La noticia de la inmigración se ha trasladado en unos días del norte de África a Estados Unidos. De la imagen de los ciudadanos desesperados en pateras, a ciudadanos que se revelan contra un sistema que no termina de acogerlos.

 

Solo cuando se presenta un problema de grandes dimensiones, los gobernantes de todos los países se echan las manos a la cabeza y ponen en marcha la maquinaria de hacer leyes. Los americanos apuestan por restringir de manera drástica la permanencia de personas indocumentadas, aunque saben a ciencia cierta que forman parte del engranaje económico del país. Los gobernantes de los países emisores animan a sus ciudadanos a “rebelarse” pero tampoco hacen gran cosa por ofrecer un futuro a estos ciudadanos que nadie quiere cerca. Mientras protestas allí, no protestan aquí, que es donde originalmente deberían hacerlo.

 

En España, ZP y su ministro Caldera pusieron en marcha la máquina de legalizar inmigrantes como sea, “creyendo” que se acabaría el problema. Este no ha hecho más que empezar. Como siempre decimos desde estas líneas, el tema de la inmigración es un tema complejo y de difícil solución, ya que se mezclan los sentimientos, la solidaridad, con la economía y la razón fría.

 

Lo que está pasando en Estados Unidos pasará antes o después en España. A un año escaso del “papeles para todos, pase y vean que es gratis” ya contamos con un millón más de inmigrantes en situación irregular. Hasta la fecha, los inmigrantes no se han atrevido a protestar por miedo a la deportación, pero viendo el ejemplo americano, es cuestión de tiempo que se echen a la calle a reivindicar sus derechos. Unos derechos que han vislumbrado ante la facilidad de acceso a nuestro país. “Antes o después lo conseguiré”.

 

Si bien siempre hay inmigrantes ilegales en todos los países, si encima se les anima a venir, el problema está garantizado.

 

Quién le iba a decir a Zapatero que se iba a hermanar con Bush en un problema tan complejo como este. Ironías de la vida.

 

 

Hay temas que son de fácil previsión. Un país como Estados Unidos, el paraíso de los sueños hechos realidad, tenía que llegar a un punto en su historia en el que le fuera imposible acoger a más gente, ni siquiera de forma legal, porque la economía no da para más, ni los servicios ni las prestaciones sociales que se tengan por decentes.

 

Es rigurosamente cierto que los inmigrantes, sobre todo los de origen hispano, desempeñan trabajos que hace mucho tiempo no están contemplados en el ideario norteamericano. Tareas que no hay más remedio que afrontar porque son imprescindibles para en la vida cotidiana: cuidar a los niños, realizar las tareas del hogar, hacerse cargo de los abuelos, servir comidas, poner ladrillos subidos en un andamio…trabajos ingratos, pero del todo punto necesarios para que funcione todo lo demás.

 

Esa ha sido la válvula de escape de millones de desheredados de sus países de origen. Siempre hay una escalera que fregar para los que ni siquiera tienen el derecho de hacerlo en su tierra. Siempre está la otra parte dispuesta a hacer la vista gorda mientras no hagan mucho ruido. La espuma llega la borde del vaso y acaba saliendo manchándolo todo. Aunque se limpie, ya no queda igual, el cerco de la mancha denota que algo ha ocurrido ahí.

 

Al final hay que enfrentar el problema que se ha generado por la cortedad de miras de las administraciones sucesivas que prefieren la huída hacia delante. Las de los países emisores, porque siempre se quitan de encima el exceso de ciudadanos y además, generan dinero sin tener que darles ningún servicio a cambio. Los receptores, porque se quitan el problema de los trabajos que nadie quiere desempeñar por ingratos y mal pagados. Si aprietan mucho, se legalizan unos cuantos miles y hasta la próxima. Como siempre, es el ciudadano falto de horizonte el que aprieta los dientes y da el paso. “Que sea lo que Dios quiera”. Llega un momento en que quieren sus derechos, porque se los ha ganado aprovechando los agujeros del sistema.

 

 

Utilizando una de las frases preferidas de Zapatero, aunque en un contexto diferente,  es lo que puede suponer el ejemplo americano en España… o lo que quede de ella…

 

A la fecha, diez organizaciones de inmigrantes de diversas nacionalidades, que se acaban de agrupar en la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados de España (FERINE) han pedido ya al Gobierno ZP que derogue la actual Ley de Extranjería y apruebe una nueva en la que se reconozcan, entre otros, los derechos de un millón de extranjeros que se encuentran en la actualidad en situación irregular, a través de una regularización extraordinaria u otras fórmulas.

 

En un año escaso, la Ley se ha quedado corta. Algo sin precedentes en nuestro país.

 

El presidente de la Federación, Víctor Sáez, afirma que ya  existen un millón de personas en situación irregular a un año vista del Proceso de Regularización Caldera. La Federación está constituida por asociaciones de chilenos, peruanos, bolivianos, colombianos, búlgaros, rumanos, rusos, marroquíes, mauritanos, y subsaharianos, y reclama al Estado español el cumplimiento de los derechos a los que está obligado por convenios internacionales, así como mostrar a la sociedad española que los inmigrantes no son sólo trabajadores, sino que aportan también su riqueza cultural. Nada que no sea comprensible.

