(Publicado en ABC, 11 de abril de 2006)
Poco a poco Francia construyó un extraordinario “estado de bienestar”. La experiencia de los años de entreguerras estaba muy presente y el objetivo era salvar los abismos entre unas clases y otras, resolver las necesidades fundamentales de cada individuo y asegurar la paz social. Primero fueron los gaullistas, luego los socialistas, todos fueron aportando medidas que garantizaran lo garantizable: la sanidad, la educación, la jubilación, las vacaciones, los derechos laborales... Y así Francia se convirtió en un país de funcionarios. Trabajaran en la Administración o en la empresa privada daba igual, porque los derechos eran casi los mismos. Mientras tanto, la gran empresa se configuró entorno al Estado, siempre dependiente de él, siempre oteando los deseos del gobierno de turno.
La acción se convirtió en ideología. La cultura política francesa, conservadora o socialista, es profundamente antiliberal. Odian el mercado, al que tachan de reaccionario, tanto como aman el intervencionismo estatal. De él esperan todo y, desde luego, la continuidad en el tiempo de los beneficios, que ya son derechos adquiridos, que han recibido las generaciones anteriores.
Francia se proyectó en Europa y así la Comisión nació con espíritu burocrático, intervencionista e iluminado. Los déspotas ilustrados de Bruselas, como los de París, son los gestores del bienestar ciudadano, porque nadie sabe mejor que ellos lo que sentimos y necesitamos.
Pero las cuentas ya no salen. La economía francesa lleva años estancada. Sin crecimiento no hay empleo. Las empresas medias están hartas de unos trabajadores que enferman demasiado, trabajan poco y bloquean su capacidad de crecimiento.
El Gobierno tiene que tratar de atajar esta tendencia al declive, reanimando la economía. Villepin propuso una pequeña reforma liberalizadora a propósito del primer empleo y la respuesta fue fulminante. No cabe la liberalización, no cabe un cambio en el contrato del estado de bienestar, no cabe utilizar argumentos reaccionarios, como que el empleo depende del crecimiento. No puede sorprendernos. Francia bloqueó la ejecución de la Agenda de Lisboa y sus ciudadanos rechazaron el Tratado de la Constitución Europea porque lo consideraban demasiado liberal, allí donde muchos veíamos un exceso de intervencionismo.
Los franceses, como los alemanes, no quieren aceptar la realidad. Para todos ellos no es un problema económico sino de derechos. En Alemania lograron posponer la llegada de Merkel y que, una vez en la cancillería, apenas reformara nada. En Francia han conseguido la retirada del proyecto. Unos y otros son responsables de que el paro crezca y de que continúe creciendo.
Villepin prometió dimitir si la reforma no salía y, como era previsible, no cumplió su palabra. Su figura política ha quedado seriamente dañada en la carrera presidencial. Ha dado tantas muestras de ambición como de incapacidad para hacer frente a los grandes problemas. Sarkozy lo tiene más fácil.