(Publicado en La Razón, 5 de noviembre  de 2005)

Las violentas manifestaciones que se extienden desde París a otras ciudades francesas en los últimos días son la prueba más evidente del fracaso de las políticas de integración social diseñadas por el país vecino en las últimas décadas. Más aún, son un aviso de la enorme dificultad que tiene la integración de los inmigrantes musulmanes en cualquier sociedad europea.

 

El problema de la inmigración suele ser un problema de densidad. Por debajo del diez por ciento de población extranjera, la inmigración no suele constituir un gran problema. Sin embargo, en aquellas ciudades o barrios en los que la población inmigrante supera el 25 por ciento, el potencial de conflicto entre los habitantes autóctonos y los nuevos tiende a crecer exponencialmente, especialmente cuando existe un importante abismo cultural entre ambos.

 

La población inmigrante tiene además a concentrarse en determinadas áreas por afinidades familiares, geográficas y muy especialmente religiosas. Cuando en un barrio la concentración de una determinada comunidad extranjera comienza a ser importante, el efecto de expulsión de los ciudadanos autóctonos es automático. Dificultades en la convivencia por los choques culturales, muchas veces aumento de la inseguridad ciudadana, deterioro de servicios públicos esenciales como la educación o la sanidad, devaluación de las propiedades. Todo ello constituye un círculo vicioso que conduce necesariamente a la marginalidad de esos barrios.

 

Esas comunidades tienden además a cerrarse sobre si mismas en los espacios geográficos conquistados. La función asistencial del Estado es sustituida por redes familiares o locales de solidaridad, el Estado de Derecho sucumbe a las normas propias de la comunidad y bandas organizadas se encargan de imponer por la violencia un orden social injusto pero eficaz. Los problemas se agravan aún más en las segundas y terceras generaciones de inmigrantes, menos dados a la resignación que sus progenitores y con un vacío de identidad que es el mejor terreno de cultivo para los radicales islamistas.

 

España, con una población musulmana que supera ya ampliamente el millón de personas, debería aprender de las experiencias de sus vecinos para no incurrir en los mismos errores. La primera lección sería controlar con mano firme una inmigración ilegal que continúa afluyendo masivamente a nuestras fronteras alentada por la política de “papeles para todos” que ha desarrollado el Gobierno actual. La segunda es impedir a toda costa la constitución de guetos donde el Estado de Derecho pueda ser suplantado por las mafias. La tercera es hacer una defensa activa de nuestra identidad cultural y la exigencia a quienes quieran residir en nuestro país de aceptar nuestros principios democráticos, respetar nuestra cultura y cumplir todas nuestras normas en igualdad de derechos y obligaciones.