerdo firmado por las partes en el año 2000, nace con el fin de de promover y acelerar el desarrollo económico, cultural y social de los Estados ACP (África, Caribe y Pacífico), de contribuir a la paz y a la seguridad, así como propiciar un clima político estable y democrático.

 

Su objetivo fundamental es la reducción y la erradicación de la pobreza, de forma coherente con los objetivos del desarrollo sostenible, y de una integración progresiva de los países ACP en la economía mundial.

 

El capítulo 13 de este acuerdo cobra especial relevancia en el tema que nos ocupa, ya que dispone un diálogo permanente entre la UE y los Estados ACP en materia de emigración. Entre otros aspectos, hace referencia a la obligación de readmisión de nacionales en sus propios países, además de poner de manifiesto el compromiso de la UE de aplicar políticas de formación en los países emisores de emigrantes.

 

Es evidente que el Acuerdo no está dando los resultados esperados. Sería interesante que desde el Gobierno de España se hiciera una política proactiva para la puesta en marcha de mecanismos realmente eficaces al respecto, sin bajar la guardia hasta que se produzca la próxima avalancha.

 

 

En los dos años y medio que llevamos de legislatura, resulta ya repetitivo que la Hoja de Ruta del Gobierno de Zapatero se queda en una mera política de gestos. La situación que estamos padeciendo en Canarias es clamorosamente desastrosa, propiciada por unas actuaciones irresponsables del Ministro Caldera en su día, respaldada por sus socios de Partido, Gobierno y Grupos Parlamentarios como Coalición Canaria. Más triste aún es comprobar que a un año de haber firmado un Plan para la Inmigración con la Administración canaria, nada de lo establecido se ha cumplido, como se ha ido explicado punto a punto.

 

El ministro de Trabajo señaló en su día que este plan seguramente sería una vía y un precedente para actuaciones similares en otras partes de España, y agregó que afecta a toda la inmigración irregular, no sólo a la que se produce por pateras.

 

El ministro señaló que se habían tomado medidas "muy importantes" para evitar la inmigración irregular, la primera de las cuales, citó Jesús Caldera, era legalizar a las personas que trabajan de forma ilegal. ”Así, muy pocos inmigrantes están en situación irregular”, comentó el ministro, quien subrayó que la inmigración irregular ha descendido "de forma drástica".

 

No hace falta repetir más veces que el Plan es insuficiente y demuestra que se hizo a modo de parche, que ha fracasado a un año de su firma, cuando se supone que por lo menos, debía proveer de mecanismos de trabajo y cooperación hasta finales de 2007. No se entiende el por qué del retraso en la instalación de más sistemas SIVE, cuando se ha demostrado que en los puntos donde están instalados- Fuerteventura y Tenerife- están siendo bastante eficaces.

 

Tampoco es comprensible la falta de previsión del Gobierno respecto al cambio de rutas. Era solo cuestión de tiempo que las mafias buscaran otros puntos de partida y de llegada. No hay explicación para que solo se haya repatriado a 200 personas, ni se hayan establecidos contactos de trabajo y cooperación con las administraciones africanas protagonistas de esta catástrofe humana y política.

 

En lo que respecta a la política exterior de España, una vez más, queda al descubierto la falta de empuje y de capacidad de liderazgo que tiene la Administración Zapatero. Acuerdos como el citado de Cotonou son bonitas palabras sin ejecutar, o por lo menos, no lo suficiente.  Los acuerdos están para cumplirlos, sobre todo si son razonablemente buenos. El Gobierno de España tiene la obligación de erigirse en líder en el desarrollo de políticas que contribuyan al desarrollo de estos países que hacen oídos sordos al drama de sus propios ciudadanos.

 

Es momento para la responsabilidad, no para las palabras.