 

La Federación, que se constituyó oficialmente el pasado mes de diciembre, se suma a las manifestaciones del 1 de mayo, y para ello, convocó a la población inmigrante en la Casa de América para unirse a los actos del Día del Trabajo, bajo el lema "Nativa o extranjera, somos la misma clase obrera".

 

Para más datos, la Federación organizó un acto de "boicot" a productos estadounidenses, que consiste en no acudir a establecimientos cuya sede central esté en este país ni consumir sus productos, a fin de solidarizarse los doce millones de inmigrantes en situación irregular. Ya tenemos la “foto adelantada en el tiempo”.

 

 

No tranquilizaron en su día las palabras de Zapatero, en septiembre de 2004, cuando aseguró que iba a terminar con la inmigración irregular y seguidamente, puso en marcha la ya manoseada y mentada Ley de Extranjería y su consecuente “efecto llamada”, también conocido como “efecto Caldera”.

 

Este golpe de marketing surtió un breve efecto de euforia en los ciudadanos inmigrantes en situación irregular en nuestro país, que veían colmadas sus expectativas de pasar a ser “gente”. Los que no se pudieron regularizar en aquél momento, albergaron poder hacerlo en breve. Con un gobierno tan “facilón” como el de Zapatero, el horizonte está cada vez más cerca. Si no es en esta ocasión, seguro que en seguida se producirá otra oportunidad.

 

La realidad es tozuda, sin embargo. Un millón más de los previstos se ocupan de las mismas labores ingratas de sus colegas americanos. Un millón más de los previstos precisan servicios sociales tales como educación para sus hijos, transporte público o atención sanitaria para cualquiera de ellos. Estos nuevos ciudadanos generan riqueza y contribuyen a dinamizar el motor del país. También es cierto que, al igual que pasa en Estados Unidos, la economía es la que es, y los impuestos no dan para generar más servicios al vertiginosos ritmo que se demanda.

 

Hay que tener presente que se estima que son un millón, pero es difícil saberlo precisamente por su situación irregular. No hay que olvidar los procesos de agrupación familiar ni los natalicios que se producen una vez llegados a España.

 

Tampoco es desdeñable el “mal rollo”- empleando palabras del argot popular- que comienza a generarse en torno a esta situación. Los ciudadanos españoles acogen de buen grado a gente de otros países, siempre y cuando sea de forma organizada, de manera que se pueda favorecer la integración social y económica de estos nuevos vecinos. Lo que cada vez están menos dispuestos es a encontrarse que en el piso de al lado en vez de 3 ciudadanos hay 10 porque han llegado de forma irregular y tienen que meterse en alguna parte.

 

Por otro lado, la situación de desarraigo y desamparo es cada vez mayor en estos inmigrantes que se encuentran desesperados a comprobar que ganan todavía menos dinero que los que tienen un contrato de trabajo, que ya ellos no encuentran porque el mercado de posibilidades es menor, dado que es imposible generar un millón de puestos de trabajo de la noche a la mañana, ni es posible cubrir sus necesidades en poco tiempo.

 

Estos ciudadanos, honrados y con ganas de trabajar e integrarse en la inmensa mayoría de los casos, se verán, en bastantes ocasiones, abocados a tomar otros derroteros para buscar soluciones a su situación desesperada, porque tampoco pueden ya volver a su país de origen, que no solo no los quiere ni en pintura, sino que se ve aliviado al deshacerse del exceso de población, y le ahorra buscar soluciones, como se comentaba al comienzo de esta reflexión.

 

Al final, la pelota es una enorme bola de nieve que viene arrasando. Cada uno lleva su parte de razón: unos trabajan – si pueden- para el país que les acoge, o en el peor de los casos, viene dispuesto a ello. La sociedad de acogida los recibe bien el líneas generales hasta un determinado punto, mientras no se sienta amenazada en su cotidianeidad y se le de el tiempo a acomodarse a la nueva situación, siempre y cuando, siga recibiendo los mismos servicios que tenía antes.

 

Esta situación empieza a resentirse en España por la actitud irresponsable del Gobierno.

 

 

La cuerda ha comenzado a tensarse de manera preocupante. Lo que ocurre en Estados Unidos no es ni más ni menos que lo que ocurrirá en nuestro país. Las sociedades occidentales han conseguido alcanzar un nivel de bienestar suficiente como atraer a millones que tratan de subsistir en países que lejos de generar riqueza, ha generado exceso de corrupción que limita su capacidad de crecimiento de cara al ciudadano.

 

Las comunicaciones hacen cada vez más fácil el traslado de personas de un lugar a otro y son todavía muchos los vericuetos que les permiten acceder a las puertas del primer mundo, o al menos, el menos malo de los mundos conocidos.

