En la ley de energía pendiente, el Congreso americano ha dado a la amenaza del calentamiento global la urgencia que merece el tema: absolutamente ninguna. Ahora le toca al resto del mundo igualmente poner sus prioridades en orden. La cumbre económica del G-8 puede que haya empezado ese proceso.

 

Las recientemente aprobadas versiones del proyecto de ley de energía de la Cámara y el Senado no contienen cláusulas vinculantes para limitar las emisiones de dióxido de carbono, el omnipresente derivado del consumo de combustible fósil que contribuye al calentamiento global. Los intentos de agregar esos límtes como enmiendas en la versión del Senado fracasaron categóricamente, con muchos senadores preguntándose tanto los costes como el fundamento medioambiental para semejantes recortes sin precedentes en el uso del carbón, petróleo y gas natural.

 

Es una afortunada omisión ya que un límite al carbón habría anulado la posibilidad de la Ley de energía para reducir costes energéticos en años venideros.

 

El Senado sí acordó una resolución no vinculante declarando el calentamiento global como un problema. Otras medidas en la Ley de Energía servirán para la política de la Administración Bush financiando la investigación y el desarrollo de tecnologías que produzcan energía con menos emisiones de carbono. Esto incluye carbón limpio, células electroquímicas de hidrógeno y nucleares de nueva generación.

 

El Congreso claramente se ha unido a la Administración Bush rechazando las restricciones al carbono y optando en su lugar por el enfoque a largo plazo para desarrollar y desplegar nuevas tecnologías.

 

La atención se ha tornado hacia la cumbre del G-8 celebrada recientemente en Gleneagles, Escocia. Tony Blair y otros líderes europeos inicialmente tenían la esperanza de avergonzar a Estados Unidos para que se comprometiera mucho más a frenar las emisiones de carbono. Pero su principal arma en esta lucha – el hecho que las 7 otras naciones (Reino Unido, Rusia, Francia, Alemania, Italia, Japón y Canadá) hayan ratificado el Protocolo de Kioto y por tanto se hayan comprometido a reducir fuertemente sus emisiones de carbono – está desmoronándose a toda prisa. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente y otras fuentes, las emisiones de carbono entre esas naciones están subiendo y la mayoría no está en camino de lograr cumplir sus compromisos con Kioto.

 

Estas naciones están aprendiendo a la mala lo que Washington ha sabido siempre: Cualquier esfuerzo a corto plazo para rebajar las emisiones de carbono usando las tecnologías existentes sería prohibitivamente costoso. Algunos cálculos dicen que los costos globales podrían llegar tranquilamente a cientos de miles de millones de dólares anualmente. Es hora de una nueva propuesta.

 

Aprender esta lección es clave para el resto de la agenda del G-8, especialmente para el deseado objetivo de reducir la pobreza en África y el resto del mundo en desarrollo expresado por Blair. En realidad, sería muy buena noticia para los pobres del mundo ver que la cumbre del G-8 señala el principio del fin de la propuesta de Kioto en favor de la estrategia de la Administración Bush por investigación y desarrollo de nuevas tecnologías.

 

En pocas palabras, aspirar a Kioto disminuye las oportunidades de que las naciones en desarrollo logren alguna vez escapar de la pobreza. Por supuesto, forzar a estas naciones a adoptar límites energéticos estilo Kioto haría que los combustibles fósiles necesarios para el desarrollo fuesen prohibitivamente caros. Pero aún si el mundo en desarrollo estuviera exento de controles de dióxido de carbono – una exención que aseguraría que no hubiese ningún progreso en la reducción en general sin importar lo que haga el Primer mundo – el impacto adverso al desarrollo seguiría siendo considerable. El mundo en vías de desarrollo necesita un mundo desarrollado económicamente robusto con el que pueda comerciar para beneficio mutuo, pero eso no sucederá con el Protocolo de Kioto en vigor. En efecto, Kioto – si se implementase de verdad – ralentizaría las economías del Primer mundo, poniendo en gran peligro cualquier esperanza de levantar al Tercer mundo.

 

Aceptemos que el enfoque de la Administración Bush tiene sus propios problemas. Los anteriores intentos de investigación energética dirigida federalmente dan como resultado un historial irregular. Es más, los costes de esos esfuerzos – actualmente por la friolera de casi 5.000 millones anuales y con más en camino gracias a la Ley de energía—están lejos de ser triviales y bien podrían terminar siendo desproporcionados para el problema. Sin embargo, este enfoque sería de una magnitud mucho más barata que el Protocolo de Kioto o cualquier sistema para limitar emisiones.

 

Si juzgamos por el comunicado de Gleneagles, firmado por el G-8, parece que el resto del mundo está cambiando el rumbo hacia la posición de la Administración Bush.