Según se acerca el mes de febrero, cuando el dispositivo norteamericano estará en condiciones óptimas de actuar sobre Irak, la situación internacional se enrarece y las declaraciones de las autoridades se  hacen más contradictorias.

 

Tanto el secretario general de Naciones Unidas como los responsables de los equipos de inspección piden tiempo para poder realizar plenamente su trabajo, subrayando así la interpretación de que su cometido principal es visitar cuantos lugares consideren conveniente en su busca de los arsenales de armas de destrucción masiva que Hussein esconde desde hace años.

 

Por su parte, tanto George W. Bush como Condolezza Rice expresan su insatisfacción por la insuficiente presión de los inspectores, al no sacar de Irak a los científicos que pueden aportar información de calidad sobre la ubicación de los citados arsenales, y, sobre todo, recuerdan a Hussein que no está cumpliendo con sus compromisos ni con las obligaciones que la comunidad internacional le ha impuesto, lo que llevará a una pronta reapertura de las hostilidades. Es sus comentarios está implícita otra interpretación sobre cuál es la misión fundamental de los inspectores: no se trataría tanto de explorar y hallar cuanto de gestionar con la administración iraquí la destrucción de los arsenales que sus predecesores, la Comisión Especial de Naciones Unidas UNSCOM, cuantificó y, en parte, localizó. UNMOVIC no parte de cero, sino que llega para finalizar el trabajo que UNSCOM vio interrumpido por su expulsión. Por lo tanto, lo fundamental no sería que los inspectores tuvieran tiempo suficiente para visitar todos los lugares sospechosos, sino poner en evidencia la negativa iraquí a reconocer la existencia de los arsenales y, consiguientemente, a destruirlos.

 

Tony Blair, el más sólido de los aliados europeos de Estados Unidos, ha tenido que ceder ante la presión de los parlamentarios de su propio partido y de sus votantes, reconociendo en los Comunes que hay que dar tiempo a los inspectores a realizar su trabajo -lo que abundaría en la primera de las interpretaciones sobre cuál es su cometido- y que sería necesaria una nueva resolución para hacer uso de la fuerza, si bien ha aclarado que no serían aceptables derechos de veto “no razonables”.

 

En el resto de Europa los gobiernos han tratado de rehuir el tema, convencidos de que sólo podría proporcionarles quebraderos de cabeza con la ciudadanía. La idea de que los inspectores deben seguir trabajando está firmemente asentada, sin que casi nadie se manifieste dispuesto a defender la interpretación americana de cuál es la misión de los inspectores. Paradójicamente sólo Francia parece considerar seriamente la posibilidad de un conflicto. La aparente paradoja de que el martillo de unilateralistas sea sensible a sus demandas se explica por la necesidad de Francia de estar presente en cuanto conflicto surja, para evitar la imagen pública de su situación marginal al núcleo de poder de la actual sociedad internacional.

 

 

En Estados Unidos surgen las dudas sobre el acierto de la política seguida por Bush. Durante el verano se produjo una cierta tensión entre los defensores de una acción unilateral frente a los que reivindicaban el protagonismo del Consejo de Seguridad. Para los primeros, con Cheney, Rumsfeld y Wolfowizt a la cabeza, la resolución 687 de 1991 dada cobertura jurídica suficiente para actuar, junto con los estados amigos que desearan colaborar. Para los segundos, con Powell al frente, el problema no residía en el soporte jurídico sino en la necesidad de formar una gran coalición. Desde el Consejo de Seguridad y con una nueva resolución se podrían limar los prejuicios anti-norteamericanos, especialmente en el mundo árabe, y facilitar la formación de una coalición semejante a la que en 1991 aplastó a Irak. Si para los primeros el protagonismo del Consejo de Seguridad sólo serviría para que algunas potencias trataran de contener a Estados Unidos, para los segundos el Consejo sería un instrumento al servicio de los intereses norteamericanos en su lucha contra el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Cuatro meses después, y a la vista de la posición de europeos, árabes y Rusia, muchos piensan que los defensores de una acción unilateral tenían razón.

