Eduardo García de Enterría acaba de publicar unos textos de Manuel Azaña sobre la autonomía catalana. Son discursos -casi todos parlamentarios-, anotaciones personales y artículos periodísticos, bien conocidos de cuantos se han interesado por la segunda República española. Todo el material que ahora se publica estaba ya en las muy incompletas Obras completas (1966-1968) del ex-presidente de la República y, como suele ocurrir en estos casos, uno de los atractivos  del libro -al margen de la oportunidad de las fechas en que aparece en las librerías- reside en el estudio introductorio que acompaña a los textos, máxime cuando se trata de una gran autoridad del mundo jurídico como es García de Enterría. De ahí el interés de sus comentarios sobre algunos de los aspectos jurídicos del proceso autonómico catalán y, muy especialmente, del intento de aplicar a Cataluña el principio de autodeterminación de los pueblos que había puesto en circulación el presidente Wilson tras el final de la primera guerra mundial.

 

La actuación de Azaña sería decisiva en la aprobación del Estatuto, que inició su marcha en septiembre de 1932, pero ese hecho no dejó resuelto el problema, entre otras cosas por el comportamiento del propio Azaña que, después de verse desplazado del poder, pidió que se anulase el resultado de las elecciones de noviembre de 1933, que habían dado el triunfo a las derechas y, sobre todo, se empeñó en una prolongada campaña de deslegitimación de los nuevos gobernantes. Fue entonces cuando Azaña afirmó que “antes que la Constitución está la República”, idea que, según García de Enterría, era verdaderamente subversiva y servía para legitimar cualquier ruptura del orden constitucional como las que, efectivamente, se produjeron en octubre de 1934 en Asturias y en Cataluña. Los políticos catalanes que, ya en abril de 1931, se habían adelantado a proclamar una “República catalana” dentro de una fantasmagórica federación de los pueblos ibéricos, persistieron en su actitud en 1934, proclamando el “Estado catalán” dentro de una República federal que ya había sido rechazada por los diputados constituyentes de 1931. La verdad es que no hubo que hacer tampoco una gran demostración de fuerza militar para que aquella sedición se diluyera en las primeras luces de un amanecer del otoño barcelonés.

 

La tensión generada por aquellos hechos revolucionarios llevó a un encono creciente de los espíritus, que dominó las elecciones de febrero de 1936 y condujo, unos meses después, a la guerra civil. Para entonces, como ha señalado García de Enterría, Azaña ya había empezado a hablar de piedad como una actitud indispensable en una sociedad que necesitaba también de transigencia y de perdón entre sus ciudadanos.

 

No fue escuchado y, cuando estallaron las hostilidades, se pudieron comprobar los amargos resultados de una política de exclusión. Los asesinatos indiscriminados del verano de 1936 en Madrid -especialmente los que ocurrieron en un espacio que se suponía bajo el control del gobierno, como era la Cárcel Modelo de Madrid- angustiaron al presidente de la República que, algunas veces, pudo oír directamente los disparos de algunas ejecuciones desde las ventanas del Palacio Real de Madrid. Por eso, cuando se cumplía un año desde el inicio del conflicto: pudo decir en un discurso: “ninguna política se puede fundar en la decisión de exterminar al adversario”.

 

El liberal que siempre fue Azaña parecía sobreponerse, por fin, al discurso jacobino que le había tenido arrebatado durante dos largos años y, cuando se cumplió, un nuevo aniversario del inicio del conflicto en 1938, en el discurso que pronunció en el Ayuntamiento de Barcelona lo cerraría con tres palabras -”paz, piedad, perdón”- que se suponía que era un mensaje que enviaban las víctimas del conflicto. Un mensaje que pareció perderse en el fragor de aquellos días pero que sigue siendo un lema sugerente frente a cuantos parecen empeñados en reabrir aquellos frentes.