España es el país europeo al que llegan más inmigrantes. El número de extranjeros se aproxima a los dos millones y puede alcanzar ya el 5% de nuestra población. Pero la distribución de esta población extranjera no es uniforme en todo el territorio. Así, mientras en Madrid el 10% de los escolares son inmigrantes, en Palencia ese porcentaje es mucho menor. En cualquier caso, la inmigración va a transformar nuestra sociedad en su conjunto más que ningún otro fenómeno en el último siglo.

 

El primer impacto es cultural. La llegada masiva de extranjeros abre un debate sobre la identidad cultural en el que hay tres opciones básicas: la homogeneización, la pluriculturalidad y el mestizaje. Los nacionalistas, ya sean periféricos o centralistas, optan por la asimilación cultural. Así, los inmigrantes deben renunciar a su identidad de origen para abrazar con entusiasmo la identidad de la nación de acogida. No sólo deben aprender la lengua, lo que parece lógico, sino que deben también asumir la cultura y las costumbres de su nueva sociedad olvidando la propia. El problema, más allá del alineamiento cultural que puede suponer esta opción, es que la experiencia histórica de países como Francia demuestra que este tipo de homogeneización forzada no ha funcionado.

 

La izquierda, por el contrario, parece optar por la multiculturalidad o pluriculturalidad. Esto significa que cada grupo étnico o nacional debería mantener intacta su cultura de origen, al margen de la identidad mayoritaria de la sociedad de acogida. Nuestra sociedad se convertiría así en un collage cultural en el que conviviría una diversidad de grupos diferentes y aislados. El inconveniente de esta opción es que se tiende a crear guetos étnicos o nacionales que provocan en muchas ocasiones marginación y lagunas en el estado de derecho. Las posibilidades de fricción e incluso conflicto entre las diferentes comunidades son además muy altas.

 

La opción más sensata parece por tanto el mestizaje. La identidad española ha surgido a lo largo de los siglos como un crisol de culturas y civilizaciones que han pasado por la península Ibérica. Tenemos, por tanto, que estar abiertos al cambio y a la evolución cultural. La llegada de inmigrantes tiene que ser percibida no sólo como la incorporación de una fuerza de trabajo de la que carecemos, sino también como una aportación de vitalidad y de nuevos valores culturales a nuestra sociedad. Por eso debemos favorecer el mestizaje cultural y social. La identidad no debe ser una mera superposición de culturas, sino una integración de las nuevas identidades que enriquezcan el caudal dominante. Pero para eso hay que estar abierto al cambio y tolerar la diversidad.

 

El segundo desafío que plantea la inmigración es la reforma de nuestro Estado del bienestar. La población inmigrante tiende a ser consumidora muy intensiva de servicios sociales, especialmente de sanidad y educación. Esto viene a incrementar la presión sobre unos servicios públicos que ya soportaban problemas de financiación para atender a la población autóctona. La consecuencia, en algunos sitios se está produciendo ya, es una saturación y un deterioro de la calidad de esos servicios. Nuevamente nos encontramos con dos opciones básicas. Podemos aumentar los impuestos para que estos servicios públicos puedan hacer frente a las nuevas demandas o podemos dejar que los servicios públicos se deterioren y que quiénes tengan recursos suficientes se provean de ellos en el sector privado.

 

El problema de aumentar los impuestos, más allá de que electoralmente no es muy popular, plantea tres graves problemas. En primer lugar, que doctrina e historia económica demuestran que el Estado es un agente menos eficiente en proveer bienes y servicios a la sociedad que el mercado. En segundo lugar, que en una economía globalizada cuanto más caro sea nuestro sistema internacional menos competitivas son nuestras empresas, minando así el potencial de crecimiento económico. Por último, la calidad y gratuidad de los servicios públicos es a su vez un factor de reclamo para la llegada de nuevos inmigrantes, por lo que el sistema tiende a saturarse cíclicamente.

 

La solución a este dilema pasa en mi opinión por dos líneas de acción. En primer lugar, es necesario incrementar la eficiencia del gasto público en materia social. Para ello es esencial incorporar la iniciativa privada en la prestación de servicios sociales. En educación, la combinación de centros privados con financiación pública ha sido una opción que se ha demostrado eficaz para garantizar una educación de calidad a un coste público razonable para muchos millones de escolares. Muchas residencias de la Tercera Edad han optado también por esta opción mixta. La segunda línea de reforma pasa por abrir una reflexión sobre el carácter asistencial o universal de determinados servicios públicos. Pero ese es motivo para una reflexión más larga.