 

En breve plazo el presidente Bush tendrá que tomar una decisión importante. Saddam Hussein presentó a principios de diciembre el documento que se le había exigido sobre sus arsenales de armas de destrucción masiva y misiles, negando su existencia. El 27 de enero los inspectores reconocerán ante el Consejo que el gobierno iraquí no está colaborando en la localización de dichos arsenales. La suma de ambas declaraciones justificaría la “quiebra material” a la que hace referencia la Resolución 1441, dando paso al uso de la fuerza. Culminaría así el planeamiento diplomático-militar que la administración norteamericana elaboró tras la decisión del presidente Bush de llevar la cuestión iraquí al Consejo de Seguridad. A fecha de hoy podemos afirmar que no parece haber entre los quince miembros del Consejo consenso suficiente para aprobar una nueva resolución, sino más bien interés por dar a los inspectores tiempo para visitar cuantos lugares consideren necesario para localizar las armas ocultas.

 

George Bush actúa en un marco de opciones limitadas. Desde el 27 de febrero puede disponer de unas semanas para presentar sus interpretaciones y tratar de convencer a los miembros del Consejo y, en general, a los aliados. Pero no tiene mucho más tiempo. Las condiciones climatológicas se harán cada vez más duras para las fuerzas armadas, que tendrían que actuar bajo un calor asfixiante, agravado por el uso de ropa especial para combatir munición química o biológica. La posibilidad de posponer la campaña al mes de octubre, dando tiempo a los inspectores y de nuevo con temperaturas más llevaderas, tendría dos graves inconvenientes: el altísimo coste económico del mantenimiento de un despliegue militar tan grande y la incomprensión de la ciudadanía norteamericana ante la tardanza en la resolución de la crisis iraquí, cuando la evolución de la situación en Korea requiere de mayor atención. La credibilidad de Bush se vería seriamente afectada si después de tantas declaraciones unilateralistas y documentos estratégicos reivindicando las acciones de anticipación (pre-emptive) quedara bloqueado en el Consejo de Seguridad tras poner en evidencia la falta de colaboración de Hussein.

 

A la vista de estos elementos el escenario más probable es que la diplomacia norteamericana tendrá que hacer un gran esfuerzo a lo largo del mes de febrero para convencer al Consejo y a los aliados de que ha llegado el momento del uso de la fuerza. En el caso de no conseguirlo, y siguiendo la experiencia de lo ocurrido en la gestión de la crisis de Kosovo, Estados Unidos formará una alianza ad hoc. Será una acción  sin respaldo directo del Consejo, pero atenuada por el esfuerzo realizado en su seno. De llegarse a este punto nos encontraremos ante una importante quiebra en las relaciones transatlánticas, con el agravante de una división entre los estados europeos que apoyen la opción norteamericana y los que se opongan.

 

La formación de una alianza en estas circunstancias  permitirá constatar dos hechos muy importantes para el futuro de la política exterior norteamericana. En primer lugar el grado de apoyo a su postura y de disposición a colaborar entre los países amigos. En segundo lugar, la capacidad militar para actuar a gran distancia, posiblemente sin muchos puntos de apoyo en países limítrofes. Una gran victoria militar norteamericana con escasos apoyos diplomáticos y militares reforzaría la tendencia unilateralista y dañaría enormemente las relaciones transatlánticas. Europa perdería presencia internacional y quedaría inmersa en su complejo proceso de unidad continental, agravado en la actualidad con la apertura a nuevos miembros.

 

 

España afronta esta crisis internacional desde la condición de aliado europeo de Estados Unidos y, sobre todo, como miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Su posición deberá ser clara y matizada, así como bien fundada. No caben movimientos tácticos cuando es tanto lo que está en juego.

 

En nuestra opinión la posición de España debe ceñirse a lo establecido en la resolución 1.441 del Consejo de Seguridad, en particular en los siguientes puntos.