 

El problema, al entender de quien esto escribe, tiene dos vertientes. Por un lado, el que ya se ha apuntado: países que “degeneran” en vez de generar crecimiento y bienestar para la sociedad que incluso les ha votado, en el mejor de los casos. De otro, las administraciones occidentales que en ocasiones han hecho la vista gorda porque siendo un problema a priori difícil, no nos cansamos de repetirlo, se han aplicado paños calientes a la par que se ha aprovechado al coyuntura de obtener mano de obra necesaria y barata.

 

Centrándonos en el caso concreto de España, el problema cobra una dimensión más preocupante si se tiene en cuenta que el Presidente Zapatero fue advertido por activa y por pasiva de las consecuencias que podría traer aparejado un proceso de regularización que a la vez que favorecía a los que ya estaban, generaba expectativas a los que quedaban por llegar e incluso a los que ya estaban.

 

Al margen de las protestas de la Comunidad Europea, el Gobierno ZP trabaja una vez más al margen de la sociedad, que le dice bien alto lo que quiere.

 

La política de inmigración debe ser abordada partiendo de algunas premisas básicas que sean capaces de combinar solidaridad con razón fría, porque así son las reglas del juego mundial.

 

Los inmigrantes son necesarios, dado los bajos índices de natalidad y el envejecimiento de la sociedad española. Es necesario, a la vez que solidario, acoger a nuevos ciudadanos de otros países. Esta solidaridad no debe confundirse con caridad, ni mucho menos, desdeñar la capacidad de acogida que tiene una sociedad civil y una economía generadora de recursos que se generan con trabajo y con unos tiempos determinados.

 

Es por ello, que hay que trabajar en un control estricto en las fronteras, a la vez que se desarrollan acuerdos internacionales para la repatriación y para la contribución al desarrollo de los países de origen. Nadie de marcha de su país si no es estrictamente necesario. En cada inmigrante hay un drama personal, profesional y familiar. No lo olvidemos.

 

Se debería trabajar además, en mecanismos sancionadores de los países de origen que una y otra vez se saltan las normas y se muestran indolentes a la hora de establecer programas de crecimiento económico. Para muestra, la reciente nacionalización del petróleo impuesta por Evo Morales, pasando por encima de acuerdos previamente firmados y dejando a un lado la regulación. A la larga- y a la corta- generará todavía más desconfianza en los inversores, y Bolivia no dispone de los medios para sacar adelante toda esa riqueza. En el tema que nos ocupa, generará una mayor masa de emigrantes, sobre todo hacia España…y si no, al tiempo. ¿Lo recibirá Zapatero a bombo y platillo? Mejor será que le pida explicaciones que convenzan tanto a los de allí, como a los de aquí.

 

Estos países deben comprometerse además, a luchar contra las mafias y a cumplir las normas internacionales rigurosamente. Es preciso también que las Naciones Unidas tomen un papel de mediador proactivo y de riguroso control del cumplimiento de dichas normas, así como de vigilar que los recursos que se facilitan a estos países para su desarrollo se utilicen efectivamente para eso. Incluso, que sea uno de los motores de nuevas ideas que contribuyan al bienestar de los países y lucha eficaz contra la corrupción de muchas de dichas administraciones.

 

En el caso de España, de una vez Zapatero tiene que caer en la cuenta de que es el Presidente del Gobierno de un país de verdad y no de un sueño infantil o de la “República Independiente de Ikea”.

 

Ello quiere decir que las decisiones deben tomarse de acuerdo a la ciudadanía, que le advirtió muchas veces del peligro de tomar a la ligera un tema tan sumamente delicado como es el del drama de la inmigración, situación de la que es víctima toda la sociedad, no solo la de acogida, sino de los ciudadanos que llegan con esperanzas truncadas desde el principio por una generación  de expectativas demagógicas y pueriles difíciles de cumplir.

 

Tiene que asumir que pertenecemos a una Unión de países Europeos, que asimismo le reconvinieron de tamaña decisión. No es la primera vez que lo hacen en dos años y pico de legislatura. Toda política migratoria debe de estar en absoluta y completa comunión con los Acuerdos Internacionales en materia de derechos humanos y con la Carta Europea de derechos fundamentales.

 

La Administración Zapatero debe trabajar activamente por generar más acuerdos de colaboración de reinserción y no seguir viviendo de las rentas que dejó la Administración Aznar, que dos años y medio después, se antojan ya de todo punto insuficientes.

 

Zapatero debe ser uno de los primeros impulsores de creación de marcos de diálogo con estos países y en paralelo con sus socios europeos. Eso es estar en el corazón de Europa.

 

La experiencia demuestra que la lucha contra la inmigración ilegal no puede hacerse a través de regularizaciones masivas, anunciadas con tiempo de antelación suficiente como para que irregulares de otros países puedan acudir a aquél que realiza la regularización.

 

Ante esta sucesión de irresponsabilidades, la polémica está servida. La pancarta que acabará volviendo contra este Gobierno. El “efecto USA” puede ser el “Efecto ZP”.