Los intentos de juzgar los motivos de los electores en los recientes referendos francés y holandés sobre la constitución europea no pertenecen a la cultura política democrática que se ha venido desarrollando en el mundo en los últimos doscientos años. Detrás de esos intentos está, evidentemente, el afán de minimizar los efectos de ambas consultas y mantener la esperanza de que salga adelante el tratado, pero el procedimiento no resulta de recibo y, a la larga, podría dar lugar a consecuencias muy peligrosas.

 

Uno de los elementos básicos de la cultura democrática es la convicción de que toda persona adulta está en condiciones de determinar lo que le interesa y hacer que su opinión personal, expresada en un voto libremente emitido, sea contada a la hora de tomar decisiones que afectan a la comunidad política. La idea de tener que pagar impuestos sin ver reconocido el derecho a que se les escuchara sublevó a los colonos americanos a finales del siglo XVIII y, desde entonces, se vienen desarrollando los mecanismos para que los intereses de los individuos sean respetados a la hora de tomar las decisiones políticas.

 

El camino para conseguirlo ha sido largo y difícil. Las mujeres estuvieron más de cien años sin derecho a votar, hasta que se empezó a generalizar el reconocimiento  de ese derecho después de la primera guerra mundial. Muchos hombres que, en teoría, tenían reconocido el derecho a votar, experimentaron violencias y presiones que lo hicieron imposible en la práctica.

 

Pero el principio básico no se alteró: toda persona adulta tenía derecho a determinar lo que le interesaba y a decidir, con su voto, la mejor manera de conseguirlo. Ni las iglesias, ni las organizaciones obreras o profesionales, ni los movimientos nacionalistas tienen derecho a sustituir a los individuos en los sistemas democráticos, ni a tratar de discriminar los votos en función de los motivos que los hayan provocado. Vale tanto el voto del rico como el del pobre, el del listo como el del tonto. Salirse de ahí puede resultar muy problemático, porque volveríamos al mundo de los privilegios característicos del Antiguo Régimen.

 

A nadie con un sentido democrático mínimo se le puede ocurrir restar legitimidad al triunfo socialista en las elecciones del 14 de marzo de 2004, por más que haya motivos sobrados para pensar que el comportamiento de muchos electores se vio afectado entonces por lo que había ocurrido en los tres días anteriores. Tanto a la hora de la movilización electoral, como en la decisión del voto.

 

Tampoco tiene sentido hacerlo después de las consultas populares realizadas hace unos días en Francia y Holanda. Votar por cuestiones políticas internas, o por la irritación que produce que un sueldo no llegue a fin de mes, es tan legítimo como hacerlo por el bien de la Humanidad. Cada individuo tiene el derecho a determinar lo que le interesa y, en consecuencia, a votar lo que le parezca más oportuno. Entrar a juzgar las intenciones del voto es una actitud que refleja un talante poco democrático.

 

Lo que corresponde al político es tratar de entender las respuestas del electorado, no descalificarlas con juicios interesados de intenciones.