DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
Turno de portavoces
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Cosidó.
El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular tendría al menos cuarenta razones para votar no a esta enmienda y al dictamen de la comisión sobre el proyecto de ley de la defensa nacional, pero, como dispongo de poco tiempo, sólo voy a citar las cuatro que me parecen fundamentales.
En primer lugar, porque atenta a la dignidad de esta Cámara. En segundo lugar, porque esta ley está anclada conceptualmente en el pasado. En tercer lugar, porque es una ley contraproducente para la defensa nacional. En cuarto lugar, porque es una ley que pretende engañara a la opinión pública española.
Atenta a la dignidad de esta Cámara, como muy bien han explicado los portavoces de Convergència i Unió y el PNV, y lo voy a explicar no con mis argumentos sino citando a alguien que, sin duda, tiene más autoridad que yo en esta Cámara, al menos entre el Grupo Parlamentario Socialista, me refiero al senador Laborda, que hoy tenemos la suerte de que nos acompaña. En un debate celebrado el año 1999, cuando los gobiernos del Partido Popular sí venían a esta Cámara a informar sobre las misiones en el exterior de las Fuerzas Armadas, cosa que no ha hecho este Gobierno, decía el senador Laborda -y cito textualmente- con mucho acierto en mi opinión: AA mí me parece que es necesario establecer un sistema de relaciones entre el Gobierno y las Cámaras parlamentarias de manera que previamente el Gobierno informe a las dos Cámaras de los compromisos de esta naturaleza, como sucede en países que pertenecen a la Alianza Atlántica. A las dos Cámaras, digo, y no por una mera defensa corporativa de ésta, sino porque me parece que eso es lo que ha de derivarse del papel que ésta tiene en política exterior y del análisis del artículo 63 de la Constitución.@ No me extiendo más en este punto porque me parece que no podría explicarlo mejor de lo que lo hizo el senador Laborda.
En segundo lugar, es una ley anclada conceptualmente en el pasado porque renuncia a un concepto moderno de seguridad y defensa para retrotraernos a un concepto estricto de defensa más propio de la guerra fría que del momento actual. Además, esta ley es víctima de la relación existente entre los ministros de Defensa y del Interior, porque como se llevan mal el ministro del Interior veta al ministro de Defensa y no permite que podamos hablar, como sucede en la Unión Europea y en cualquier país civilizado y moderno, del concepto de seguridad y defensa y no estrictamente de defensa.
En tercer lugar, nos oponemos a esta ley porque es contraproducente para la defensa nacional y las Fuerzas Armadas. Supone un paso atrás en el consenso logrado por el Gobierno anterior en la revisión estratégica, que situaba al JEMAD -y hoy tenemos la suerte de que nos acompaña- como el único mando operativo de las Fuerzas Armadas, y esta ley se retrotrae a situaciones anteriores dando a los jefes del Estado mayor de los distintos ejércitos el mando operativo de las misiones permanentes en tiempo de paz. Nos parece que es un serio retroceso en cuanto a la doctrina de conjunto que debía haber inspirado esta ley, en lugar de ir en contra del sentido de los tiempos.
En cuarto lugar, es engañosa para la opinión pública y el ministro de Defensa ha hecho un gran ejercicio -ha hecho muchos, pero uno en especial- de demagogia esta mañana, recriminarnos que estamos en contra de que tenga que haber una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que pueda haber una intervención de las Fuerzas Armadas españolas en el exterior. Estamos en contra nosotros y el Gobierno, porque basta una autorización del Consejo Atlántico, como ha reconocido el propio ministro, para que esas misiones puedan realizarse. Es más, gracias a una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, basta que estén comprometidos los intereses nacionales y no es necesaria una autorización del Consejo de Seguridad. Por tanto, basta de hacer demagogia con ese tema.
Creo que el ministro de Defensa tenía dos objetivos con motivo de la presentación de esta ley. En primer lugar, quería colgarse su primera medalla legislativa, pero quiero advertirle al señor ministro que sin el consenso del Grupo Parlamentario Popular esa condecoración puede ser tan efímera como la que se autoimpuso por su huida de Iraq. En segundo lugar, el ministro pretendía criminalizar con carácter retroactivo la actuación de los gobiernos anteriores del Partido Popular, y quiero que sepa que ni este Gobierno, ni este ministro, ni cien ministros como él pueden manchar la labor espléndida de las Fuerzas Armadas españolas en Iraq en defensa de la libertad del pueblo iraquí y en su misión de ayuda humanitaria. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
Yo le daría una última sugerencia al Gobierno, tras escuchar la intervención del presidente del Gobierno ayer en el Congreso de los Diputados, y es que cambiara el nombre de esta ley y, en vez de llamarla ley de Defensa Nacional, la llamara ley de defensa de España, porque si no, no sabemos muy bien a qué nos estamos refiriendo.
También le diría al señor ministro que tuviera un poquito más de talante democrático, que supiera aceptar mejor las críticas, porque vivimos afortunadamente en un país libre y en un país libre las críticas al Gobierno las puede formular no solamente la oposición, como es su obligación, sino también la sociedad civil, como es el caso de esa asociación a la que, sin posibilidad de defensa, ha estado descalificando permanentemente. Ese GEES, al que se refería el ministro y al que ha calificado de secta, es una asociación legal. Espero que, como el ministro Montilla, no intenten cerrar la COPE e ilegalizar el Grupo de Estudios Estratégicos.
Muchas gracias. (Aplausos.)